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Desde la aprobación de la ley de 2008, Uruguay ha avanzado en temas de transparencia y acceso a la información pública, aunque mantiene opacidad, asegura Fabrizio Scrollini, candidato a Doctor en la London School of Economics. Sin embargo, advierte que el manejo de temas como la votación del ICIR, la creación del Instituto de DDHH, el affaire Pluna o las polémicas sobre seguridad, muestran la debilidad del sistema. A continuación, un resumen de la entrevista.

-Cuando en Uruguay se habla de transparencia, se toma como referencia la muy buena ubicación que tiene el país en el índice global de Transparencia Internacional…

-Es cierto, pero ese índice mide la percepción sobre la corrupción, basado en encuestas, que a su vez hacen preguntas bastante puntuales acerca de qué tanto han tenido contacto con hechos fraudulentos. Sería un error ser autoindulgente con ese resultado, porque este índice no mide todo, y especialmente porque hay otras explicaciones más de fondo sobre el porqué Uruguay está muy bien en ese ranking. Tiene más que ver con ser una sociedad pequeña, con un sistema de partidos políticos armado y un cierto grado de control entre ellos, lo cual no implica que no puedan existir prácticas que podrían ser consideradas lindantes con la corrupción, pero que todo el mundo acepta.

Las herramientas de Uruguay para la lucha contra la corrupción, salvo por la reciente creación de los juzgados, no están muy bien. Si uno observa la Junta Anticorrupción, que es el otro organismo existente, deja mucho que desear. Solamente junta las declaraciones juradas de los funcionarios que están obligados a hacerlas, información que luego no procesa, por tanto nosotros no podemos enterarnos de toda la información, o sea no podemos ejercer control sobre ella y si fuera necesario hacer una denuncia, aunque la hiciéramos, en el fondo lo que pueden hacer con esa denuncia es remitirla al Poder Judicial. Pero además dependen del Poder Ejecutivo y alguien puede dudar de qué pasaría con una denuncia... Más allá de la probidad de sus integrantes, hay una falla de diseño institucional que es clara, está mal armado.

-¿Cuál debería ser el diseño de un organismo que fiscalice la actitud del Estado?

-La presencia de estas instituciones es parte de una corriente que se desarrolló en los años noventa, que tienen como modelo la junta de Hong Kong, una junta anticorrupción en un territorio dominado por un partido único, donde las potestades que tiene son enormes.

Creo que la junta anticorrupción de Uruguay debería dedicarse a promover estándares de ética pública, de integridad, y dejar la labor de control para otros organismos. Las juntas anticorrupción que van quedando en el mundo tienen potestades de investigación y de sanción al funcionario público. Se evoluciona hacia instituciones más orientadas hacia el cumplimiento de la ética pública u oficinas de asuntos internos para investigar si existen asuntos de connivencia.

Conflicto de interés

-¿Qué lugar ocupa ese aspecto entre los asuntos considerados éticamente reprobables en el país?

-El hecho de que un funcionario deba declarar un eventual conflicto de intereses aquí no se estila. El caso más obvio que vivimos fue el de la discusión reciente del impuesto a la tierra, los legisladores tuvieron que decir si tenían un campo o no. Pero más allá del hecho puntual, es algo que todos debimos haber conocido de antemano: quién tenía una propiedad, de qué características, y quién no; y no se trata que se vaya a dudar de la integridad de los legisladores, es un tema de orden saber desde qué lugar vota cada uno. Eso se logra básicamente con regulación acerca de cómo los gobernantes y determinados servidores públicos se presentan ante la sociedad y qué tanto debemos saber de ellos.

Sería importante saber más acerca de qué patrimonio tienen, cómo lo han conseguido y cuáles son sus intereses. Debería publicarse, además del currículum, otros parámetros vinculados con sus propiedades, previamente a su participación pública. Si tienen autos, casas, acciones, otras inversiones, etc.

En Nueva Zelanda, la información esté toda online y si esa información es falseada y se descubre, tiene una inmediata repercusión en la opinión pública: la consecuencia es que en la próxima elección ese político no va a estar ahí, los votantes no dejan pasar eso.

En Chile se está comenzando a hacer. Claro está, hay casos como el del Presidente Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, que para no exponer todo su patrimonio lo fue traspasando hacia un fideicomiso. Eso es una elusión del poder, claramente, pero son cosas que la gente debe saber, cómo actúa cada uno y qué bienes tiene.

-En Uruguay la publicación de información que se considera privada, molesta…

-Si se publica en la prensa una información sobre el patrimonio de un legislador u otro gobernante, generalmente no gusta. Al contrario, deberían preocuparse mucho porque se sepa dónde están parados en su actuación y ante cada una de las decisiones que toman. Es una forma de evitar que se siembren dudas.

