Desigualdad socialista: una brecha en China

EL PAIS DE MADRID | PEKÍN

"Extenderemos la política de dar más y recoger menos", aseguró el primer ministro de China, Wen Jiabao, en la apertura de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN), que reúne durante dos semanas, en Pekín, a cerca de 3.000 diputados llegados de todo el país. El gobernante advirtió que es preciso reducir la brecha, y dijo que una de las tareas prioritarias del 11er. Plan Quinquenal (2006-2010), que será sometido a la aprobación del cónclave, es la creación de "un nuevo campo socialista". Se trata del nuevo término acuñado en las últimas semanas por el departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino (PCCh), tras los otros dos aireados en los tres últimos años en el mismo sentido: la creación de "una sociedad medianamente acomodada" y la construcción de "una sociedad armoniosa".

Durante el 16º Congreso del PCCh, celebrado en noviembre de 2002, la nueva generación de líderes —con el hoy presidente, Hu Jintao, a la cabeza—llegó al poder enarbolando la defensa de los campesinos y de los dejados atrás por las dos décadas de reforma y apertura. Sin embargo, las diferencias entre ricos y pobres, y entre las provincias costeras y el interior, han seguido aumentando. La renta per cápita anual disponible en las ciudades creció el año pasado un 9,6%, hasta 10.493 yuanes (1.087 euros), mientras en el campo subió un 6,2%, y se situó en 3.255 yuanes (337 euros), menos de la tercera parte.

La Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo asegura que el llamado coeficiente Gini (un indicador que mide la desigualdad en la riqueza de un país) ha alcanzado el 0,4, límite juzgado internacionalmente como alarmante por ser revelador de grandes diferencias. El Banco Mundial sitúa este coeficiente para China en 0,45, cuando en 1980 era del 0,3.

Con objeto de disminuir las diferencias, Pekín impulsará la modernización de la agricultura y apoyará con subsidios a la producción de cereales. Además, pondrá freno a la continua pérdida de suelo cultivable, y acabará de eliminar completamente los impuestos agrícolas, una práctica de financiación que ha sido utilizada en China desde hace más de 2.000 años. Los dirigentes no olvidan que el campesinado ha sido históricamente fuente de revoluciones y temen que las cada vez más numerosas protestas rurales hagan peligrar el progreso del país y la propia continuidad del partido.

MIGRACION. Uno de los fenómenos sociales que aborda China es el de la emigración de las zonas rurales hacia los centros urbanos. Más de 200 millones de personas han dejando sus pueblos desde principios de los años ochenta —al menos la mitad de ellos de forma permanente— en busca del trabajo y las oportunidades de las que carecen en el campo. El Gobierno calcula que más de 300 millones se mudarán a las ciudades entre los años 2001 y 2020, lo que modificará completamente el rostro y la forma de vida del país. Según un informe de la Academia de Ciencias China hecho público el mes pasado, el 80% de la población vivirá en núcleos urbanos en 2050, frente a un 42% en la actualidad. El proceso no es único. Ha ocurrido en otros países del mundo, a medida que se han desarrollado, pasando de contar con sociedades eminentemente agrícolas a sociedades industriales y de servicios. El fenómeno, sin embargo, adquiere una nueva dimensión cuando se trata de un país que cuenta con 1.300 millones de habitantes. El Gobierno tiene en marcha una doble estrategia para elevar el nivel de vida en las zonas rurales, donde no hay suficientes empleos. Mientras por un lado ha puesto en marcha una serie de reformas, como detalló el primer ministro, Wen, en la apertura de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, por otro está promoviendo el éxodo hacia las urbes. Según el Ministerio de Trabajo, China cuenta con un excedente laboral rural de unos 160 millones de personas. El cambio se enfrenta a grandes dificultades.

FLEXIBILIZAN. Con objeto de facilitar el trasvase de esta masa de población, el Gobierno está modificando el procedimiento del permiso de residencia, llamado hukou, que clasifica a los chinos como habitantes urbanos o rurales. El sistema fue creado en los años cincuenta, durante la época maoísta, para restringir los movimientos. La carencia del hukou urbano hace que los emigrantes —independientemente del número de años que lleven viviendo en la ciudad— no tengan los mismos derechos que los residentes legales. No pueden acceder a algunos trabajos y sus hijos, por ejemplo, no son admitidos en algunos colegios. Muchos expertos consideran el método de registro —que se ha ido flexibilizando con los años— obsoleto. Pero el Gobierno teme que se produzca un aluvión de campesinos si lo suprime completamente.

De momento, 11 provincias —entre ellas Liaoning, Shandong y Fujian— han iniciado reformas para eliminar esta discriminación, que impide a los llamados mingong (trabajadores rurales) integrarse.

Los dirigentes municipales también están tomando medidas ante los flujos migratorios. Pekín va a construir 11 ciudades satélite, que albergarán alrededor de medio millón de personas cada una, muchas de ellas desplazadas del centro; Guangzhou edificará 15, de unas 200.000 personas, y la misma estrategia seguirá Shanghai.

Los investigadores afirman que hay que mirar soluciones complementarias. "Actualmente, los principales receptores son las grandes ciudades. Pero hay otras aglomeraciones de tamaño medio que tienen la infraestructura para absorber este flujo de gente", afirma una experta de The Asia Foundation, organización estadounidense que promueve proyectos de reforma y desarrollo.

La capacidad para acomodar a estos emigrantes y fomentar las infraestructuras necesarias fijará el ritmo del proceso. "Algunos investigadores aseguran que la migración reducirá la pobreza, pero no será fácil. Existe el riesgo de que se traslade la pobreza a las ciudades, surjan poblados marginales y se produzca un incremento de la criminalidad", sostiene, a su vez, Xiao Jin, quien se desempeña como profesora en la Universidad China de Hong Kong.

China incrementará un 14,7% el presupuesto militar este año, hasta 283.800 millones de yuanes (29.400 millones de euros), según ha hecho público el Gobierno en el marco de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN). El aumento está destinado, principalmente, a mejorar los salarios y costear el incremento de los precios del combustible, según dijo Jiang Enzhu, portavoz del Parlamento. "Quiero remarcar que China es un país amante de la paz, que no tiene el deseo ni la capacidad para ampliar considerablemente su armamento militar", señaló Jiang. El presupuesto es "aún relativamente bajo" si se compara con el de otros países como Estados Unidos, que gastó 401.700 millones de dólares (333.471 millones de euros) en 2005, según Jiang. Sin embargo, los expertos occidentales consideran que la cifra real china es muy superior a la anunciada, ya que no incluye las compras de armamento.

El Gobierno calcula que la economía crecerá un 8% este año —frente al 9,9% alcanzado en 2005—, y subirá una media del 7,5% anual hasta 2010. Pekín suele hacer previsiones conservadoras, que en los últimos años se han visto siempre rebasadas.

El primer ministro Wen Jiabao aseguró, sin embargo, que el país se enfrenta a "muchos problemas". En ese sentido, citó la dificultad de incrementar la renta de los campesinos, debido, entre otras causas, a la tendencia a la baja de los precios de los cereales; la existencia de un exceso de inversión en algunos sectores; las dificultades de la población para acceder a tratamiento médico y a la educación (ambos de pago, aunque sean públicos), los graves problemas de seguridad laboral —especialmente en las minas—, y la corrupción.

El líder chino dijo que el Gobierno potenciará el consumo interno como motor del desarrollo para disminuir la dependencia de la inversión extranjera y el comercio exterior. El plan pasa, según afirmó, por incrementar los ingresos de los habitantes de las zonas rurales.