El Colchón de Capital Contracíclico (CCC) de Basilea III en Uruguay

José Antonio Licandro

Uno de los principales aportes que hacen los bancos al sistema económico es la intermediación financiera. Ésta consiste en captar recursos líquidos de personas y empresas que tienen saldos excedentes entre sus ingresos y gastos (brindándoles instrumentos de ahorro llamados depósitos), y canalizar buena parte de ellos a las empresas y personas que están en la situación inversa (brindándoles créditos). Esto es beneficioso para la sociedad, porque los bancos logran captar los recursos de infinidad de personas y prestarlos a quienes los necesitan en montos y plazos que no coinciden a nivel individual y que, sin su existencia, no se canalizarían.

Pero todo este proceso reposa sobre una premisa fundamental: que los depositantes confían en que el banco les devolverá su dinero el día que lo necesiten. Dicha confianza tiene un componente relevante que es subjetivo, porque en realidad las personas y empresas no tienen la capacidad de verificar que los bancos están dando créditos de buena calidad (recuperables). Asimismo, ese desconocimiento eventualmente da lugar a comportamientos imprudentes de los bancos (conocido en la jerga como moral Hazard) que, por tratar de ganar más dando créditos caros, pueden poner en riesgo el dinero que no es de ellos.

Por esta razón, los sistemas bancarios tienen implícito un riesgo que puede dar lugar a crisis de enorme magnitud, cuando los créditos recuperables no alcanzan para atender los compromisos con sus depositantes. La historia del mundo y la de Uruguay también está repleta de ejemplos de estas crisis y sus efectos devastadores sobre la economía, ya que los créditos incobrables generan pérdidas ingentes a los depositantes que ven desvanecerse sus ahorros. Asimismo, como muchos de esos recursos alimentan el sistema de pagos, las pérdidas se diseminan por toda la cadena de pagos afectando al resto de la economía. Por si fuera poco, durante una crisis de este tipo es muy difícil discriminar entre bancos buenos y malos, lo que da lugar a las conocidas “corridas bancarias” y la consiguiente desaparición del crédito a empresas y personas que lo necesitaban para seguir normalmente con sus actividades.

Estas crisis recurrentes y dañinas son las que explican que estos mercados sean de los más regulados del mundo y las que dieron lugar a lo que hoy conocemos como los acuerdos de Basilea, en referencia a la ciudad suiza donde está enclavado el Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés) que, entre otras cosas, reúne a los reguladores financieros del planeta para discutir y acordar cuáles son las buenas prácticas regulatorias que mitigan lo mejor posible la ocurrencia de estas verdaderas catástrofes económicas.

Y así nace uno de los pilares de esas buenas prácticas, que está concentrado en los requisitos de capital mínimo que deben tener los bancos para permitirles funcionar. La idea del requisito de capital es muy relevante para mitigar el moral hazard, ya que ese capital pasa a ser el primer colchón de las potenciales pérdidas. Por lo tanto, lo induce a ser cuidadoso con los créditos que concede ya que él será —antes que los depositantes— el que asuma las pérdidas por créditos incobrables o de dudosa cobrabilidad.

Básicamente, el requisito de capital mínimo se calcula sobre el total de activos en el que invierte el banco, pero ponderados por el riesgo implícito de los distintos tipos de activos. La regulación que rige el cálculo de los activos ajustados a riesgo es compleja y siempre está en revisión por parte de los reguladores, lo que refleja esa complejidad y la preocupación constante de los reguladores por este tema.

Sin embargo, las crisis —-aunque más esporádicas— han seguido ocurriendo. La última gran crisis financiera que tuvo dimensiones globales fue la que experimentó el mundo desarrollado en 2008. Y nuevamente los reguladores reunidos en el BIS crearon nuevas regulaciones, que dieron en llamarse Basilea III.

Entre estas nuevas se incluyó el Colchón de Capital Contracíclico (CCC). Éste es un requisito adicional al de capital mínimo y responde a la verificación del siguiente hecho estilizado: buena parte de los malos créditos se conceden durante los períodos de aceleración de la actividad económica. Durante esas bonanzas es más difícil distinguir empresas que luego tendrán dificultades cuando la economía no esté tan bien, dado que la bonanza esconde, de algún modo, problemas idiosincrásicos. Asimismo, la bonanza en sí genera cierto optimismo sobre el devenir de los negocios que impulsa a las propias empresas a tomar créditos, eventualmente por encima de lo que deberían.

Varios estudios han concluido que una vez que se acelera la economía por encima de su crecimiento de largo plazo, esa dinámica se traslada a los créditos bancarios, generando un plus de malos créditos que solo serán evidentes una vez que cambia el ciclo económico.