Instituciones débiles

-Entre los últimos asuntos que generaron polémica sobre la publicidad que debía darse del tema, está el debate acerca de la integración de la Institución de los DDHH…

-Uruguay acaba de constituir una institucionalidad que es esencial, uno de los pocos países de América que no lo tenía. Son buenas noticias para los ciudadanos, las empresas, para todos, algo que hace a este país más estable, con más legitimidad. El problema es que la forma en que se procesó la discusión legislativa para la integración del Instituto fue muy mala. Había legisladores que planteaban que no debía saberse quiénes eran las personas que se postulaban, otros decían que estaba bien que se supiera pero que no debían hacerse públicos los currículums, otros aceptaban que se conocieran los currículums pero no los nombres. Inclusive, hubo un senador, Pedro Bordaberry, que planteó que quienes quisieran los currículum fueran a la justicia, para sacarle el lazo al Parlamento de tener que divulgar la información. Señores, están creando una nueva institución que requiere de mucha confianza pública y los legisladores están planteando que no quieren que sepamos cómo los eligieron. Es un contrasentido. Finalmente el Parlamento salió bastante airoso ya que casi todos los nombres tuvieron un apoyo masivo y la integración que asumió su conducción goza de legitimidad.

Ser un país que respeta los derechos humanos en un sentido amplio, es algo que deberíamos cuidar mucho hasta desde el punto de vista económico. Quienes desde una visión economicista cuestionan la creación de este instituto, el tiempo y el dinero que se invierte en ello, están muy equivocados.

Información libre

-Uruguay tiene una Ley de Acceso a la Información Pública reciente (desde 2008), ¿qué resultados ha dado?

-Mantenemos algunas opacidades. Especialmente en publicar información en forma proactiva, como la ley mandata, y también sobre la forma en que los organismos deberían liberar esa información. Faltan mediciones, la sensación que tengo, con la evidencia a la que pude acceder, básicamente las páginas web del Estado, que resultan la manera más directa de hacerse de la información de cada organismo, es que siguen siendo bastante deficientes.

Lo más complicado, más allá de la ausencia de la información, es que algunos organismos tienen serios problemas de capacidad institucional y además, hay otros que no admiten los pedidos de información. Se ha adelantado mucho con la labor de una organización como Cainfo (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública), pero todavía hay mucha resistencia. Con los avances tecnológicos existentes, lo que uno esperaría es que enviar un correo al Estado no resultara tan complicado. Hay muchas instituciones que no aceptan responder. Esto quedó demostrado en la baja tasa de respuestas que tuvo el portal Qué Sabés, un proyecto que nace de un software británico con el objetivo de obtener información pública en su país y que preparamos junto a una programadora uruguaya y lo adaptamos para Uruguay, donde fue tomado por una sociedad civil llamada Data que lo puso en marcha.

Hubo una alta demanda al lanzamiento del portal, en dos meses hubo 167 pedidos, lo que indica que la gente quiere saber. Pero el nivel de respuestas fue muy dispar. Nos sorprendió la muy buena disposición de Ancap, por ejemplo, pero la Intendencia de Montevideo no contesta los mails y comunica una serie de pasos burocráticos y trámites en personas que desestimulan al que solicita la información.

Por otra parte no hay quien haga pagar esto a los políticos. No se ejerce la suficiente presión, y los políticos no perciben la necesidad de abrir esa información. En ese sentido, entiendo que nuestro Parlamento es uno de los más opacos.

Dudas sobre Pluna

-El caso Pluna parece un claro ejemplo de las dificultades en el manejo de la información pública…

-Resultó un tema interesante de seguir. A través del portal Qué Sabés la gente preguntó y el ministro de Economía liberó algo de información; finalmente el Senador Jorge Larrañaga realizó un pedido de acceso a la información. A ese pedido el ministro contesta pero además, le solicita que esa información sea reservada.

Estamos en un problema: tenemos una serie de activos públicos en juego, un senador que pregunta por ellos y el ministro pide mantener la reserva. Esa información es de todos. Deberíamos conocerla todos y probablemente hubiera un montón de malos entendidos sobre el tema en los que podríamos saber si hubo una actitud reñida con la responsabilidad del funcionario público o una metida de pata. Ante la información que se oculta, la gente puede pensar lo que le parezca, y eso resulta contraproducente. La cuestión es que al no tener información, cuando la oposición construye un relato que levanta sospechas, nadie sabe realmente qué pasó.

-¿Hay indicios de evolución en la sociedad en cuanto a reclamar otra forma de actuar del sistema político?

-En un estudio reciente en la Revista Uruguaya de Ciencias Políticas sobre generaciones y votantes, los investigadores concluyen luego de la última votación, que el panorama electoral será bastante más abierto en el futuro. Puede ser que hasta ahora los votantes más jóvenes hayan sido más condescendientes y menos cuestionadores, pero las generaciones que se vienen, empoderadas con las tecnologías de la información y abiertos al mundo, son distintos.

