Muchos saben pero pocos hablan. Muchos reclaman haber sido perjudicados, pero conocían a qué tipo de negocio entraban. El Pit-Cnt optó por negar hechos que ahora parecen confirmarse. Mientras, la justicia se toma su tiempo para abordar un tema de proyecciones imprevisibles.

El plan de vivienda sindical sigue siendo una caja de sorpresas. Ahora un hombre de iniciales R.CH.M., denunciado en cuatro causas penales por presunta estafa con las casas del proyecto, tiene algunas cosas para decir. Entre ellas, que su socio en el plan de vivienda sindical era un "representante encubierto" del Pit-Cnt, y que en 2012 un empresario vinculado al negocio destinó dinero a financiar la campaña del entonces coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, a la presidencia del Frente Amplio.

El hombre hizo estas declaraciones en forma voluntaria y ante una escribana pública hace un año en Paraguay. Se ofreció a declarar ante la Justicia uruguaya pero no ha sido convocado pese a que su estado de salud es muy delicado. Su abogado pidió ante el juzgado del Crimen Organizado del juez Néstor Valetti que se cite cuanto antes a su cliente para que su testimonio figure en la denuncia presentada en su contra por una empresa constructora española.

Según dijo a El País el fiscal de Crimen Organizado Gilberto Rodríguez, el poder presentado por el abogado de la denunciante, Gustavo Salle, tiene problemas formales, razón por la cual el expediente volvió al magistrado actuante para que resuelva si asume competencia.

En tanto, el juzgado penal de la jueza Graciela Eustachio tramita tres denuncias penales casi idénticas; la más vieja tiene tres años. Sin embargo, en ninguna de ellas ha declarado el mencionado intermediario.

El programa de vivienda sindical del Pit-Cnt fue concebido en 2011 como un plan perfecto para permitirles a 15.000 trabajadores, nucleados en unas 300 cooperativas, acceder a una vivienda propia, prefabricada, a pagar en módicas cuotas durante varios años. Lo apalancó el Banco Hipotecario a través de un convenio firmado con el Pit-Cnt el 1° de septiembre de 2011, por el cual se comprometió a financiar las viviendas. El plan se lanzó el 8 de noviembre de 2011, y en ese entonces se prometió la construcción en todo el país de miles de casas en no más de tres años. El entonces coordinador y hoy número dos del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, asumió la presidencia del plan. Los dirigentes Eduardo Burgos y Hugo Monza se encargaron de ejecutarlo. El plan quedó solo en manos de militantes comunistas. El sindicato de la construcción no participó y con Fucvam nunca se coordinaron acciones. El Secretariado Ejecutivo nunca estuvo al tanto de los detalles de su funcionamiento hasta que estalló el escándalo a fines de 2013.

Empresarios consultados por El País admitieron que era un "muy buen plan" donde "todos ganaban" y "se beneficiaba a muchos trabajadores".

¿Por qué entonces el plan terminó envuelto en una polémica y con cuatro denuncias penales a cuestas que involucran a personas ajenas al Pit-Cnt pero que exhibieron para los negocios contratos que la central sindical les extendió?

La historia es larga y compleja. Son decenas las personas que de una forma u otra han estado vinculadas al tema. Muchas hablan, pero pocas dan la cara. Ahora, con la declaración de uno de los denunciados, algunas piezas del rompecabezas comienzan a encajar.

¿Cómo llegaron en 2012 dos gestores privados a ser los intermediarios de casi diez mil viviendas del plan del Pit-Cnt ante las empresas constructoras? Según la versión de R.CH.M., cuando retornó desde España en 2011 tomó contacto con Eduardo Burgos por recomendación de su hermano, quien se desempeñaba como cónsul honorario en Vigo.

R.CH.M. tenía la representación de la empresa española Cabisuar, dedicada a la construcción de casas prefabricadas. Un mes después, siempre de acuerdo a su versión, un gestor, viejo militante del Partido Comunista, se le presentó diciendo ser "representante" del Pit-Cnt y le ofreció una sociedad para encaminar el plan.

