OPINIÓN

Walter vendía chorizos caseros en su almacén a la vuelta de mi casa. Las rondas del control bromatológico municipal, aunque arriesgadas para él, eran la representación institucional de que la sociedad había reconocido que, en una comunidad integrada, el incumplimiento de ciertos estándares en la producción, distribución y consumo de alimentos, puede ser extremadamente costoso para quienes lo consumen.

En otros casos, la falta de controles puede afectar negativamente aún a quienes no participaron ni en la producción ni en el consumo de esos —u otros— bienes y servicios. Los economistas se refieren a ese fenómeno como una “externalidad negativa”. Como casi todo en economía, la idea es simple: si no tomo en cuenta cómo las acciones que me benefician pueden perjudicar a los demás, lo haré más de lo debido. Una de las soluciones también es simple: vía impuestos, lograr que quienes realizan esas transacciones internalicen dichos efectos. Si los efectos negativos son muy altos, la prohibición es la política más adecuada.

A veces sucede que una actividad pueda en teoría generar esos daños colaterales, pero el aislamiento desde donde se la realiza, puede generar que sea el equivalente a una protección, ya que, de facto, no existen espectadores inocentes. Otras veces, la integración de esa actividad con la comunidad es tal, que ese muro de contención invisible no existe y, en esos casos, la regulación es necesaria.

Los beneficios de que un país se integre al mundo han sido más que cuantificados y ya no se discuten siquiera por sectores que solían tener firmes posiciones ideológicas al respecto. Los costos, cuando se evalúan, se tienden a enfocar en aspectos económicos. Dada la situación que estamos viviendo, quizá ahora sea lamentable que nos hayamos abstraído de cuantificar las potenciales externalidades negativas derivadas de las costumbres de un país, cuando éste se vuelve fuente y destino de millones de seres humanos, que provienen y se dispersan desde y hacia todas partes del orbe.

Las posibles consecuencias de la existencia de los “mercados húmedos” en China, ya se habían puesto de manifiesto desde hace más de una década. En el 2007, un artículo publicado en una revista arbitrada decía: “La presencia de un gran depósito de virus, similares al SARS-CoV en murciélagos de herradura, en conjunto con una columna de consumir animales exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo.” (1) En los hechos, esto fue ignorado tanto por el gobierno chino como por la OMS. Los resultados están a la vista.

La caída del bienestar ocasionada por la actual epidemia solamente puede ser comparada con una guerra. La falta de destrucciones edilicias y de imágenes de violencia explícita, quizá nos distraiga de lo cercana que son las semejanzas. Familias separadas, cientos de miles de muertes —muchas de ellas en aislamiento—, abuelas que pasan sus últimos días en soledad con sus familiares contando los días hasta la próxima visita autorizada, parejas destruidas por la distancia, niñas y jóvenes con mermadas posibilidades futuras, millones de personas condenadas a volver a la pobreza —por un tiempo indeterminado—, familias hundidas por pérdidas económicas, niños que crecerán con traumas generados por los efectos colaterales del episodio (por ejemplo, el aislamiento y encierro). Una guerra, pero en la cual todas las víctimas fueron inocentes.

Pero no todos han sido inocentes en cuanto a sus responsabilidades. En el proceso de integración devenido desde mediados de los años ´80, el énfasis de los organismos supranacionales fue puesto en la integración comercial, en el intercambio de bienes, servicios y seres humanos, y ha desatendido —por no decir ignorado— que determinadas normas sanitarias, justificadamente impuestas a un comercio barrial, debieran de ser requisitos indispensables para aquellas naciones que pretendan beneficiarse de la integración.

Los organismos internacionales, si bien responsables, difícilmente lo sean más que el gobierno chino. Éste último tenía la posibilidad de tomar medidas directas, sin necesidad de un engorroso proceso de ejecución de sanciones que, cuando existen, muchas veces suelen ser ineficaces. Lo sucedido desde febrero ha desnudado también otros problemas. En particular, ha dejado en manifiesto cómo el actual equilibrio geopolítico beneficia a Beijing.