Quienes crean que el poder no será cuestionado en un futuro cercano, se están suicidando. Los políticos tienen que prepararse para posturas más cuestionadoras de los jóvenes y entender que su poder y sus partidos no serán alegremente aceptados como pueden haberlo sido hasta ahora. Y eso vale para todos.

Además, en las sociedades que más se preocupan por los aspectos de corrupción pública o de falta de transparencia, los reclamos los hace la clase media. Y en Uruguay estamos en un proceso de recuperación de ese sector de la sociedad, que requiere mejores servicios públicos, más probidad en la gestión, etc.

-¿El sistema político lo asimila?

-El mundo ya se maneja con estándares más abiertos, los gobiernos no. Los parlamentarios muestran escaso interés en una mayor apertura y libertad sobre la información, muchos de ellos parten de la frustración de ver a sus propios colegas abusando del sistema. Son minoría, están aislados y no pueden alegremente cruzar bancadas partidarias para votar independientemente, porque eso tendría costos políticos muy altos. Los reformadores, están en todos los partidos, pero tienen poca capacidad de interactuar entre ellos por los límites que tiene el sistema. Lo pude constatar en las entrevistas que realicé para mi tesis (estudio comparativo de Chile, Nueva Zelanda y Uruguay sobre el funcionamiento de la Ley de Información Pública).

Muy pocos recuerdan que antes de esta ley, Uruguay ya vivió un proceso de discusión sobre acceso a la información durante la administración de Jorge Batlle. Fue aprobada en diputados pero en el senado fue transformada en una mala ley de privacidad; un proceso escandaloso donde el resultado final terminó siendo lo opuesto a lo que se propuso. En el mismo momento en que eso se volvía tan opaco, Batlle estaba liberando los salarios, las compras estatales, un montón de cosas que creía convenientes para la transparencia del país. Una contradicción muy fuerte.

-¿Puede haber un componente cultural a la reticencia a divulgar información en Uruguay?

-La primera reacción del poder ante el pedido de información es negarlo, y eso está presente desde siempre en el poder político. Cuando se distribuye la información, pierdo poder.

La apertura de la información no es solamente para un control ciudadano sino también por unas cuestión de eficiencia; sabiendo cuáles son los problemas que se tienen a través de la información liberada, se puede saber cómo ayudar a ese organismo o cómo rediseñar determinadas actividades.

La información es un derecho humano y debe estar en las nuevas reglas de juego. Tiene que ser libre, en la actualidad tratar de ocultarla puede ser suicida. Lo cual debería cambiar radicalmente las formas de hacer política, a medida que la información esté más descentralizada sabremos quién hace qué cosa, quién aporta o no, etc. Con el paso del tiempo, esto debería generar un poco más de meritocracia a la hora del ejercicio del poder. Distribuir la información nos lleva a elevar la mira, genera calidad en los debates y permite saber sobre qué estamos hablando. Por ejemplo, el debate sobre seguridad pública.

-¿Cuánto pesa el manejo de la información en estos temas?

-La preocupación de la sociedad existe. Los datos oficiales han tenido cierta discontinuidad y nos gustaría saber cómo y porqué se han discontinuado, para tener una idea más acabada de la realidad. Esa información no está y para un investigador o un analista es muy difícil decir qué está pasando. En ese contexto un sector político ha dicho que no confía en las cifras oficiales y entonces, una organización afín decide construir sus propias cifras, como es el caso de Vamos Uruguay y Fundapro. Un ciudadano medio, interesado en el tema, no lograría salir de la confusión.

-¿Cómo se resuelve ese problema?

-Fácilmente. El Ministerio del Interior debería liberar su información y todos deberíamos estar discutiendo y construyendo nuestras opiniones sobre esos datos. Al no liberarlos se metió en un brete, permitiendo que otra parte construyera su relato.

Ahora no discutimos sobre los datos oficiales, sino sobre la calidad de los datos de esta otra organización, sobre los que debemos decir que están mal armados. Es el riesgo que uno corre al no implementar bien las reglas de juego. Es un error.

Hoy discutimos sobre qué es lo válido, y no sobre los resultados de determinadas políticas públicas en seguridad, que debería ser el tema de fondo.

Fabrizio Scrollini es uruguayo y desarrolla su Doctorado en estudios de Gobierno en la London School of Economics, sobre acceso a la información pública y transparencia. Se ha especializado en temas de rendición de cuentas, transparencia, leyes de acceso a la información pública e instituciones de contralor. Ha sido docente de la LSE en la materia políticas públicas. Ha recibido las becas Hansard Chevening del Gobierno Británico, Nzais del gobierno neocelandés, Carlos Quijano y ANII del gobierno uruguayo.