JULIO PREVE FOLLE
Las autoridades del equipo económico, en particular el ministro de Economía así como su mentor político el Cr. Astori han reflexionado más de una vez sobre la apertura económica del país, que este gobierno no ha profundizado pero que tampoco ha desandado. Por ejemplo, el Ec. Lorenzo en una conferencia realizada en el foro de ACDE señalaba que para lograr crecer en competitividad es necesario implementar una adecuada adaptación de tecnología e innovación, así como una gestión eficiente de los recursos y una apertura económica del país al mundo. Y también en esa conferencia señalaba que para enfrentar las vulnerabilidades Uruguay debe potenciar la apertura.
APERTURA ECONÓMICA. El Cr. Astori ha ido más lejos al afirmar como lo hizo a El Espectador lo siguiente: "Cuanta más crisis, más apertura. Lo peor que podría hacer un país como Uruguay en estos tiempos es cerrarse". La verdad que hay que darle un gran mérito a estas afirmaciones precisamente en un momento como el actual en el que las diferentes crisis van generando gobiernos cada vez más débiles para enfrentar los lobbies de ayer, de hoy y de siempre, que aprovechan la ocasión para conseguir sus privilegios a partir de la repetida amenaza de mandar gente a la calle. En este sentido, no me olvido que en plena crisis del año 2002 se implementaron algunos mecanismos de protección, la mayoría todavía vigentes, sacados de alguna manera a la fuerza al gobierno debilitado por la crisis. Así fue que renacieron los aranceles específicos. Eran en principio una reacción contra la devaluación argentina y sus detracciones, aprovechándose también la bolada para responder con ellos a los privilegios de provincias como San Luis, Tierra del Fuego y otras zonas promovidas, desde donde se establecía una imposible política de competencia. También es de esa época la aplicación de derechos antidumping al aceite. Si bien todas estas medidas tenían alguna justificación, lo cierto es que varias persistieron en el tiempo como lo pronostiqué desde estas mismas columnas. Recuerdo muy bien a algunos empresarios -en particular pienso ahora en uno muy mayor, a quien en cierta forma admiro- que blandían el fantasma del cierre de sus empresas con singular eficacia, como lo habían hecho con gobiernos anteriores, y lo volverían hacer después con los que vinieron.
Salvo en Chile, donde se anuncia una reforma tributaria que llevaría todos los aranceles a cero, el rebrote del proteccionismo es notorio. Tal vez una de sus expresiones más notorias sea la falta de protagonismo de la OMC en la agenda mundial. Nadie se acuerda mucho del cierre de la Ronda de Doha y nosotros, los países exportadores de alimentos, tampoco nos acordamos demasiado gracias a la demanda de China, que vuelve por ahora innecesario el avance en materia de reglas de comercio. Efectivamente, con estos precios desaparece el interés de subsidiar la producción o las exportaciones.
ARGENTINA. Pero el colmo del proteccionismo viene de nuestro vecino país donde convergen dos situaciones; una primera y más notoria consistente en intentar de cualquier forma detener la salida de dólares dada su imposibilidad de obtener crédito, justo en este momento en el que es más abundante y barato de la historia. A esta necesidad se le suma una militancia oficial permanente en la recreación de una Argentina autosuficiente en todo, sustituidora de importaciones a la vieja usanza, empeñada -gobierno y oposición- en la autosuficiencia energética, industrial, alimentaria, todas ellas categorías viejas sin ningún sentido económico. La autosuficiencia energética quizás podría entenderse como objetivo en una potencia bélica, en Argentina o Uruguay es ridícula. Ante todo este retroceso conceptual de la Argentina, con cuyo gobierno el nuestro evidencia una notoria afinidad política, cobra mucho más valor la posición uruguaya. El equipo económico mantiene con no poco mérito su lógica de apertura, resistiendo no solo a la mitad del partido de gobierno, sino a los vientos fuertes provenientes de Buenos Aires y con quienes en conjunto celebraron el comienzo de los viajes del "tren de los pueblos libres".
Por todo lo anterior, el Examen de las Políticas Comerciales que el país hace ante la OMC es bueno que se sepa que suscitó comentarios favorables si bien es cierto que en él se detallan unos cuantos agravios a los preceptos del libre comercio. Es muy recomendable la lectura libremente disponible en el sitio web de la OMC porque en ella hay una identificación completa de todas las macanas que hacemos. Por ejemplo, nuestro régimen automotriz con subsidios a las exportaciones, el mantenimiento de la tasa consular que es un arancel, el monopolio de las comunicaciones, el IVA diferencial para alimentos, las licencias previas por ejemplo en azúcar que yo desconocía, y hasta la ley que otorga intervención obligatoria en las operaciones comerciales a los despachantes de aduana, todo un agravio a la libertad comercial a favor de una corporación. Pero en el balance general y en la comparación internacional salimos bien.
LOS NOVENTA. De cualquier manera el informe de la OMC permite identificar las normas que agravian estos principios; no sé cómo se hará en Argentina ya que las trabas a las importaciones no derivan de normas sino de acciones telefónicas, intervenciones patoteriles, amenazas, etc. En realidad, más grave que limitar el comercio es hacerlo fuera del sistema de reglas. Me explico. Peor que estatizar YPF es hacerlo fuera de toda norma, de pesados, sin pagar; más duro que quedarse con los depósitos, es que esto sea una repetición de hechos del pasado; peor que reformar la carta orgánica del Banco Central para emitir fuera de todo rigor es haberlo hecho ya en 12 oportunidades. En definitiva, si lo que se destruye es la credibilidad en el sistema jurídico o en la administración del mismo, el mal excede largamente a los temas comerciales.
Por eso es que junto a celebrar la postura oficial, cabe el homenaje a los gobiernos de los noventa que fueron los que -ellos sí- pusieron en marcha una dura rebaja arancelaria con eliminación de todas las medidas de efectos análogos como precios de referencia, precios mínimos de exportación, y una serie grande de permisos previos para exportar o importar, certificados de necesidad, etc., en una reforma entre otras muy grandes como la del puerto, de las que el gobierno actual con sensatez se beneficia sin intentar modificar.