Según R.CH.M., quien a la postre se convirtió en su socio y con el que estableció una base de operaciones en una vieja y lujosa casona en El Prado, el hombre era en realidad un "representante encubierto" del Pit-Cnt.

Y así nació una extraña y compleja forma de desarrollar el plan de viviendas. Entre 2012 y 2013 Burgos y Monza, juntos o por separado, firmaron en representación del Pit-Cnt contratos con sociedades anónimas que R.CH.M. creaba y presidía (Vivamax, Eximat, Balmey). Esos contratos le otorgaban el poder para negociar entre 3.000 y 4.000 casas cada uno. Con ese documento y el contrato entre el Banco Hipotecario con el Pit-Cnt salían a buscar inversores. Y los conseguían. Por cada mil casas construidas se les ofrecía una ganancia de entre tres y cinco millones de dólares. A cambio, para entrar al negocio, se pedía dinero a cuenta que algunos empresarios, según dijeron a El País, consideraban una "llave" o "donación" que se había tarifado en US$ 300.000.

En diciembre de 2013, antes de publicar la noticia sobre la primera denuncia que vinculaba al plan de vivienda sindical y que fue presentada por una empresaria de Rocha, El País le pidió una entrevista a Burgos, encargado del plan. Al llegar a la sede del Pit-Cnt, Abdala se presentó y dijo que él daría la cara porque él era el presidente del plan. Fue una charla frontal.

—¿Hay contratos firmados por el Pit-Cnt con empresas o sociedades anónimas para construir viviendas?

—Que yo sepa no hay contratos.

—¿Puede haber contratos y que no le conste?

—No, puede haber acuerdos marco.

—Sé que hay contratos firmados por el Pit-Cnt que comprometen mil, dos mil o tres mil casas.

—No me consta.

—¿Qué lugar ocupan R.CH.M. y su socio (se le nombra) en la estructura del plan de vivienda sindical?

—Ninguno.

—¿No ocupan ningún lugar?

—No.

—¿Los conoce?

—No, de antes yo no los conocía.

—¿Y Burgos los conocía?

—No creo que los conociera.

Semanas después, el Secretariado del Pit-Cnt ratificó lo dicho por Abdala. En la declaración que divulgó el 10 de diciembre de 2013, cuando las denuncias penales ya habían tomado estado público, sostuvo que "nunca se autorizó, ni se autorizará, a negociar a terceros en nombre del Pit-Cnt en temas relacionados al plan de vivienda sindical ni a ningún otro tema".

Un año antes de las palabras de Abdala y el Secretariado, Burgos había firmado al menos tres contratos con R.CH.M, y varias fuentes consultadas por El País aseguran que en 2012 Abdala, junto a Burgos, participó de cenas y recorridas por el interior con los gestores que 12 meses después dijo no conocer.

Un caso clave en la historia es el de la sociedad anónima Balmey. El 26 de abril de 2012 una impresora en una oficina de la sede del Pit-Cnt escupía varias copias de un contrato. En la oficina de al lado esperaban el gestor R.CH.M. y un conocido empresario de Tacuarembó, ambos representantes de Balmey. También estaban Monza y Burgos preparados para firmar por el Pit-Cnt y el escribano Dante Herardo López para certificar las rúbricas en tres hojas membretadas del Pit-Cnt. Balmey se hacía de un poder para negociar 4.000 casas, es decir, la posibilidad de ganar entre 12 y 16 millones de dólares.

El Secretariado del Pit-Cnt ha dicho que ni Burgos ni Monza tenían poder para representar a la central sindical.

"Yo certifiqué ese contrato, y si bien no lo recuerdo ahora porque pasaron cuatro años, para poder firmar Burgos y Monza debieron presentar un poder o un acta que los autorizara", dijo el escribano actuante Herardo López a El País. Por su parte, en su declaración en Paraguay, R.CH.M. dice que cuando en aquella instancia se les reclamó el poder, los dirigentes aparecieron con uno firmado por Abdala y Castillo.

