Paulo Mansur Levy

El nuevo gobierno en Brasil tuvo un comienzo turbulento. Una semana después de la toma de posesión del presidente Lula, simpatizantes del expresidente Bolsonaro -quien no admitió la derrota en las elecciones y viajó a Estados Unidos antes del traspaso del cargo- invadieron el palacio presidencial, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), destrozando propiedad pública bajo la mirada complaciente de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal (DF), donde se encuentra Brasilia.

Finalmente, se decretó la intervención federal en el DF, destituyéndose el gobernador. La mayoría de los participantes en las invasiones procedían de un campamento, instalado después de la derrota de Bolsonaro en las elecciones, ubicado frente al Cuartel General del Ejército (QG) en Brasilia (otros campamentos, aunque de menor escala, también fueron instalados en otras grandes ciudades del país). En esos campamentos, que reunieron a miles de personas, como en Brasilia, se predicaba la intervención de las Fuerzas Armadas, con el cierre del Congreso y del STF y la instauración de un régimen autoritario.

Luego de cierta resistencia por parte de los militares -que incluso terminó por conducir a la renuncia del Comandante del Ejército-, los participantes en actos de vandalismo, incluso en campamentos frente a unidades militares, comenzaron a ser detenidos y sometidos a procesos judiciales. . El intento de golpe, luego de las elecciones más reñidas desde la redemocratización en 1985, es solo una expresión más del grado de división que existe en el país. Sin embargo, el sentimiento dominante es el de preservar la democracia y las instituciones y respetar el resultado de las elecciones.

En lo económico, el nuevo gobierno oscila entre la retórica populista y las señales al mercado de que está preocupado por la situación fiscal sin, sin embargo, avanzar, por el momento, en medidas concretas para reducir el déficit primario, que debería superar el 2% del PIB este año. En concreto, sólo la reafirmación de la ideología PT/heterodoxa y su apuesta por el poder de las inversiones públicas y el financiamiento a través de la banca oficial para impulsar políticas dirigidas a sectores específicos para acelerar el crecimiento. El rechazo a las privatizaciones, incluida la interrupción de procesos ya iniciados, la incomprensión sobre el papel de los organismos reguladores y la resistencia a los avances en la liberalización comercial, también están entre los puntos reafirmados en declaraciones de participantes o partidarios del nuevo gobierno.

El propio presidente Lula declaró, en una entrevista reciente, su oposición a la actual autonomía legal del Banco Central, aprobada en 2021, y criticó el nivel actual de la tasa de interés, en 13,75% anual, que consideró demasiado alta, y la de la meta de inflación de 3,25% (± 1,5 puntos porcentuales – p.p.), que considera ajustada. Comparó esta situación con la de sus mandatos anteriores, donde, según él, tanto la inflación como las tasas de interés eran más bajas sin que el Banco Central gozara de autonomía legal. Adicionalmente, las críticas al énfasis de los mercados financieros en el equilibrio fiscal en detrimento de las políticas sociales han sido recurrentes en sus manifestaciones.

Había cierta expectativa de que este tercer gobierno de Lula, elegido con el apoyo de segmentos más vinculados a la centro-derecha que rechazaron la opción de Bolsonaro, se comportaría, desde el punto de vista económico, más parecido al de su primer gobierno, cuando mantuvo el marco macroeconómico del gobierno de Fernando Henrique, basado en el trípode austeridad fiscal – tipo de cambio flotante – metas de inflación. Incluso en ese momento, la retórica del presidente fue crítica –habló, entonces, de la “herencia maldita”–, pero las acciones concretas apuntaron hacia políticas destinadas a preservar el equilibrio macroeconómico y algunas reformas microeconómicas.

La situación ahora es diferente. El mundo es más hostil (pero ofrece nuevas oportunidades a países emergentes como Brasil) y el legado fiscal recibido del gobierno anterior es, de hecho, más complicado: los resultados primarios positivos del sector público consolidado en los últimos dos años reflejaron factores extraordinarios, entre ellos altos impuestos asociados con el precio favorable de las materias primas, ingresos por privatizaciones y concesiones y pagos anticipados de dividendos de empresas estatales. A medida que los gastos aumentaron de manera transparente, los déficits primarios tienden a regresar.

La presión sobre el presupuesto de 2023 es grande y fue por el reconocimiento de este hecho que en diciembre se aprobó una reforma constitucional para permitir un aumento del gasto público federal en alrededor de 1.5% del PIB, una expansión de alrededor de 10% en relación con la propuesta inicial enviada al Congreso. Como resultado, los gastos primarios nuevamente superaron el límite establecido por el tope de gasto. El gobierno, a través del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció que para abril se presentará una nueva regla fiscal en reemplazo de la regla del tope.

Las incertidumbres relacionadas con la postura del gobierno en relación al tema fiscal y el marco regulatorio de la economía mantienen las tasas de interés bajo presión: actualmente las tasas de interés nominales y reales de largo plazo (10 años) son 0,8 y 0,6 p.p. más alto que antes de las elecciones, en 12,8% y 6,3% anual, respectivamente, incluso frente a la disminución de las expectativas de inflación. Estas tasas ciertamente afectarán el crecimiento en el corto plazo, que ya se está desacelerando y presionado por los altos niveles de endeudamiento y la morosidad de los hogares, lo que alimenta las expectativas sobre la reacción del gobierno.

El principal mecanismo para recuperar la confianza y permitir la reducción de las tasas de interés de mercado, es la apuesta por una regla fiscal efectiva para encauzar la deuda pública por una senda sostenible. Adicionalmente, la moderación en el uso de instrumentos discrecionales para la dirección de los recursos públicos, ya sea a través del presupuesto o de los bancos oficiales, también contribuiría a mejorar las expectativas. Finalmente, destacamos la prioridad otorgada por el Ministro de Hacienda a la aprobación de una reforma tributaria que involucre, en un primer momento, los impuestos indirectos, lo que podría tener un impacto significativo en términos de crecimiento a mediano y largo plazo.