El silencio de Europa y de muchos otros países ha sido tan lamentable como los reclamos, —justificadamente confundidos con xenofobia— provenientes de Estados Unidos. Eso no ha ayudado a encauzar el debate sobre dos aspectos claves: a) futuras normas que limiten las externalidades de ciertos hábitos de consumo y b), penas económicas que sirvan como resarcimiento y/o como un claro desincentivo a que, en el futuro, ignorar riesgos y dificultar el acceso a información que pueda ser valiosa, tendrá costos económicos para los países responsables (como ejemplo, no olvidemos que el Presidente Xi tardó casi una semana antes de alertar al público de la amenaza potencial de la epidemia).

Es bien sabido cómo el gobierno chino ha recurrido a sus lazos comerciales con el fin de silenciar criticas; lo sucedido con Australia a comienzos de junio es un ejemplo. La importancia relativa de China en las balanzas comerciales de muchas naciones, hace que las críticas aisladas sean demasiado costosas y con casi nulos beneficios. Un equilibrio que, al hacer endebles políticas soberanas descoordinadas, fortalece a Beijing frente a posibles sanciones y, quizás más importante, controles sanitarios con miras al futuro.

No es la primera vez que una situación semejante sucede en un régimen comunista y el gobierno chino ha seguido previos ejemplos. También ha incrementado el costo de críticas unilaterales vía su inversión extranjera directa. Además, mediante una política agresiva de contratación de investigadores que no se encontraban en países que cuentan con una academia tan desarrollada como la de Estados Unidos o Europa, ha logrado adeptos. Esas voces, con relativas cualificaciones y activas en las redes sociales y/o medios de prensa suelen, con curiosa frecuencia, justificar o matizar los errores y responsabilidades de Beijing en la situación actual.

Los argumentos se pueden resumir en que no tenemos información suficiente sobre lo que sucede en dicha república popular. El problema con ese argumento no es la falta de originalidad, sino que ignora que la falta de fluidez con que la que un país permite que se divulguen datos al mundo, ya es una importante señal.

Pero, como suele suceder, las responsabilidades no solamente son de los otros. Economistas y analistas, inquietos con las consecuencias económicas derivadas de decisiones de empresas con excesivo poder de mercado, justificamos la existencia de organismos reguladores con el fin de limitar esos abusos. De la misma forma, sectores preocupados por cómo la concentración individual de riqueza puede influir en las decisiones políticas, intentan reducir el grado de influencia de esos grupos de poder. No obstante, el paralelismo de esas situaciones y un país que, con su poder económico y de mercado, no permite que se le limite su influencia y se condenen y castiguen sus responsabilidades, pareciera difícil de ver.

Ignorar la presencia de externalidades negativas, excesivo poder de ciertos jugadores claves y fallas de coordinación, en este caso no fue mala economía, ha sido una irresponsabilidad geopolítica que nos está costando por demás caro.

Esta pandemia nos dejará muchas enseñanzas. Espero que una sea que el énfasis de aspectos económicos, financieros y sociales en la integración económica, debiera incorporar la importancia de estandarización de normas sanitarias que, necesariamente, limitaran algunas libertades. Por el momento, la pandemia también nos deja preguntas. ¿Revisaremos el rol de determinados organismos multilaterales? Organismos que existen para reducir las fallas de coordinación y de alguna forma “equilibrar la balanza”, y que hasta el momento han mirado hacia el costado cuando existen razonables pero dispersos reclamos, ¿se enfrentarán a Beijing, y encauzarán esas críticas?

James Bond se lamentó que no pudo inferir el significado de un comportamiento de Grant. El gobierno chino y la comunidad internacional no necesitaban inferencia. Desde hace más de una década habían recibido las debidas alertas, pero omitieron tomar las precauciones necesarias. ¿Explicitaremos las responsabilidades? ¿Habrá —o al menos se considerarán— sanciones y/o resarcimientos?

Más allá de esas cuestiones, en algún momento nos tendremos que enfrentar al hecho de que determinados hábitos de consumo, si bien entendibles en un mundo aislado, no deberían de tener cabida en un mundo que, desde el punto de vista del tránsito de individuos, cada vez se asemeja más a un barrio. Limitar y restringir costumbres que ponen en riesgo a poblaciones que no comparten esas tradiciones, no implica intolerancia cultural, es tan solo sentido común. Aunque el sentido común, como el 117, suele llegar tarde.