Cuatro meses después de firmado el contrato con Balmey todo marchaba viento en popa. Balmey consiguió un financista que prestó US$ 1,8 millones para construir viviendas a cambio de que por cada una de ellas se le pagaran US$ 1.000. A mediados de 2012 Abdala, Burgos, R.CH.M. y su socio (el presunto representante encubierto del Pit-Cnt) compartieron con el empresario de Tacuarembó una cena y hablaron del plan de vivienda sindical hasta entrada la madrugada. Semanas después, el gestor que decía actuar en nombre del Pit-Cnt visitó al empresario tacuaremboense, dedicado al rubro del transporte, y le pidió dinero para pagar la publicidad en televisión de la campaña de Juan Castillo a la presidencia del Frente Amplio. Fueron tres cheques en pesos librados a nombre de tres canales privados de televisión por un monto aproximado de US$ 30.000 en total.

Semanas después, ya pasadas las elecciones, hubo otra cena de la que participaron los mismos comensales y otros invitados, esta vez en una barbacoa de Montevideo. Según varias fuentes que participaron de dichos encuentros y que también asistían asiduamente a la casona de El Prado, Abdala y Burgos "no pueden decir que no conocían a los dos intermediarios" que luego fueron denunciados. "Tal vez no estaban al tanto de que pedían dinero por adelantado, o de lo que hacían con la plata, pero no pueden decir que ignoraban que eran parte del negocio. Se conocían y sabían todo", afirmó una fuente a El País.

El negocio con Balmey terminó mal. No aparecieron las casas ni los interesados en comprarlas y el empresario de Tacuarembó debió hacerse cargo de la deuda con el financista que había prestado dinero. Tampoco le devolvieron el aporte para la campaña de Castillo.

En el juzgado de la jueza Eustachio se encuentran todavía tres denuncias. Una de ellas es de la empresa ecuatoriana Walltech, proveedora de viviendas, que alega que los dos gestores la estafaron en US$ 150.000. El caso ingresó inicialmente en el juzgado de Fanny Cannesa y la magistrada llegó a tomarle declaración a Castillo y Abdala. Sin embargo, luego debió enviar el expediente al juzgado de Eustachio porque ahí se había radicado la primera denuncia, correspondiente a una empresaria de Rocha. La tercera denuncia en ese juzgado (que suman cuatro con la que está en Crimen Organizado) pertenece a la empresa Betilur SA. Hasta ahora, su responsable no había hablado con la prensa.

"Yo declaré en 2014 y le voy a repetir lo que dije en el juzgado. Siempre pensé que estaba tratando con el Pit-Cnt porque ellos se presentaban como representantes del Pit-Cnt, aunque nunca fui a su sede ni vi a Burgos o Abdala. Yo iba a la casa de El Prado. Me ofrecieron construir 1.000 viviendas con una ganancia de US$ 3.000 cada una. Yo tengo una Pyme y era un buen negocio", contó a El País. Firmó contrato con Vivamax SA, otra de las empresas de R.CH.M. que tenía contrato con el Pit-Cnt para proveerle 3.000 viviendas. Se había suscripto el 15 de febrero de 2013, también en la sede de la central y con la firma de Burgos en representación de la misma.

"Vi ese contrato con el Pit-Cnt, vi el contrato con el Banco Hipotecario. No podía salir mal. A la hora de firmar me pidieron US$ 300.000 pero yo no tenía ese dinero. Entonces bajaron a US$ 150.000. Era como una llave para poder participar del negocio. Al final les entregué cheques por US$ 86.000. Yo no sé qué hacían con el dinero pero nunca se construyeron las casas", relató a El País el titular de Betilur SA. Dijo que jamás escuchó hablar de la campaña de Castillo ni vio a Abdala o a Burgos.

La empresaria de Rocha, Susana Nicodella, también firmó con Vivamax y entregó US$ 300.000 repartidos en ocho cheques. Cuando las viviendas comenzaron a demorarse y uno de los documentos por US$ 25.000 intentó ser cobrado por un tercero, Nicodella recurrió a Burgos para que intercediera y se los recuperara.

