La matriz de protección social no se ha transformado lo suficiente

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A pesar de que hay una matriz feminizada del egreso del bachillerato y de la educación terciaria en Uruguay, el número de mujeres que trabajan en el mercado monetizado es menor al de los hombres, lo cual constituye un gran desperdicio de capital humano, sostuvo el sociólogo uruguayo Fernando Filgueira, Ph.D por Northwestern University de Estados Unidos. El entrevistado, que es el representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay, analizó la magnitud de la crisis de cuidados de personas y sus efectos en nuestro país. A continuación un resumen de la entrevista.

-Se habla de una crisis de cuidados de personas a nivel global. ¿En qué consiste ese fenómeno?

-Se ha producido una transformación en los roles de la familia al ir las mujeres insertándose progresivamente en el mercado laboral, lo cual les exige muchas horas de trabajo fuera del hogar y, en forma concomitante, persiste la rigidez en los arreglos familiares en las tareas no remuneradas. En otras palabras, las mujeres pasan a tener una doble jornada de trabajo, pero su tiempo no es infinitamente elástico. En el pasado, sus ocupaciones se concentraban en tareas no remuneradas, que consistían en el cuidado de los dependientes -en particular, niños, personas enfermas o con discapacidades y adultos mayores- y en los quehaceres domésticos relacionados con la alimentación, la limpieza, etc. Hoy sus tiempos se encuentran ante demandas múltiples.

-¿Desde cuándo se manifiesta esa crisis de cuidados en Uruguay?

-Sus características comenzaron a manifestarse ya en la segunda mitad del siglo XX, dado que las mujeres uruguayas se incorporaron tempranamente al mercado laboral. Sin embargo, la tasa de participación femenina en el empleo no es igual a la masculina debido a que las mujeres cargan sobre sus hombros con el trabajo no remunerado vinculado a los cuidados en el hogar. Además, Uruguay ha experimentado un proceso de transformación etaria con envejecimiento que involucra a una nueva generación que es receptora de cuidados, sobre todo en la población mayor de 70 años. Por otra parte, los cambios en la estructura familiar con el incremento de los hogares monoparentales y de la tasa de divorcios, también multiplica la demanda de cuidados sobre algunas personas al reducirse el número de adultos en el núcleo familiar. En estos casos, quien generalmente asume la mayor responsabilidad es la mujer, que debe salir a trabajar por un salario y que, a la vez, mantiene la carga reproductiva y el cuidado de la familia. Este problema tiende a agravarse a menos que haya transformaciones importantes en la matriz de protección social.

-¿Es la carga del trabajo no remunerado similar para todas las mujeres uruguayas?

-Es siempre más alta que la de los hombres. Ahora bien, si se observa el módulo del uso del tiempo en el hogar de la Encuesta Continua de Hogares del INE, los resultados son muy diferentes según el nivel socioeconómico. En los hogares más pudientes disminuye el número de horas de trabajo no remunerado de las mujeres y se incrementan las horas dedicadas al trabajo remunerado. En cambio, se da una situación inversa en los sectores de menores ingresos. Estamos en presencia de una reproducción ampliada de la desigualdad porque la inserción de las mujeres en el mercado laboral está directamente posibilitada por una estructura de recursos en el hogar que permite a las integrantes de los sectores de mayores ingresos comprar recursos en el mercado y alivianar su trabajo no remunerado.

-¿Se ha separado el cuidado de las personas de otras actividades del trabajo doméstico?

-Sí. Se ha construido una economía en torno a los cuidados que está especializada y que suple funciones que antes cumplía la familia. La extensión de la jornada escolar, la atención al niño entre 0 y 4 años, el servicio doméstico y los servicios de acompañantes para tercera edad y discapacitados son parte de una matriz de servicios pública y privada ya existente en el país. Si esto lo hace el mercado, lo hará siguiendo las pautas de estratificación presentes. Si se encarga el Estado, lo puede cumplir de esa misma manera o lo puede hacer enfocando el cuidado como un bien cuasi público al considerar que es una actividad necesaria para que la sociedad funcione como tal y contribuya a la eficiencia agregada de la economía y a la integración social.

