OPINIÓN

Guillermo Alves (*)

Uruguay es un país con una población envejecida en una región que es aún joven. El 15% de los uruguayos tienen 65 o más años, una proporción muy cercana al 18% del promedio en Europa, aunque alejada del 8% en América Latina. Las proyecciones de población de las Naciones Unidas indican que, hacia mediados de este siglo, los mayores de 65 años serán el 22% de la población uruguaya y, hacia finales de siglo, el 32%.

El envejecimiento es fundamentalmente una buena noticia. Marca que los uruguayos están viviendo y vivirán vidas más largas y saludables. No obstante, el envejecimiento también supone desafíos para diseñar sistemas de protección social que tengan una cobertura amplia y sean fiscalmente sostenibles. Estos desafíos son abordados en el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF.

El informe se enfoca en los dos ámbitos de la protección social que adquieren mayor relevancia ante el envejecimiento: los sistemas de jubilaciones y los sistemas de salud y cuidados. Por definición, las jubilaciones y pensiones están dirigidas a los adultos mayores y, por tanto, el envejecimiento hace que su diseño sea relevante para una proporción creciente de la población. Esto tiene como contrapartida que las demandas de recursos económicos destinados a las jubilaciones aumentarán con el envejecimiento. En el caso de la salud y los cuidados, las necesidades de atención crecen enormemente cuando se alcanza la vejez. Esto implica que el gasto en salud tiende también a incrementarse con el envejecimiento. Datos administrativos de Chile y Colombia muestran que el gasto en salud a los 80 años es entre 3 y 4 veces mayor que el gasto a los 30 años para las mujeres y entre 6 y 8 veces mayor para los varones. Para el promedio de la región, el gasto público en salud y pensiones asciende ya a 8,4% del PIB y el Reporte estima que el envejecimiento llevará dicho gasto a casi 12% del PIB en 50 años.

Dos fenómenos vinculados a los mercados laborales suponen desafíos adicionales para el diseño de los sistemas de salud y pensiones. En primer lugar, la elevada informalidad estructural de la región deteriora la base de contribuyentes que financia dichos sistemas. Para el promedio de la región, dicho deterioro equivale al que generarían 40 años de envejecimiento. Si bien la informalidad se ha reducido en la región en las dos últimas décadas y Uruguay no es la excepción, actualmente 6 de cada 10 trabajadores latinoamericanos aún no realizan aportes a la seguridad social, proporción que asciende a 1 de cada 4 trabajadores en Uruguay.

En segundo lugar, el cambio tecnológico impacta en los mercados laborales y suma desafíos adicionales para el financiamiento de la protección social. Por un lado, la automatización creciente de la producción puede suponer un deterioro adicional de las trayectorias laborales de por sí inestables de los trabajadores latinoamericanos, especialmente entre aquellos que desarrollan tareas con mayor contenido rutinario. Por otro lado, la irrupción del empleo de plataformas (en comercio electrónico, transporte de pasajeros, delivery de comidas, entre otros ámbitos) supone tanto amenazas como oportunidades para el financiamiento de la protección social.

Estas nuevas formas de organización del trabajo pueden deteriorar la recaudación, en la medida que ganan peso frente a las formas de trabajo asalariadas, en la que se apoyan tradicionalmente los aportes a la seguridad social. La oportunidad del empleo de plataformas radica en que la centralización de un gran número de trabajadores bajo una estructura digital común disminuye los costos de fiscalización y recaudación de aportes. En efecto, datos de la Encuesta CAF 2019 muestran que, a igual categoría de ocupación, nivel educativo y edad, los trabajadores que desarrollan tareas para plataformas tienen una mayor probabilidad de realizar aportes a la seguridad social en comparación con quienes no realizan ese tipo de tareas. Estas amenazas y oportunidades que supone el trabajo de plataformas motivan una agenda de políticas públicas específicas para un fenómeno que ya es muy relevante: 1 de cada 10 trabajadores de las grandes ciudades de América Latina realizó alguna tarea a través de una plataforma en el mes anterior a la Encuesta CAF 2019.

Este contexto de envejecimiento y de desafíos en los mercados laborales ha motivado la discusión de revisiones y reformas en los sistemas de pensiones y salud de la región. Brasil introdujo una reforma de pensiones en 2019. En 2020, México y Perú se encuentran evaluando modificaciones a sus sistemas de pensiones. Uruguay está emprendiendo un camino similar con la reciente conformación de la comisión de expertos que trabajará en una propuesta de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. En el ámbito de la salud, la reforma de 2007 en Uruguay logró un sistema de salud más integrado que hoy afronta el desafío de mantener niveles de calidad en un contexto de gastos que se incrementarán con el envejecimiento. El próximo jueves 12 presentaremos, junto a un destacado panel de expertos y autoridades, las conclusiones del Reporte de Economía y Desarrollo 2020 de CAF sobre los principales desafíos que enfrentan los sistemas de jubilaciones y salud en Uruguay y algunas recomendaciones de política para afrontar esos desafíos.

(*) Economista Principal - Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF