MUNDO

the new york times

Las llamadas de acoso empezaron poco después del amanecer. Kiran Kumar permaneció en cama y durante horas pensó en cómo iba a terminar con su vida de rehén. El vendedor de cemento había pedido prestados alrededor de US$ 40 a un prestamista a través de una app para complementar su salario de US$ 200 al mes. Pero no pudo pagar las crecientes tarifas e intereses, por lo que pidió prestado a otros. Esa mañana, Kumar debía unos US$ 4.000.

Peor aún, los prestamistas tenían los números de teléfono de las personas más cercanas a él y amenazaban con hacer públicos sus problemas. «Si me etiquetan como un fraude delante de todos, mi amor propio se va, mi honor se va», dijo Kumar, de 28 años, en una entrevista. «¿Qué me queda?».

Las autoridades de la India están cada vez más preocupadas de que haya muchas más víctimas como Kumar. Creen que una nueva generación de prestamistas, cuya técnica se ha perfeccionado en China, se ha estado aprovechando de la clase trabajadora y la población rural que ha sido devastada por el impacto del coronavirus.

Estos prestamistas no exigen calificaciones crediticias ni visitas a un banco. Pero cobran altos costos durante un breve período. También requieren acceso al teléfono del solicitante, transfiriendo contactos, fotos, mensajes de texto e incluso el porcentaje de batería.

Luego bombardean al cliente y sus círculos sociales con súplicas, amenazas y, a veces, documentos legales falsos que amenazan con consecuencias nefastas por la falta de pago. En comunidades conservadoras y muy unidas, tal pérdida de honor puede ser devastadora.

Solo una investigación policial en la ciudad de Hyderabad, India, mapeó alrededor de 14 millones de transacciones en todo el país por un valor de US$ 3.000 millones durante seis meses. El banco central de India y las autoridades nacionales están investigando ahora. «Se nos está volviendo difícil contar los ceros», dijo Avinash Mohanty, comisionado adjunto de policía en Hyderabad. La policía atribuye cinco suicidios en la ciudad a los prestamistas.

Cerca de 100 apps de préstamos se han eliminado de la plataforma de Google, según el gobierno indio. Un vocero de Google dijo que revisó cientos de ellas y eliminó las que violaban sus términos.

Las investigaciones están generando alarmas en India por la vulnerabilidad de una población de 1.300 millones que aún se está acostumbrando a los pagos digitales. Las transacciones en línea en India superarán los US$ 3 billones para 2025, según la consultora PwC. Otros hallazgos de fraude podrían impulsar al gobierno, que ya limitó los datos personales que pueden usar estas empresas, a controlar más la industria.

Muchas apps utilizan técnicas que florecieron en China hace dos años, antes de que las autoridades las cerraran y reaparecieran en otros lugares.

Las apps de préstamos surgieron cuando el gobierno decretó un duro confinamiento de dos meses hace un año para contener el virus, hundiendo a India en una profunda recesión. Millones se quedaron sin trabajo. Las formas tradicionales de préstamos, como los bancos y los microprestamistas, cerraron temporalmente.

Con nombres como Money Now, First Cash, Super Cash y Cool Cash, según documentos policiales, las aplicaciones iban y venían en la tienda de apps de Google en India, y algunas reaparecían con un ligero cambio de identidad. La mayoría se construyó con software estándar que hizo que su creación fuera tan fácil como iniciar un blog, dijo Srikanth Lakshmanan, uno de los coordinadores de Cashless Consumers, un colectivo de voluntarios tecnológicos que estudian las apps.

Con unos pocos toques en un teléfono y una selfie, cualquier persona podría obtener el dinero en efectivo necesario para una cita con el médico, reabastecer la cocina o pagar una cuota escolar de su hijo.

Y, para obtener dinero, los clientes tenían que entregar su información personal. Fue entonces cuando los centros de llamadas entraron en acción, según policías y analistas.

Primero, presionarían a los deudores para que devolvieran el capital, los intereses y las tarifas. Luego llamaban a amigos y familiares, a veces diciendo falsamente que la policía buscaba al deudor. Algunos crearon grupos de WhatsApp, agregaron miembros de la lista de contactos del cliente y luego bombardearon al grupo con acusaciones.

Algunos conducirían a deudores desesperados a otros servicios que prestan dinero, atrapándolos aún más.

Kumar, el vendedor de cemento, ahora forma parte de un grupo de defensa en línea. Cerca de 60 víctimas se han sumado a su canal de WhatsApp, donde idean respuestas a llamadas de acoso que continúan, o brindan apoyo.

Lo que salvó a Kumar aquella mañana en su cama fue una última llamada a un amigo que en unas horas lo ayudó a cobrar los US$ 400 que debió pagar ese día para aliviar parte del acoso.

«Si no fuera por mi amigo, estaba 90% seguro de que ese día me suicidaría», dijo Kumar. «Todavía recibo llamadas. Pero ahora les digo: ‘Hagan todo lo que puedan’. Ya no estoy preocupado. Me siento protegido».

Las denuncias de acoso presentadas a la policía de Hyderabad fueron desestimadas hasta que un informante se presentó y, a cambio de una recompensa de US$ 150, compartió dirección y detalles de un centro de llamadas donde un amigo cercano trabajaba como gestor de cobros. En entrevista con The New York Times, el gestor de cobros, un joven de 24 años que ganaba unos US$ 130 al mes, dijo que todos los días recibiría archivos electrónicos de unos 50 deudores. Incluían datos personales, copias de sus identificaciones civiles y listas de contactos.

Los trabajadores obtenían un bono semanal de unos US$ 7 si presionaban a las tres cuartas partes de los deudores para que devolvieran los préstamos, dijo el gestor de cobros, que pidió anonimato por temor a represalias. El bono se duplicaba para una tasa de éxito de cuatro quintos o más.

Los clientes a menudo pedían tiempo, dijo el gestor. Algunos decían que el acoso constante los llevaría a la muerte. El gestor, con sus ojos puestos en el bono, aun así proseguiría.

Hasta ahora, las investigaciones en Hyderabad han llevado a redadas en centros de llamadas en al menos cuatro ciudades indias; cada centro tenía entre 100 y 600 empleados.