A salvo pero no tanto

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The Economist

En 2002 cuando Álvaro Uribe fue elegido presidente por primera vez, muchos colombianos se sentían atrapados en una ola de violencia interminable. Una persona era "desaparecida" a la fuerza por día; ocho eran secuestrados; 80 asesinados y más de 1.100 eran obligados a dejar sus casas. Las bases militares eran controladas por la guerrilla de izquierda, mientras que los paramilitares de ultraderecha masacraban a cientos de aldeanos. Con la economía también debilitada, más de dos millones de colombianos habían emigrado escapando de un país que iba camino a convertirse en un Estado fallido.

Hoy Colombia está otra vez de pie. En ocho años de gobierno, Uribe paralizó a las guerrillas de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y desmovilizó a miles de sus rivales paramilitares. Su política de "seguridad democrática" ha conseguido que el gobierno tome control del territorio que estaba en manos de esos ejércitos ilegales. Las tasas de homicidios, secuestros y otros crímenes bajaron dramáticamente.

Quizás el mejor halago para Uribe, quien dejará el poder en agosto tras dos mandatos, es que esas políticas ya se dan como un hecho. En la campaña para las elecciones del mes próximo, todos los candidatos principales de todo el espectro político han prometido continuarlas. Y los colombianos ya no dicen que su principal preocupación es la seguridad: ahora son el desempleo, la pobreza y la salud, de acuerdo a una encuesta realizada por el diario El Tiempo.

Quizás están siendo demasiado optimistas. Primero el éxito no es inmaculado. A medida que las fuerzas de seguridad se expandieron, así lo hicieron los abusos de los que se los acusa directamente. La tropa era premiada con un dinero extra por matar a presuntos rebeldes y descubrir posibles atentados y sus perpetradores. Algunos se volvieron muy entusiastas. En media docena de casos se halló que soldados pusieron bombas luego adjudicadas las Farc. En 2006, un peatón murió y varios soldados resultaron heridos cuando un artefacto explotó contra un convoy del Ejército en Bogotá. Luego se descubrió que los explosivos lo habían colocado un capitán y un teniente, y que se detonó por error.

De acuerdo a la Comisión de Juristas Colombianos, una ONG crítica con Uribe, las ejecuciones extrajudiciales (eso quiere decir asesinatos) de civiles por fuerzas del gobierno casi duplicaron entre su primer año en el gobierno y el año que terminó en junio de 2007, de 127 a 228. En 2008, los medios dejaron al descubierto una red macabra que trasladaba jóvenes desempleados al campo con la promesa de darles trabajo, sólo para asesinarlos y hacerlos pasar por rebeldes muertos. El gobierno rápidamente procesó a 27 oficiales incluyendo a tres generales y reescribió las reglas de combate. Desde entonces los casos de ejecuciones extrajudiciales cayeron drásticamente. Pero el daño a la imagen del Ejército ya estaba hecho.

La segunda razón para preocuparse es que la violencia ha vuelto a crecer en el último año. Las Farc, a pesar de estar severamente debilitadas y mayormente confinada a áreas remotas y fronterizas, aún son capaces de hacer daño. Sería la responsable del coche bomba que el 24 de marzo mató a nueve personas en Buenaventura, un puerto sobre el Pacífico.

Otra amenaza son las nuevas pandillas criminales. Muchas lideradas por ex mandos medios de los paramilitares, están principalmente dedicadas al tráfico de cocaína, desde el control de las plantaciones, el procesamiento de la pasta y el embarque del producto final. De acuerdo a la Policía, serían unos 4.000 pandilleros en ocho pandillas en 24 de los 32 departamentos colombianos; grupos de derechos humanos piensan que el número es mayor. Las autoridades insisten que esas pandillas son sólo criminales sin agenda política. Las comparan con las que surgieron después de las guerras civiles de El Salvador y Guatemala.

Las nuevas pandillas no tienen mucha convicción ideológica, de hecho han buscado alianzas de conveniencia tanto con las Farc o el ELN. Pero se mantienen más armados que los criminales comunes. En los dos últimos años el gobierno les incautó 6.000 rifles chinos.

No serán aún una amenaza directa a la seguridad nacional pero quien suceda a Uribe debe encargarse de controlar el tema rápidamente. Juan Manuel Santos, su ex ministro de Defensa, quien lidera las encuestas, dice que la política de seguridad debe adaptarse a nuevas amenazas. Asegura que al igual que debieron entrenarse unidades especiales para combatir a las Farc en la jungla deben crearse cuerpos para combatir la delincuencia en las ciudades. Un nuevo enemigo, la misma intranquilidad.

Medellín, la antigua capital latinoamericana del crimen, era un ejemplo del éxito de las políticas de seguridad. Sin embargo, en el último año el número de homicidios se duplicó en la ciudad, volviendo al nivel de 2003.