Dada esta realidad, Basilea III recomienda a los reguladores introducir este requisito adicional denominado CCC, sugiriendo que se acumule durante los períodos de auge hasta por un máximo de 2,5% de los activos ajustados a riesgo. Este refuerzo de capital podrá ser utilizado en la parte baja del ciclo para absorber pérdidas que no fueron previstas, cuestión de proteger el capital mínimo regulatorio en dichas fases en beneficio de la solvencia de cada banco y, por añadidura, de la estabilidad del sistema. Adicionalmente, recomienda que los reguladores dispongan de un margen de discrecionalidad tomando en consideración diferentes variables que ayudan a tomar las decisiones en momentos oportunos, tanto para la acumulación del colchón como para su desacumulación.

La implementación en Uruguay

El CCC fue incorporado a la regulación en junio de 2020 como parte del Plan Estratégico de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) que implementaba todas las regulaciones de Basilea III[i].

Para el caso de, Uruguay se realizaron estudios previos que dieron lugar a la Nota metodológica para la implementación del colchón de capital contracíclico[ii] publicada en diciembre del mismo año. Esta metodología implica que el uso de esta herramienta se hace con base en el principio de “discreción guiada”. La parte “guía” viene dada por una metodología desarrollada para este fin que es conocida y que determina los períodos en los cuales es recomendable acumular el colchón, así como aquéllos en los que es recomendable su uso. La parte “discrecional” incorpora un conjunto de indicadores que dan lugar a la justificación más subjetiva que dispone la SSF para determinar el quantum de acumulación/desacumulación del colchón y su distribución temporal dentro de los períodos.

La discreción guiada implica pues, un compromiso objetivable por parte de la SSF de cuándo hay que acumular/desacumular el colchón, dejando a la discreción limitada a lo que se señaló antes en cuanto al timing y quantum dentro de los márgenes establecidos por los períodos objetivables del ciclo.

Es bueno destacar que esta discreción guiada no solo es recomendable en términos generales al dar previsibilidad al CCC, sino que también es buena para el caso de Uruguay porque ayuda a mitigar la falta de autonomía del supervisor financiero. Esta debilidad institucional ha sido remarcada en las evaluaciones internacionales a las que la SSF se ha sometido en el pasado[iii], tanto en 2006 como en 2012 y seguramente será reiterada cuando se hagan públicos los informes de evaluación que se hicieron en 2022. Al igual que con la Política Monetaria, la Regulación Financiera y la Supervisión pueden ser débiles si no tienen autonomía porque las autoridades políticas de turno son proclives a la “indulgencia regulatoria” por razones electorales.

La metodología de la parte guía se basa en un estudio pormenorizado del ciclo de la actividad económica que precede al del crédito, y trabaja sobre lo que se conoce como el “reloj del ciclo” al comparar el PIB con su valor potencial, identificando cuatro fases: a) caída (período en el cual el PIB se retrae pero aún está por encima del potencial; b) recesión (continúa la caída del PIB pero ahora por debajo de su potencial; c) recuperación (período de crecimiento del PIB pero aún por debajo del potencial) y d) expansión (período en el que el PIB continúa creciendo y se encuentra por encima de su potencial).

Los malos créditos asociados al reloj del ciclo se otorgan usualmente en la segunda mitad de la fase de recuperación y durante la fase de expansión señaladas. Por lo tanto, ese es el momento oportuno para acumular el CCC. Después ya sería tarde e inapropiado. Y llegada la fase de recesión —inexorable— los bancos no tendrían colchón de capital alguno, poniendo en riesgo su solvencia aunque cumplieren con el requisito de capital mínimo de manera previa.

Para complementar el análisis, se incorpora un indicador de expectativas empresariales acerca de las ventas futuras, tratando de captar sentimientos optimistas/pesimistas que pueden reforzar/debilitar el ciclo del crédito. Presentado de manera conjunta da lugar al “reloj del ciclo aumentado” para Uruguay, que también se presenta en la metodología antes mencionada.

El reloj del ciclo aumentado se calcula semestralmente con datos actualizados del PIB y de las expectativas empresariales y se publica por la SSF junto con el análisis cualitativo y la decisión del quantum de acumulación. Los últimos dos informes (de junio y diciembre de este año) muestran que la economía ya se encuentra en fase de recuperación, con expectativas optimistas respecto de las ventas futuras. Con el agregado de otros indicadores que fortalecen esa visión por parte de la SSF, se estableció en junio por primera vez la obligación de acumular 0,25% y en diciembre se aumentó a 0,50%.

Si bien la obligación rige un año después de la comunicación respectiva, es bueno que los uruguayos sepamos hoy que los bancos están reforzando su capital por encima del mínimo regulatorio y que eso redundará en una mayor fortaleza para su solvencia el día que las papas quemen.

[i] Circular 2350/2020: https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2350.pdf
[ii] https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco20266.pdf
[iii] conocidos como evaluaciones FSAP por su sigla en inglés y que realizan conjuntamente equipos técnicos del FMI y el Banco Mundial.