El presupuesto es la presentación del gobierno acerca de cómo visualiza su relación con la sociedad. Como buen presupuesto de izquierda, incluye aumentos de gastos y una conducta sobre el déficit en un esquema de "yo no fui".

Así, después de presentar el déficit de 2014 como el peor de una larga serie de años, casi igual al de 2002, se anticipa un esfuerzo para abatirlo. Para ello había un compromiso de no aumentar los impuestos, lo que no será así y además, la principal fuerza política del gobierno propone ya para el año que viene estudiar más aumentos. Es lo de siempre en los presupuestos de izquierda: creer que lo mejor viene solo a partir de la intervención justiciera del Estado, y no del trabajo de los particulares. Creen que gastar más es hacer mejor, ser más justos. Y gastar menos es ser poco solidarios, menos comprometidos con los débiles, y obviamente no es así. Sacarle a los que tienen más para darle a los que tiene menos puede ser muy injusto; y sustituir la generosidad particular por la repartija de plata según criterio de los gobernantes no supone más justicia; como que una inflación del 10% no es luchar por los más débiles.

Me detengo en algunos puntos del presupuesto del MGAP. Quiero subrayar su profundización en un concepto anticuado, ideológicamente reconocible. Se trata del avance en lo que podríamos llamar la lógica del permiso: el Estado se asume como titular de todos los derechos, incluso el de propiedad, y los va concediendo a los particulares que lo solicitan. Se llega así a una distorsión del derecho al convertir en norma la prohibición y en excepción el permiso, cuando en democracia es exactamente al revés: la norma es la libertad y la excepción su limitación, y nunca discrecional.

Aparece por ejemplo el art. 265 que habilita al MGAP a desarrollar todo tipo de certificaciones. Esto es bueno si no se trata de certificaciones obligatorias, y malo si amparado en ellas pudieran alentarse trabas al comercio; por lo tanto hay que aclarar el alcance de este artículo en su redacción. En cambio no puede aceptarse —de hecho es muy grave— el art. 266 que crea el Registro Único de Productores sin indicarse su propósito ni su alcance.

El ministerio no tiene que registrar a nadie que no quiera ser registrado, y aquí como en tantos otros ámbitos, mi preocupación es como siempre el derecho de reserva, la obligación de proporcionar información personal, qué datos, con qué alcance, con qué posibilidades de cruzamiento de información. La reserva es un bien a tutelar y además no es admisible que, por tener más información, haya que invadir la intimidad de la gente. Además, está demostrado técnicamente que los registros administrativos —declaraciones juradas, inscripciones— no son fiables como fuente de información. Tampoco puede aceptarse el art. 267, que obliga a los productores frutícolas y hortícolas, comercialicen o exporten, a registrarse sin aclarar para qué, o con qué alcance.

No logro comprender que para desarrollar una actividad se tenga que registrar en un ministerio sin conocer siquiera las razones. Por su parte en el art. 278 se incrementan las obligaciones de registros en empresas avícolas con propósitos que nadie siente la obligación de explicar. Y también hay que rechazar el art. 280 que establece que el MGAP podrá, según sus criterios técnicos que no detalla cuáles son, controlar en la aduana personas, bultos, equipajes y vehículos, llevando así hasta el paroxismo el contralor oficial.

Hay también un mayor énfasis en toda la política de pedir permiso al MGAP para hacer agricultura a través de los planes obligatorios de uso y manejo del suelo. Me limito hoy a la facultad que se autoconfiere el ministerio de "acreditar" profesionales, lo que no le corresponde, así como —eso ya es increíble— que los planes de suelos obligan también a un eventual comprador del campo que los tenga, en una exacerbación de los planes obligatorios.

Hay que descartar también el art. 293 que confiere una facultad genérica al MGAP de suspender la elaboración o importación de casi cualquier cosa incluidos cereales, oleaginosos, frutas, hortalizas, agroquímicos, en tanto no sean eficaces a los fines propuestos. Sí en cambio parece de recibo el registro de productores familiares ya que su adhesión es libre.

El MGAP no aclara qué hará con toda esa información, cómo se autolimitará, qué derechos tendrá el administrado de oponerse. En democracia hay que rechazar que el Estado avance más y más en la información individual, y que extienda el concepto que es él quien posee todo el poder referido a la propiedad o la producción, y que luego graciosamente lo entrega (si uno se registra).

No está bueno vivir en un país en el que hay que pedir permiso para hacer agricultura, plantar árboles, para exportar en pie, para importar frutas y verduras, para comercializar o importar vino, poner un laboratorio de suelos, elaborar agrocombustibles, aplicar plaguicidas, etc.

En definitiva este presupuesto se parece a todos los de la misma génesis: más gasto, más impuestos, más registros, más intervención y menos libertad.

Julio Preve Folle - Analista