La lupa sobre algunos indicadores

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Si bien deberemos esperar hasta fin de marzo para tener el set completo de indicadores macroeconómicos de Uruguay en 2010, el panorama resulta bastante claro y se refleja en el consenso que se observa en materia de expectativas económicas. Como no se aguardan sorpresas de aquí a fin de año, y si las hubiera ya no tendrían impacto en esos indicadores, una vez que conozcamos, en este mes, los resultados correspondientes al tercer trimestre para la oferta y la demanda agregadas, la deuda pública y la balanza de pagos, estaremos en condiciones, el mes próximo, de hacer un balance del año que termina.

Mientras tanto, y siempre refiriéndome a la coyuntura, hay algunos indicadores sobre los cuales vale la pena meterse con cierto detalle y poner la lupa, pues hay aspectos en ellos que pueden pasar inadvertidos al momento de ser informados. Me refiero en particular a los datos fiscales, al Índice Medio de Salarios y al IPC.

En el caso de la información fiscal, el último día de noviembre el MEF informó el resultado del sector público correspondiente al mes de octubre, el que estimó en un déficit de 1,3% del PIB. Entonces, se informó que ese resultado fue afectado por los paros en el clearing lo que determinó que parte de la recaudación (que el MEF estima en 0,5% del PIB, unos US$ 200 millones) no ingresara en octubre y quedara para noviembre. Se trata de un dato nada menor, porque de haber ingresado esa recaudación en tiempo y en forma, las finanzas públicas habrían mejorado en 0,2% del PIB en octubre en vez de empeorar en 0,3% del PIB, como surge de los indicadores.

Esto significa que el verdadero déficit fiscal en los 12 meses finalizados en octubre no es de 1,3% del PIB sino de 0,8% del producto. Pero hay más: en esta columna comenté hace algunos meses que tanto en mayo como en junio, la UTE volcó importantes sumas de dinero al FEE (Fondo de Estabilización Energética) por un total de US$ 150 millones. Esta cifra se dedujo del resultado de la UTE como si hubiera sido un gasto corriente y por lo tanto se bajó del resultado financiero del sector público, cuando en realidad no fue un gasto sino una reserva que se encuentra en una cuenta de la propia empresa. O sea que no es déficit fiscal y representa otro 0,4% del PIB. Ajustado el número anterior por este último, llegamos a un déficit fiscal, en los 12 meses a octubre, de sólo 0,4% del producto. No está tan mal, aunque no es lo ideal, ciertamente, en la medida que estando como estamos en la cresta de la ola del ciclo económico deberíamos tener un superávit fiscal del orden de 2% del PIB y no un déficit por menor que sea.

En el caso del índice de salarios, es público y notorio que, como sucediera hace dos años, hay rezagos considerables en la concreción de los acuerdos en los Consejos de Salarios. Mientras no salga humo blanco, los aumentos formalmente no existen y por lo tanto los índices oficiales no pueden registrarlos. Luego se concretarán, incluso con retroactividad, pero los índices de los meses anteriores no serán ajustados y los aumentos serán captados por los índices de los meses en los que efectivamente se concreten.

Esto implica que al mes de octubre, una parte importante del sector privado no había llegado a convenir los acuerdos salariales que tendrán vigencia retroactiva a julio y por lo tanto el IMS no había registrado aún parte de la variación que terminará teniendo en todo el año. E implica, también, que las informaciones sobre salario real que se difunden, en realidad carecen de sentido práctico. Obsérvese que a octubre los salarios privados aumentaron 8,6% según el INE, que desde agosto viene registrando variaciones con cuentagotas, cuando se espera que cierre el año algo por encima del 10%. Dicho sea de paso, entre ese aumento y el de los públicos, que superará el 9% en el año, se llegará a una variación media cercana al 10% que será la que desde enero se tomará en cuenta para el aumento anual de las pasividades.

Por último, el IPC. El dato de noviembre fue en primera instancia bueno (-0,08%) así como en meses anteriores no había resultado tan alentador. Eso, si uno se atiene a lo que muestra la variación lisa y llana del índice. Pero como hemos explicado muchas veces, las variaciones mensuales del IPC tienen un grado de aleatoriedad que le introducen algunos rubros muy volátiles, como puede ser el aumento de un precio regulado (como los cigarrillos cuando sube el IMESI) o las oscilaciones de los precios de frutas y verduras. Por ejemplo, en noviembre, las frutas y verduras en conjunto bajaron 8,56% y el resto de la canasta subió 0,32%. Entonces el resultado ya no es tan alentador. Todo lo contrario había sucedido tres meses antes, en agosto, cuando el IPC subió 1,20%, pero frutas y verduras subieron 11,60% y el resto de la canasta "sólo" 0,74%.

Parece claro que en noviembre operó la ley de la gravedad y esos precios que por razones propias de su mercado, muy particular, volaron en agosto, aterrizaron tres meses después. Ni había sido tan malo el IPC de agosto ni fue tan bueno el de noviembre.

Con relación al IPC viene al caso hacer un comentario adicional: hay veces que uno lee o escucha comentarios o "análisis" sobre la inflación que le hacen pensar que quienes los emiten están aplicados a analizar los aciertos en un juego de azar. El mes pasado, cuando se conoció el dato de la variación del IPC en octubre, y se comprobó que la variación en períodos de 12 meses se ubicaba en 7,02%, fueron habituales las referencias a que se había excedido el límite superior del rango meta del BCU (3% a 7%). Las cosas no van a ser mucho mejores ni mucho peores con el IPC subiendo 7,02% o 6,98% en el año, ni siquiera con variaciones de 7,5%-8% o de 6-6,5%. Sobre todo cuando hay veces que los gobernantes de turno hacen un culto excesivo del número mágico y toman medidas para dar en el blanco y evitar desvíos de la meta, por menores que sean. No es el caso del actual titular del MEF que en sus últimas declaraciones públicas ha restado dramatismo a lo referido a la inflación. No sólo importa la inflación (o lo que varíe el IPC, que no son la misma cosa) sino también la inflación en dólares y los costos (o daños colaterales) de pretender dar religiosamente en el blanco.

Dicho sea de paso, me pareció muy positivo que en la ley de presupuesto a estudio del Parlamento se dejara sin efecto la indexación obligatoria de los salarios públicos (y por ende de las pasividades) para el caso en que el IPC llegara a subir más de 10% en un año.