Matriz social

-¿Es factible que el sistema de cuidados se integre al sistema de protección social vigente, básicamente mediante prestaciones monetarias, servicios, licencias laborales y políticas de tiempo, en Uruguay?

-Considero que los cuidados no son un subsistema aparte de los de salud, educación y seguridad social, sino que implican una transformación de la matriz social en cada uno de esos subsistemas porque se incorporan prestaciones y políticas de tiempo a efectos de corregir el desequilibrio entre hombres y mujeres en la carga del trabajo remunerado y no remunerado. La matriz social pensada históricamente para la pareja casada en donde la figura masculina era el ganapán y la femenina era la trabajadora en el hogar, no existe más -si es que existió alguna vez-. La estructura de las familias, al igual que la de los mercados, ha evolucionado, pero la matriz de protección social no se ha transformado lo suficiente en Uruguay ni en el resto del mundo.

-¿Quiénes han realizado los mayores avances en ese sentido?

-Los escandinavos comprendieron que vivían en una sociedad posindustrial en cuanto a la producción de bienes y servicios en la economía monetizada, pero en una sociedad preindustrial en la producción de bienes y servicios en el trabajo no remunerado. Esa situación es muy ineficiente y crea cuellos de botella para el crecimiento económico. Por eso, han implementado un conjunto de prestaciones y políticas relacionadas con la extensión del cuidado a la infancia temprana (de 0 a 4 años), los adultos mayores y otras poblaciones dependientes que mejoran la equidad y, además, liberan a las mujeres de una carga histórica permitiéndoles incorporarse al mercado laboral. Esa política habilita una forma de articulación más adecuada entre el Estado, el mercado laboral y las familias.

-¿Se enfocan los cuidados como un problema público en Uruguay?

-Somos pioneros en América Latina en esta materia. Varios ministerios (Mides, MSP, MEF y MTSS), el Banco de Previsión Social y otros actores estatales han conformado un grupo de trabajo en el marco de la comisión de políticas sociales del gobierno. Un decreto firmado en mayo pasado define la necesidad de discutir y avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados que transformaría la matriz de protección social a través de una lógica sistémica.

-¿Qué se requiere para que ese proyecto avance en la agenda política del gobierno?

-Más que recursos materiales, falta aún que tenga capacidad de articular con la matriz de protección social y encontrar dónde están las prestaciones vinculadas a cuidados para apoyarlas y expandirlas. Sin duda hay dos políticas que van a ser apuntaladas financieramente: la de escuelas de tiempo completo, que contienen un componente muy fuerte de cuidados y la de expansión de los Centros de Atención a la Infancia (CAIF).

-¿Y qué se va a hacer con la población de adultos mayores?

-En el directorio del BPS se ha planteado el desafío de articular los actuales servicios para la tercera edad que se vienen desplegando en el mercado con una política estatal que sea capaz de aportar elementos de calidad, incrementar coberturas, etc.

-¿Se tiende a estatizar la responsabilidad por los cuidados de los adultos mayores y los discapacitados?

-El presidente del BPS, Ernesto Murro, ha planteado la necesidad de que el Estado trabaje y articule los servicios sin suprimir al sector privado. No obstante, el rol rector en las políticas de cuidado es del Estado si queremos que esta dimensión de cuidado del adulto mayor se piense como un derecho y no como una mera capacidad de compra. De lo contrario, habrá un grupo de ancianos que va a acceder a servicios de cuidados de calidad y el resto va a ser cuidado por la familia con la concomitante sobrecarga para las mujeres o por servicios de malísima calidad, en donde la dignidad humana no se respeta.