A fines de 2013, Burgos confirmó a El País que hizo gestiones para recuperar los cheques de Nicodella. "Cuando esta mujer vino detecté que este señor (quien decía ser representante del Pit-Cnt) en nombre nuestro pedía plata, e hicimos una nota firmada por nosotros desvinculándonos de este hombre porque las cosas no se concretaban y vendían humo". Ante los juzgados, el Pit-Cnt se mantiene firme: "Es un lío entre privados", afirma.

Frente a la denuncia civil que por US$ 2.850.000 entabló la empresaria de Rocha contra el Pit-Cnt, la central argumentó ante la Justicia que no puede comparecer por carecer de personería jurídica. Y es verdad. Sin embargo, juristas consultados por El País señalaron que ese argumento es válido "para siempre" y no "cuando conviene". Se refieren a que el Pit-Cnt firmó con el Banco Hipotecario un convenio para que la institución financiara el plan de vivienda sindical. Fue el 1° de septiembre de 2012. Hay quienes sostienen que el BHU no pudo hacerlo. El Pit-Cnt, como tal, también firmó un "Convenio de Acercamiento Institucional" con el Bandes de Venezuela el 10 de diciembre de 2012. El Bandes iba a financiar viviendas pero nunca prosperó el acuerdo.

Vivienda sindical.

El Banco Hipotecario firmó con el Pit-Cnt un contrato para comprometerse a financiar las viviendas del plan sindical. El BHU participaría del "financiamiento de los beneficiarios en forma individual para la adquisición de viviendas comprendidas en el proyecto del Programa de Vivienda Sindical".

En hoja membretada del Pit-Cnt, Eduardo Burgos y Hugo Monza "con facultades suficientes y domicilio en Jackson 1283" firman un convenio con Balmey SA y le otorgan la potestad para negociar 4.000 viviendas. Balmey, integrada por R.CH.M. y un empresario del transporte tenía la representación de Walltech, empresa ecuatoriana que se dedica a las casas prefabricadas y que terminó siendo una de las denunciantes.

El Pit-Cnt y el banco venezolano Bandes firmaron un "convenio" para que la institución financiara viviendas para trabajadores. En el momento de la presentación se habló de construcción de hasta 95.000 dólares. Finalmente el convenio nunca prosperó.

Nuevamente Burgos en representación del Pit-Cnt firma con R.CH.M. un contrato, esta vez el gestor representa a Vivamax y el contrato le permite proveer 3.000 viviendas.

El Secretariado del Pit-Cnt afirma que "nunca autorizó, ni se autorizará, a negociar a terceros en nombre del Pit-Cnt, en temas relacionados con el Plan de Vivienda Sindical ni ningún otro tema. Acusa a terceros de haber actuado con "objetivos especulativos y lucrativos, actuando ilegítimamente en nombre de, pueden involucrar a nuestro Pit-Cnt en situaciones poco cristalinas y de dudosa legalidad".

El exdirigente sindical y exvicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, y el coordinador del Pit-Cnt y dirigente del Partido Comunista, Marcelo Abdala, declararon ante la Justicia en calidad de testigos en el marco de una denuncia por una presunta estafa derivada del plan de vivienda sindical. La denuncia fue presentada por la empresa Walltech S.A., propiedad del magnate ecuatoriano Isidro Romero Carbo, que alegó haber sido víctima de una estafa de US$ 150.000 por un gestor vinculado al Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt.

Uno de los intermediarios denunciados declaró en Paraguay. Dijo que su socio era un "representante encubierto" del Pit-Cnt, dio detalles de quienes participaron del negocio y contó que uno de los empresarios para construir viviendas aportó a la campaña de Juan Castillo como presidente del Frente Amplio.

Hasta el momento hay cuatro denuncias contra dos gestores y el Pit-Cnt. Dos empresas de construcción, una ecuatoriana y otra española, y dos privados, una empresaria de Rocha y el propietario de una Pyme. En total dicen haber sido estafados en unos US$ 650.000.

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