El despertar de un año con realidades desafiantes

El mundo industrializado parece haber entrado en una senda de desinflación sin recesión, después de un periodo récord de suba de precios provocado por una expansión monetaria extraordinaria, consecuencia de la pandemia global y un conflicto bélico que aumentó el precio de la energía y los alimentos.

Se consideraba que la acción contractiva tardía de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo para revertirla culminaron con el clásico resultado de la contracción económica y aumento del desempleo. Los hechos están desmintiéndolo: en Estados Unidos, la inflación converge desde el 7% al 2% anual con baja desocupación (4%), algo que nunca pasó antes y del cual no hay precedentes en el mundo industrializado. Europa se encuentra con una trayectoria similar, aunque menos drástica, lo cual introduciría un nuevo paradigma que aún no tiene explicación cabal. Se estaría mostrando que no tan solo la cantidad de dinero aparece como factor explicativo, sino que el rol de la autoridad monetaria actuando sobre las expectativas estaría mostrando su poder como moderador de las presiones inflacionarias.

Como aún no sabemos si estamos ante un fenómeno permanente, son prematuras las conclusiones finales de si no habrá un rebrote inflacionario y, por tanto, cambios en los anuncios de bajas de tasas de interés.

En paralelo, el devenir de la situación en Argentina es otro gran hecho relevante por razones diversas. Lo primero es constatar el daño que generan políticas erróneas sobre el bienestar social (la pobreza del 40% lo resume todo) y las dificultades que acarrea modificarlas. Corregir las distorsiones en precios relativos de rubros básicos como la energía, el transporte, y subsidios cruzados, tiene efectos colaterales instantáneos sobre el nivel de precios que derivan en un hecho político. La medicina, inevitable, tiene efectos adversos asociados, que demoran en aceptarse, pues se percibirá como una pérdida de bienestar, cuando en realidad se trata de un juego de suma cero que al final tendrá resultado positivo, pues su consumo se ajustará a su verdadero costo. El tema es que los pobres son quienes no tienen capacidad para enfrentar esa transición, imponiéndoles una carga adicional y un desafío a las autoridades. A esto se llegó acumulando distorsiones, fruto de un modelo de crecimiento equivocado que degeneró en populismo desembozado, usando como bandera la defensa de los pobres. América Latina en varias oportunidades y Argentina ahora, muestran el fracaso de este tipo de modelos que además de no generar crecimiento ni disminuir la pobreza, promueven una cultura social de “buscadores de rentas” que naturalizan la corrupción y la prebenda como forma de normalidad.

Se trata de un hecho que se permea hacia toda la sociedad, instalando una actitud permisiva ante esas conductas que se filtra en el cerno de su institucionalidad.

La administración Milei, además de encarar un desafío macroeconómico de magnitud, intenta a través de un paquete de reformas adelantar un cambio cultural que la sociedad convalidó en las urnas, pero que corre con el desafío de la ansiedad del electorado por la premura de resultados concretos. Lo que es seguro, que cualquiera fuera el resultado, sus consecuencias serán de envergadura. Ante un fracaso, la pregunta es cuál será la alternativa y su desarrollo político posterior. Y si se produce el éxito esperado, estaremos ante a un hito histórico, dado la envergadura de los desafíos.

Ante la magnitud de estos acontecimientos, nuestro año electoral aparece felizmente como un hecho normal, reiterado y con una agenda de propuestas desde las distintas opciones políticas, con parámetros bien marcados y poco dispersos entre sí, por encima de las anécdotas que mostrará la contienda. Uruguay muestra, así, una sociedad democrática que opera con reglas preestablecidas, y defendidas a ultranza por todos. Las propuestas de política económica giran todas sobre preceptos convalidados desde hace décadas, donde la operativa de los mercados sin distorsiones es su eje principal, acompañado de políticas de contención social, donde la educación cumple un rol central como palanca de igualación social y motor del crecimiento.

Considerar a la inflación como un impuesto regresivo y la disciplina fiscal como el medio para evitarla es un valor entendido por todos, a pesar que se juega al límite en cuanto a lograr un cierre fiscal más estricto para blindarnos mejor ante situaciones adversas.

En realidad, la administración que cierra su periplo tuvo medio periodo hábil para introducir reformas, dado que la otra mitad la dedicó casi exclusivamente a manejar los estragos de la pandemia, un lapso importante de sequía y el viento en contra originado por el deterioro de la situación de Argentina. Sin embargo logró que se aprobara, la reforma de la seguridad social, comenzar la reforma educativa, ejecutar un programa de obra pública extraordinario, indicadores de empleo mejores a los recibidos y recuperación salarial.

Reconocerlo no es complacencia, sino constatar el punto de partida para la próxima administración, donde la agenda de reformas microeconómicas deberá ser una de las asignaturas pendientes impostergables. Los marcos regulatorios vigentes esconden ineficiencias y rentas ocultas que erosionan los aumentos de productividad y por tanto de crecimiento.

Esperemos que este sea un capítulo importante del gran debate electoral que se avecina. La complejidad del año que comienza no deja margen para demoras y equívocos.