La indefinida política automotriz

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SERGIO ABREU

Hace pocos meses votamos negativamente en el Senado una prórroga de cuatro años a la prohibición de importar vehículos usados. En esa oportunidad, pedimos que el Poder Ejecutivo definiera su política automotriz y la planteara en el seno de la Comisión de Industria del Senado.

Lo anterior se basa en la necesidad de analizar la estructura del sector en el Uruguay que se identifica con dos grandes segmentos, el armado de vehículos y la producción de autopartes, esta última tanto en el armado de conjuntos y subconjuntos como en la producción de partes y piezas.

Si bien la delimitación del sector automotriz no es fácil, es claro que en el país no se fabrican vehículos, sino que se arman kits que se importan total (CKD) o parcialmente (SKD) desarmados.

Esta es una limitación importante para la incorporación de autopartes, fundamentalmente porque a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países que promueven el sector automotriz, en Uruguay no existen exigencias de integración nacional.

La situación se repite en la producción de la mayor parte de conjuntos y subconjuntos, que constituye un circuito casi cerrado de importación de partes desde Argentina y Brasil.

De allí que una característica de buena parte del sector sea el escaso valor agregado, especialmente en el armado de vehículos, conjuntos y subconjuntos, dependiente de importaciones de kits, partes y piezas, aunque debe resaltarse que es una de las principales fuentes de demanda de mano de obra calificada.

En consecuencia, la importancia económica del sector automotriz depende de las exportaciones; y si bien, Uruguay podría participar en un mercado automotriz integrado del Mercosur, enfrenta fuertes limitaciones en la radicación de las inversiones ya que esa decisión depende de la ubicación de la demanda. De forma tal, que lo que se puede producir en Uruguay, sean vehículos o autopartes, se limita a los cupos establecidos en los Acuerdos con Argentina, Brasil y México, este último muy condicionado por los costos de transporte.

Recién en el año 2011, las exportaciones se acercan a los cupos establecidos, por el armado de vehículos de marcas no instaladas en Argentina y Brasil, mayormente chinas, que ven en Uruguay una puerta de entrada al mercado brasileño. De hecho, al menos dos de los productores chinos ya se están instalando en Brasil.

Por otro lado, la producción tanto de vehículos como de autopartes está concentrada en unas pocas firmas transnacionales vinculadas a filiales o marcas instaladas en Argentina y Brasil, y las inversiones recientes siguen esa tendencia. Las Pymes nacionales del sector, que tuvieron un papel marginal en su crecimiento, no encuentran en la diversidad de instrumentos promocionales, una respuesta adecuada para competir en el mercado automotriz primario por lo que quedan relegadas a funcionar en el mercado de reposición.

SUSTENTABILIDAD. No es momento de plantearse si en Uruguay debería o no haber una industria automotriz. Lo cierto es que ésta existe y que contribuye significativamente al PIB industrial y al empleo.

Sin embargo, las preocupaciones deben apuntar a la sustentabilidad de su crecimiento y a mejorar la participación de las Pymes nacionales del sector.

Es por todos reconocido que la sustentabilidad de las empresas depende de su competitividad, de las condiciones de acceso a los mercados y de la actualización tecnológica; por lo que su viabilidad se vincula a la decisión de las empresas en qué producir y dónde.

En Uruguay la orientación del gobierno juega un papel importante a través de la gestión macroeconómica, la negociación para acceder y preservar el acceso a los mercados y los incentivos a la inversión y la incorporación de conocimiento en la producción y comercialización de bienes y servicios.

Por tales razones hay cuatro factores de riesgo que deben neutralizarse para darle sustentabilidad al sector:

V En primer lugar, el deterioro del ambiente de negocios, ya sea por temas de costos, tributación, acceso a mercados o incentivos que desestimulan la inversión de las empresas transnacionales.

V En segundo lugar, la elevada conflictividad laboral que incide en la productividad de las empresas, distorsiona la producción y afecta el cumplimiento de los compromisos comerciales. Las situaciones que se han dado en el corriente año ponen en peligro el mantenimiento e incremento de la actividad del sector y, debe advertirse que, de persistir en los niveles que se han planteado pondrá en juego importantes fuentes laborales.

V En tercer lugar, la concentración de las exportaciones en Argentina y Brasil y las tendencias proteccionistas que fragilizan la seguridad en el cumplimiento de los compromisos no plantean alternativas hacia terceros mercados.

V En cuarto lugar, la insuficiencia de los incentivos puede afectar la permanencia de las inversiones transnacionales y el crecimiento de las empresas nacionales del sector; ya que éste goza en los países en desarrollo de beneficios adicionales por su contribución al empleo de calidad.

Por eso, la fortaleza del sector automotriz depende de la orientación y la efectividad de las políticas públicas; de manera que, cuando nos oponemos a prórrogas de prohibiciones de importación de vehículos usados, no debidamente fundadas, lo que estamos reclamando es la debida transparencia en la identificación de los principales elementos que respaldan una determinada política sectorial.

Conclusiones. Sin perjuicio de profundizar en una próxima nota sobre el contenido de una política automotriz, debemos tener en claro:

Que el sector automotriz tiene y requiere un tratamiento diferenciado, por sus características, sus antecedentes nacionales y la regulación de su comercio entre los socios del Mercosur por acuerdos bilaterales con reglas específicas.

V Que en uno de los momentos de mayor crecimiento e inversión del sector, la industria se enfrenta a la aplicación de restricciones comerciales de Argentina y Brasil que ponen en duda la certeza sobre las reglas de juego aplicables en la región.

V Que la consolidación de su desarrollo requiere una acción coordinada del gobierno, los empresarios y trabajadores orientada a preservar la competitividad, neutralizar los efectos de la conflictividad laboral sobre la producción, asegurar las condiciones de acceso a los mercados de Argentina y Brasil y aplicar un sistema de incentivos en sintonía con la política macroeconómica.