El tema del escándalo de los ‘Papeles de Panamá’ se puede analizar desde varios puntos: 1) si estas sociedades esconden negocios o dinero hecho de forma ilegal, 2) cómo el protagonismo de Uruguay puede afectar la imagen internacional de nuestro país, 3) la publicación de información de fuente privada sin permiso alguno, y 4) qué refleja esta información sobre nuestro sistema impositivo. En esta nota me enfoco en el último punto porque creo que no ha tenido tanta atención y es un tema importante.

Admito que mi primer reacción al escándalo de los (ahora famosos) documentos de Panamá no fue de gran sorpresa ni indignación. Claro que desconocía la dimensión del asunto, pero no era secreto de Estado que hay gente en Uruguay y en el mundo que coloca su dinero en paraísos fiscales para pagar menos impuestos, o potencialmente porque esa sea la mejor opción para cierto tipo de negocios.

¿Crear sociedades en paraísos fiscales como Panamá es ilegal? No. Si bien este tipo de estructuras puede ser usada como instrumento para evadir impuestos o esconder dinero proveniente de actividades ilícitas (práctica que sí es delito), eludir impuestos vía una sociedad en paraísos fiscales no es una práctica ilegal. Es perfectamente legítimo en Uruguay. La lista de nombres de uruguayos incluidos en los documentos de la firma jurídica Mossack Fonseca no es sinónimo de delincuentes. Esta gente estaba en su derecho, porque así lo permite nuestra legislación.

Entonces, ¿debería terminar aquí la discusión? No. Que sea una práctica legal no implica que sea un tema cerrado.

La publicación de los papeles de Panamá deja en evidencia que tenemos un escenario tributario un tanto desigual. A quienes en Uruguay les corresponde pagar más impuestos son también aquellos que pueden cubrir los costos legales necesarios para lograr pagar menos impuestos. Es decir, aquellos con ingresos suficientes para que el costo transaccional del paraíso fiscal sea rentable.

¿Qué pasaría si todos los uruguayos tuvieran igualdad de accesos a abrir sociedades en paraísos fiscales? Más allá de los efectos que esto tendría sobre la recaudación impositiva nacional, ¿no sería más justo que la situación actual? Tal vez este es un escenario preferido por todos. Si así fuera, ¿No debería ser una situación que debemos decidir como sociedad? Es decir, hasta ahora el acceso a los paraísos fiscales (a la reducción de impuestos) es sólo para algunos.

Creo que lo importante no debería ser enfocarnos en señalar a empresas ni personas que, asumiendo un escenario de ausencia de evasión (lo ilegal), han creado sociedades en paraísos fiscales, sino repensar el sistema tributario en su conjunto. Después de todo, las empresas (o personas físicas) no piensan en maximizar las arcas del Estado, y no hay nada de malo en ello. La realidad que muestran los papeles de Panamá es que tenemos un país donde algunos logran pagar menos, se pierde recaudación fiscal, y se contribuye a la desigualdad.

Vale destacar que los empleados informales tampoco contribuyen (por definición) a aumentar los ingresos fiscales. Sin embargo, mientras que la informalidad margina a través de, por ejemplo, la ausencia de un seguro de salud o pensión, la elusión de quienes más tienen contribuye precisamente a reducir el monto a redistribuir y ensanchar la brecha entre unos y otros grupos. Mientras tanto, los del medio pagan todo como Dios manda.

Desconozco la respuesta a la pregunta empírica de cómo se compara la pérdida fiscal a causa del sector informal versus lo que pierde el fisco por elusión de impuestos, pero la existencia de la informalidad no es excusa para no atender este otro problema.

Es por el argumento que elaboro arriba por lo que tanta gente se ha indignado a través del mundo, en particular cuando hay políticos en el medio (caso del primer ministro de Islandia que terminó renunciando por tiempo indeterminado, o David Cameron en el Reino Unido que ha debido dar varias explicaciones por una cuenta offshore familiar).

A la gente le molesta, con razón, ver que mientras se habla de reducir la desigualdad y luchar por la igualdad de oportunidades, hay quienes pueden obtener beneficios adicionales, precisamente por tener más dinero (y más aún cuando estos son los líderes políticos). No es la ilegalidad lo que tanto molesta, sino las diferencias de acceso.

Coincido con lo que dijo Cameron la semana pasada sobre este asunto: "la aspiración y la creación de riqueza no son palabras sucias". No lo son. Pero yo aspiro a un país donde la creación de riqueza se queda y se distribuye internamente.

Por eso repito: el problema no se resuelve ni debería resolverse apuntando con el dedo de a uno (a personas que en su mayoría están amparadas legalmente), sino un cuestionamiento más general sobre si este es el tipo de sistema tributario que queremos promover. Si estamos felices con él, se termina esta discusión. Poner dinero o negocios en Panamá es legal. Si en cambio no estamos convencidos, entonces tal vez sería bueno ponernos a discutir también esta arista del asunto, y esta columna haya tenido sentido.

LUCILA ARBOLEYA