La granja sigue sin solución

1/1

JULIO PREVE FOLLE

La heterogénea producción llamada genéricamente granjera, se compone de una enorme cantidad de rubros y tipologías de agricultores. Abarca especies llamémosle vulnerables al comercio, así como otras que no lo son, como por ejemplo buena parte de la fruticultura, hoy muy competitiva. Incluye asimismo en todos los rubros a agricultores modestos, pero también a otros muy fuertes económicamente.

Esta diversidad requeriría abordajes de política agrícola diferentes, no sólo para alentar propósitos de desarrollo productivo distintos en todos, sino para hacer justicia a la hora de repartir recursos de la sociedad que, en cambio, hoy se tiran al voleo aplicados a rubros que los precisan y a otros que no, a productores vulnerables y a otros que están muy lejos de serlo.

El gobierno anterior, profundizando lo realizado por el que lo antecedió, volvió a elegir como modelo de política granjera el completo encierro comercial a partir de instrumentos ilegales, tolerables quizás en el 2002 por la enorme crisis, pero luego sostenidos simplemente por la fuerza de los lobbies. En realidad, el único elemento común de todas las producciones granjeras es su sex appeal político, producto de su concentración geográfica en un departamento mítico en las contiendas electorales: se asocia la granja a Canelones, a productores chicos, vulnerables, pobres, lo que no es absolutamente cierto.

NADA CAMBIA. El ministro actual había comentado la necesidad de hacer cambios que estamos esperando. Entretanto, se puede uno entretener con la web del MGAP que difunde lo que llama autorización para importar frutas y hortalizas. La misma señala que luego de oír a una comisión integrada por los propios productores, se liberan los permisos sanitarios (los famosos AFIDI) por una determinada cantidad según especie, para una lista de importadores favorecidos. También se aclara la duración del permiso.

En realidad, el MGAP no tiene ninguna facultad legal para administrar importaciones. Menos aún para hacerlo a través de un certificado sanitario, el cual debería expedirse según la peligrosidad de cada plaga, según especie y país de procedencia. Utilizarlo para determinar quién puede importar, cuánto, y en qué plazo, simplemente es una barbaridad que no me cansaré de denunciar.

Pero hay más. El MGAP anuncia el envío de un proyecto de ley al Parlamento que también convertiría en definitiva otra ilegalidad perpetrada en el 2002. Me refiero al uso del IVA en calidad de arancel, aplicándolo a frutas y verduras importadas, para realizar diversos propósitos con su producido, entre los que se cuenta pagar deudas que ahora se pide no queden topeadas en 50 mil dólares sino que alcancen otras más grandes. Todo esto sería consagrar una barbaridad jurídica, un arancel encubierto que no sólo encarecería las frutas y verduras importadas en el monto que se destinaría vaya a saber a qué, sino que encarecería también a las nacionales que compiten, que se podrían vender en hasta una paridad de importación incrementada por el arancel. En definitiva, más de lo mismo: protección al barrer para ricos y pobres, para rubros vulnerables y competitivos, para productores chicos y para todos los grandes, por ejemplo paperos que es el caso de los más injustos. Esto dicho sin olvidar que Doña Ramona y Don Fermín se hicieron cargo de cuentas de deudores que se propone ahora lo sigan haciendo con otros más grandes.

El problema no es sólo la lamentable calidad técnica de una política que opta por tratar igual lo muy diferente: es sobre todo muy injusto.

PARLAMENTO. En la misma línea, en el parlamento hay un proyecto -el enésimo- de creación de un Instituto de la Granja, con todos los horrores corporativos de sus primos hermanos que otro día trataré, pero que apela nuevamente a la protección aduanera como mecanismo de defensa de la granja. Hay allí diputados por Canelones en una lista en la que entran legisladores de todos los partidos, los que sin la menor imaginación, proponen para la granja lo de siempre: encierro y más encierro, lo que asegura una cada vez más importante desaparición de productores.

Es absolutamente obvio y demostrable que resulta imposible pretender exportar prohibiendo a la vez importar. Esto significa que si el futuro de la granja pasa por la exportación, ello es incompatible con encerrarla, ya que ello entre otras razones la hace funcionar a un precio divorciado del mundo. Así las cosas, toda mejora en la productividad para un mercado interno reducido, sólo cierra con eliminación de productores pequeños y concentración de la producción.

CUÁL RECONVERSIÓN. Esto decía CINVE en informe firmado por el hoy director de OPYPA, Carlos Paolino, cuando fue contratado por el BID para evaluar el Programa de Reconversión de la Granja, uno de los más fuertes del MGAP, que promovía la reconversión a la exportación. El retorno al proteccionismo del 2002 había eliminado la razón de ser de este programa, y las dificultades fiscales habían liquidado su contraparte nacional. Al analizar la falta de cumplimiento de los objetivos del programa, CINVE señalaba como causante: "la profundización de políticas macro sectoriales proteccionistas de corto plazo, en abierta contradicción con los postulados de una granja exportadora como la que proponía el Programa". Y más adelante: "Es evidente que si parte de la producción reconvertida se vuelca al abastecimiento interno se ejercería una presión competitiva sobre los sectores con menores recursos y rezagados técnicamente". Y terminaba concluyendo: "Sin el desarrollo exportador será imposible evitar una mayor marginación de los productores con menor dotación de recursos".

En definitiva, todos los planteos que proponen más protección, no sólo suponen transferencias de recursos a productores que no las necesitan, a rubros que no son sensibles, sino que adicionalmente incorporan a la injusticia la tozudez, el olor a naftalina y la segura tensión sobre los más débiles, como lo señala CINVE y lo afirmaba en el año 2005 el director de OPYPA de hoy junto a otros profesionales. Ojalá sus ideas, que comparto totalmente, se extiendan aunque sea mínimamente. Y que la protección -transparente, temporal, cuantificada, legalmente aceptable- se limite sólo a algunos rubros y a algunos productores; no a la papa ni a la fruticultura por señalar algún ejemplo, ni a todos los productores. Menos aún a los que, en sociedad con la Administración, se benefician de permisos de dudosísima legalidad.