Aportes del UNFPA

-¿Qué aportes realizan las agencias de las Naciones Unidas para el diseño de una política de cuidados en Uruguay?

- Los temas de cuidados, el reconocimiento de los procesos de envejecimiento y la reformulación del esquema de protección social integra la agenda del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y de la ONU en general. El UNFPA ha conformado un grupo de trabajo, junto con ONU Mujeres, el PNUD, UNICEF, la OPS y la OIT, para apoyar técnica y financieramente el proceso que se viene desplegando en el ámbito del gobierno. Básicamente se proyecta discutir y brindar asistencia técnica para la expansión de los servicios de cuidado para niños de 0 a 4 años, la construcción de un modelo de servicios para los discapacitados y un sistema de cuidados para el adulto mayor.

-¿Por qué la OIT integra ese grupo de trabajo?

-La OIT está presente porque el tema de cuidados también tiene que ver con el mercado laboral y sus regulaciones que afectan la compatibilidad y distribución sexual del trabajo remunerado y no remunerado. También, sabemos poco acerca de quienes cumplen funciones de cuidado remunerado en Uruguay. Se sospecha que el servicio doméstico, los servicios de compañía y las tareas en guarderías infantiles están mal pagos y que las condiciones de trabajo son muy malas.

Por eso, en 2010 el UNFPA apoyó el inicio de un proceso de investigación al respecto que está desarrollando la Soc. Rosario Aguirre.

-¿Qué capacitación deben tener los cuidadores?

-Es una realidad que muchas personas dedicadas al cuidado de adultos mayores carecen de especialización para cumplir sus funciones y que faltan personas capacitadas para el cuidado de niños y discapacitados. Allí se requiere un trabajo importante de calificación y capacitación no sólo para atender a la actual población uruguaya envejecida, sino también hay que pensar que Uruguay está empezando a ser un receptor neto de adultos mayores del exterior que se están radicando en el país. Por eso hay que planificar qué tipo de servicios de cuidado se les ofrecerán y preguntarse si van a ser atractivos para un número no menor de jubilados extranjeros con alto poder adquisitivo. Sin duda la capacitación de los cuidadores será un factor importante desde la óptica social, pero también como desafío de un proyecto económico. En síntesis, las remuneraciones, las condiciones de trabajo y la capacitación de las personas que prestan servicios de cuidado son parte del desafío de la construcción de un sistema de transformación de la matriz social con reconocimiento de la dimensión de cuidados y del trabajo no remunerado.

-¿Cuáles serían los efectos estructurales si no se enfrenta hoy la crisis de cuidados?

-Se puede pensar una economía en función del ciclo vital en una escala de cero a noventa años. Las personas consumen en promedio un cierto monto de dinero per cápita y, a su vez, producen dinero. Entre, digamos, los 18 y 65 años de edad producen más de lo que consumen. En cambio, en las etapas de infancia y vejez producen menos de lo que consumen. El Estado, a través de su sistema impositivo y de gasto, y las familias, mediante recursos propios, transfieren dinero para mantener a los dos segmentos etarios extremos. Cuando un país tiene pocos niños y pocos ancianos, es el mejor momento para que una economía crezca. En la actualidad, Uruguay está cerrando esa ventana de oportunidades porque ha ingresado en la segunda transición demográfica (N.del R.: Conjunto de cambios que experimenta la estructura de edades, la fecundidad y la familia occidental desde mediados de la década del sesenta).

-¿Cómo podría Uruguay ampliar esa ventana de oportunidades demográfica?

-Hay básicamente cuatro formas de ampliarla. La primera es mediante el incremento de la productividad de quienes están en el mercado de trabajo. La segunda consiste en incorporar más plenamente al mercado laboral a personas en edad activas. La tercera es permitir que el retiro laboral no sea un corte abrupto de tal manera que los adultos mayores puedan seguir trabajando si así lo desean luego de la jubilación. La cuarta forma apunta a promover la inmigración de población en edad activa que venga a trabajar.

