Control gremial de los precios

JULIO PREVE FOLLE

Con una sorpresa que se parece cada vez más a la desazón, he tomado contacto con una propuesta de un corte corporativista tal, que a uno le hace pensar que vamos perdiendo valores democráticos largamente asentados que se van sustituyendo casi sin percibirlo por otros, más propios de los países del socialismo real o de la Italia de Mussolini. Esta semana un diputado socialista ha planteado la necesidad de un control social, corporativo, de los precios que, según sostiene, al rebajarse el IVA o el Cofis, deberán disminuir. Propone que el Pit-Cnt y otras organizaciones sociales se instalen en los barrios a controlar el supuesto descenso de los precios, "ayudando" de esta forma a la DGI en el control. Esta propuesta, que en detalle puede recogerse en el sitio web de radio El Espectador, el diputado la llama de "control ciudadano"; a mí en cambio me hace acordar a la película "La Vida de los Otros".

CONFUSIÓN SOBRE PRECIOS. Pero más allá del tema policíaco me quiero detener en el supuesto equivocado que lo sustenta: que si el IVA baja, el precio debe bajar, y que si no lo hace es porque alguien está haciendo algo malo. En realidad los precios no se forman según los impuestos que los gravan, y tampoco hay absolutamente nada de malo en que cada empresario, comerciante o trabajador, quiera obtener el mejor precio por su producto, su salario o su renta. Vayamos a los precios. Estos se forman según la oferta y la demanda, quiera o no quiera el diputado. Esto quiere decir que nada asegura que una rebaja en los tributos pase al consumidor. Si se trata de un bien de demanda relativamente inelástica respecto del precio, es muy probable que esa ventaja quede legítimamente en el vendedor, dependiendo a la vez de cuál sea el nivel de competencia entre oferentes.

De modo análogo ocurre cuando se incrementa la tasa del IVA; aunque en la boleta diga lo que diga, depende de las estructuras de mercado quién es el que finalmente lo paga. Si se puede trasladar al consumidor lo pagará éste. De lo contrario, si el vendedor imagina que al aumentar su precio caerán sus ventas, absorberá él mismo parte del impuesto diga lo que diga la boleta. En otras palabras, podrá decir la factura sobre el IVA lo que quiera la DGI, que el precio final va a recoger el resultado de una tensión positiva: la del oferente queriendo apropiarse de la rebaja de la reforma tributaria, y la del consumidor queriendo ganarla. En definitiva lo que diga la boleta poco tiene que ver con lo que realmente pase, y es la competencia entre vendedores y la conducta de los consumidores -comprar más o menos según el precio, sustituir consumos, etc.- la que determinará el resultado final.

En este contexto no me queda claro qué controlará la DGI como no sea si se vende con boleta. Porque respecto de quién se queda con el supuesto beneficio de la reforma la DGI no tiene nada que hacer. Es igual a lo que pasa con un aumento de salarios decretado por el gobierno. Los empresarios tratarán legítimamente de pasarlo adelante al consumidor. Y podrán hacerlo o no en función de mil otros factores. Puede advertirse fácilmente que lo que ocurra con los precios post reforma va a depender del tipo de productos de que se trate, y me temo que varios de la canasta básica puedan ser los que se reduzcan menos. ¿Por qué?

Porque la aplicación de la reforma va a coincidir con situaciones que pesan más sobre los precios que todos los costos incluidos los impuestos: por ejemplo el precio de exportación que en una economía libre marca el piso del precio doméstico. No tengo casi dudas que por el comportamiento de los mercados internacionales, los lácteos, la carne, el trigo, el arroz, van a acumular incrementos significativos en el segundo semestre del año, y que estos llegarán al precio al público, que deberá adecuarse como lo ha hecho siempre quizás a otras cantidades, quizás a otros productos, según los precios relativos.

CONFUSIÓN INSTITUCIONAL. Trasladar mecanismos de control de precios a la DGI, el Pit-Cnt o la Asociación de Jubilados, implica como señalé un desacierto económico; también una injusticia respecto de la legitimidad de cualquier ciudadano de vender lo que hace, produce o trabaja, al mejor precio posible. Pero es sobre todo contribuir a agrandar un modelo de sociedad policíaca en la que las intendencias, el BPS, la DGI, UTE, y ahora el Pit-Cnt o la Asociación de no se sabe lo qué, nos estarán mirando para generar un sentimiento de culpa donde no hay falta, o de simple inseguridad cuando no hay razones para tenerla. La sociedad tiene instituciones en las que ha delegado mecanismos de control, y mucho me temo que ha entregado ya demasiado, relegando privacidad e incluso admitiendo la inversión de la carga de la prueba. No es bueno vivir en una sociedad así. Y es peor todavía seguir incrementando las fuentes de control policíaco y delación a partir de corporaciones.

VERDADERAS SOLUCIONES. El auténtico control ciudadano es el que se expresa todos los días en las decisiones de compra y venta. Y lo es verdaderamente si los Estados, en lugar de montar mecanismos de delación y sospecha, de policía y persecución, de señalamiento de cuál es la ganancia permitida, se preocupan de la única manera de lograr un precio absolutamente justo. Esta es la que deriva de una intensa competencia, no solo la doméstica, ya que en el país es fácil que en muchos rubros pocos oferentes se pongan de acuerdo, sino también la externa, para evitar precisamente la colusión de los oferentes domésticos. Y en esta materia hay una serie muy numerosa de productos de consumo masivo y popular que, por disposiciones de política pública doméstica, se encuentran encarecidos respecto del precio que podría resultar de una mayor competencia interna o externa. Son ellos el azúcar, el pollo, el vino, las frutas y verduras -como por ejemplo las papas, cebollas, o zanahorias-, el aceite, la leche, los panificados, los pañales, el combustible, los automóviles nuevos o usados, los zapatos, parte de la ropa, la cerveza, las bebidas cola, los lentes, etc.. Es en estos productos en los que cabría a lo mejor una solución legislativa para habilitar el control ciudadano verdadero, que es el que deriva de la competencia abierta.

Señala el Ministro de Ganadería y lo comparto, que un Estado que no puede distribuir sus propias tierras no tiene autoridad moral para pensar en repartos ulteriores de la de otros. Del mismo modo cabría decirle al autor de la iniciativa que, habiendo tantos productos de consumo encarecidos por medidas de política que se pueden revertir, no se advierte legitimidad para ocuparse de un par de puntos de IVA o Cofis, y menos aún en productos de abundante competencia. Otro debería ser el destino de los esfuerzos. Quizás alentar a las instituciones de defensa del consumidor, no para que se ocupen si las balanzas de un kilo pesan 900 gramos, sino más bien de cuál es el precio que Doña Ramona y Don Fermín pagan en muchas de las políticas sectoriales.