LUCILA ARBOLEYA

Uno de los postulados más importantes detrás de una elección democrática, es la idea de que cada voto tiene la misma importancia sobre los resultados. Sin embargo, esto no siempre se cumple, y el financiamiento de campañas políticas es una variable clave para garantizar o atentar contra esto.

El financiamiento tiene dos dimensiones importantes: (i) el nivel de gasto y (ii) la fuente de los fondos. Muchos países limitan el gasto porque de lo contrario quienes tienen más recursos pueden terminar influyendo más sobre los resultados, particularmente importante en sociedades con alta desigualdad de ingresos.

El gasto en las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016 fue de US$ 6,800 millones, récord en la historia. Esto es más del 10% del PIB uruguayo, y equivale a un total de casi U$S 50 por voto(1) .

Además del alto costo, el financiamiento de campañas electorales en Estados Unidos es ilimitado. En 2010, la Suprema Corte hizo historia cuando falló a favor de la organización Citizens United, argumentando que la libertad de expresión (derecho constitucional) prohíbe al gobierno limitar el financiamiento de campañas políticas a través de organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas, y otros. Es decir, puso al mismo nivel el derecho a la libertad de expresión de un individuo con el de una organización.

Este caso también dio lugar a la llegada de los "Súper PACs", una fuente de financiación de candidatos que puede recibir donaciones sin límites. Los Súper PACs se definen como donaciones "externas", en contraste con las donaciones que van directamente a la campaña de un candidato o un partido.

La ausencia de límites al financiamiento de las campañas políticas en Estados Unidos es, posiblemente, la mayor amenaza a la democracia del país. Un estudio de dos politólogos de las universidades de Princeton y Northwestern, publicado en 2014, concluyó que en Estados Unidos las preferencias de las personas de mayores ingresos tienen mucho más peso en las decisiones de políticas que las preferencias de la mayoría, contrario a lo que dice el teorema del votante medio (de forma resumida: que el votante medio es quien define los resultados). De hecho, los autores dicen que la mayoría de los votantes tienen muy poca influencia sobre las políticas que toman los gobernantes (2).

En Uruguay el gasto total en las elecciones de 2014 fue de aproximadamente US$ 27 millones, un 0,4% del gasto total en EE.UU..

El gasto por voto también fue menor, de casi US$ 12 (un cuarto del de EE.UU.). Sin embargo, esta cifra parece alta cuando consideramos que: 1) Estados Unidos tiene un PIB per cápita casi cuatro veces mayor al de Uruguay, y 2) es el país que más gasta en campañas políticas (en términos absolutos).

¿Será entonces que tenemos que repensar el financiamiento de los partidos y campañas?

Por un lado, debemos mirar con más detalles el nivel del gasto. Según las declaraciones de los partidos y candidatos, en promedio el 80% del financiamiento de la campaña 2014 fue con fondos públicos. Incluso para los apáticos o desentendidos de la política: la mayor parte del financiamiento sale del bolsillo de los ciudadanos. La Ley 18.485 de 2009 establece el monto del subsidio por voto (en Unidades Indexadas, UI), en cada tipo de elección. Por ejemplo, el monto para la primera vuelta en la elección nacional es de 87 UI (aprox. $ 254 en las últimas elecciones) que se reparte 20% para la candidatura presidencial, 40% para los candidatos a senadores y 40% a los candidatos a diputados.

El subsidio público a las campañas electorales es un buen aspecto de nuestro sistema. Reduce incentivos a la búsqueda de aportes privados.

Pero no por eso se puede perder de vista el financiamiento privado. De hecho, en el último año han sido varios los candidatos (de prácticamente todos los partidos con representación) salpicados por acusaciones de falta de transparencia en el financiamiento de campañas.

En los últimos años, Uruguay legisló sobre el financiamiento con aportes privados, pero la regulación es incompleta, y la aplicación y penalización de la ley casi nula. Por ejemplo, según la ley "en ningún caso la suma de donaciones anónimas podrá exceder el 15% del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas anual". Sin embargo, según el informe "Financiamiento de campañas electorales en Uruguay" aproximadamente un 25% del financiamiento de la campaña 2014 provino de donaciones anónimas.

Las declaraciones tampoco son de fácil acceso, ni están estandarizadas. Están disponibles en la página web de la Corte Electoral, pero no siempre es fácil distinguir la fuente de los fondos ni comparar entre declaraciones de diferentes partidos.

Gran parte del problema radica en que la Corte Electoral, que recibe las declaraciones del financiamiento y debería investigar y sancionar si cumplen o no con la ley, no tiene los recursos ni la capacidad administrativa para hacerlo.

Esto debe cambiar. Los políticos tienen pocos incentivos a auto regularse, por eso es importante que el público lo reclame. Ya sea porque quiere que sus impuestos sean usados de forma más eficiente, o porque le preocupa el peso de los intereses privados. En cualquier caso, necesitamos más transparencia. Estamos lejos del caso norteamericano, pero tenemos que seguir haciendo todo para mantenernos así.

(1) Con datos extraídos del informe de Piñeiro, Rossel y Acuña (2016), "Financiamiento de campañas electorales en Uruguay".

(2) Gilens y Page (2014), "Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens," Perspectives on Politics, 12(3), 564-581.