Sin duda las formas más adecuadas para el Uruguay actual serían a través del incremento de la productividad y de la incorporación plena de las mujeres al mercado laboral, que podría crecer entre diez y veinte puntos en los segmentos de población de ingresos bajos y medios. Para alcanzar ese nivel, se requiere un sistema que colectivice parte del trabajo no remunerado que aún se realiza en los hogares a efectos de liberar fuerzas productivas de la sociedad. Hoy, pese a que tenemos una matriz feminizada del egreso del bachillerato y de la educación terciaria, el número de mujeres que trabajan en el mercado monetizado es menor al de los hombres, lo cual constituye un gran desperdicio de capital humano.

-¿Qué efectos estructurales se generarían si la sociedad uruguaya no incorporase más fuerza de trabajo femenino al mercado laboral?

-Si Uruguay no aprovechase la ventana de oportunidades demográfica, lo pagaría, primero, con un menor crecimiento potencial del PIB a futuro; es decir, se deterioraría la capacidad de aprovechar los factores productivos y la posibilidad de incrementar los niveles de bienestar.

Segundo, la sociedad renunciaría a luchar contra la desigualdad porque un hogar clásico que no puede incorporar a los dos adultos al mercado laboral es un hogar con riesgo de pobreza, salvo en sectores de muy altos ingresos. Si se permite que sólo el mercado responda a la crisis de cuidado, las mujeres de los sectores bajos y medio bajos van a tener que cargar el peso de los cuidados no remunerados y no van a poder incorporarse plenamente al mercado laboral y, menos aún, en cargos de calidad. De esa forma, una parte fundamental de la reproducción de la desigualdad seguiría operando debido a la inserción estratificada de las mujeres en el mercado laboral.

-¿Qué ventajas traen aparejados los mayores cuidados de las personas en materia de protección social?

-Permite mejores condiciones para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, lo que genera mayor bienestar en los hogares y autonomía económica de las mujeres. Cuando los matrimonios duraban aproximadamente 30 o 40 años, la ausencia de autonomía económica de las mujeres era una desigualdad a combatir, pero había un pacto patriarcal detrás. Como hoy la tasa de divorcios es muy alta, la incorporación de las mujeres al mercado laboral favorece su autonomía económica. También promueve un incremento de los aportes al sistema de la seguridad. Asimismo, esa incorporación de las mujeres al mercado laboral favorece la igualdad de género en un sentido más amplio y la posibilidad de que como sociedad sigamos construyendo equidad de género a futuro.

-¿Qué otros avances supone la consolidación de un sistema de cuidados?

-Si se produce una transformación de la matriz de protección social que incluya prestaciones vinculadas a los cuidados, se incrementaría a futuro el capital humano de nuestra sociedad al incorporar la infancia a la educación desde el primer o segundo año del ciclo vital. Esto contribuiría a un aumento de la productividad de la población futura y a mejores niveles de igualdad social. También tornaría más eficiente a la economía de servicios, que está relacionada con los procesos de envejecimiento y de traslación de funciones familiares al mercado. En este marco, el rol del Estado sería contribuir a generar y promover el desarrollo del sistema de cuidados.

Una economía de cuidados es esencial para el UNFPA porque apunta al logro de los derechos humanos pensados no sólo desde los derechos civiles, sino de los derechos sociales y culturales, es decir la dignidad humana en la infancia y en la vejez, así como en la igualdad entre géneros.

Fernando Filgueira, 43 años, uruguayo, es licenciado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales de la UdelaR y posee un Ph.D en sociología de Northwestern University (Estados Unidos). Es el representante auxiliar en Uruguay del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Fue coordinador del Área de Gestión y Evaluación de la OPP (Uruguay) y coordinador del Panorama Social de la Cepal (Chile). Fue docente e investigador en el IPES (Universidad Católica del Uruguay) y en la UdelaR.