LA HORA DE LA VERDAD

Barcelona clamó por la unidad de España

Hoy el gobierno instrumenta la intervención de Cataluña; hay dudas sobre el acatamiento.

Secesionistas califican de "golpe de Estado" las medidas y anuncian que resistirán. Foto: EFE
Barcelona se llenó de banderas catalanas y españolas por la unidad

Hoy lunes será el día de la verdad para ver hasta qué punto el gobierno español de Mariano Rajoy logra efectivamente el control de la administración en Cataluña, o lo que primará será la "resistencia pacífica" a la que convocó el presidente catalán Carles Puigdemont, destituido el viernes en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Rajoy pondrá en marcha la intervención con la gente movilizada en las calles. Ayer domingo, cientos de miles de personas marcharon en Barcelona en contra de la secesión de Cataluña. Bajo el lema "¡Todos somos Cataluña!" y un mar de banderas españolas y catalanas, la multitud inundó el elegante paseo de Gracia: 300.000 según la policía local, 1 millón según la delegación del gobierno español y 1,1 millones según los organizadores.

En la manifestación, se veían pancartas que afirmaban "Más puentes, no más muros" o "Gracias España, Cataluña te ama", y se oían cánticos de "Viva España" y "Yo soy español, español".

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat catalana. Foto: AFP.
El gobierno ordenó sacar los retratos de Puigdemont de las comisarías catalanas.

Respaldada por los principales partidos no separatistas, la marcha fue convocada por la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), que ya congregó una manifestación masiva después del referéndum inconstitucional sobre la secesión del 1° de octubre.

La manifestación fue encabezada por dirigentes de Ciudadanos (liberales), PSC (socialistas) y PPC (centroderecha), los tres partidos cuyos diputados abandonaron el hemiciclo catalán el viernes antes de la votación de la resolución sobre la independencia de Cataluña, en abierto desacuerdo con la iniciativa. Al término de la marcha tomaron la palabra el exministro del PP Josep Piqué, el ex ministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, y el exlíder del Partido Comunista Español, Paco Frutos.

Años de tensiones entre el gobierno regional y el poder central culminaron el viernes con dos hechos sin precedentes en la España moderna: el Parlamento de Cataluña, con la oposición fuera de sala, declaró la independencia, y el Ejecutivo de Rajoy destituyó al gobierno catalán, disolvió su legislativo y llamó a elecciones regionales para el 21 de diciembre.

"Ha sido una locura que nos ha llevado al precipicio", dijo Álex Ramos, vicepresidente de la SCC, en referencia a la declaración de independencia de Cataluña no reconocida por la comunidad internacional.

"¡Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión!", gritaban en la marcha sobre el presidente regional Carles Puigdemont, destituido el viernes por Rajoy.

"Es un momento dramático en la historia de España, un momento tremendamente difícil y peligroso", advirtió por su parte Borrell, y pidió a los manifestantes "serenidad" para "seguir viviendo juntos".

En la región de Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, la sociedad está dividida a partes iguales sobre la secesión. Y ahora viven en realidades paralelas: unos dan validez a la declaración de la república, otros respiran aliviados tras la intervención del gobierno español.

Por segundo día consecutivo, la región se despertó ayer domingo sin saber quién llevaba las riendas de su administración, en cuyos edificios seguían ondeando las banderas españolas.

Día clave.

Una fecha marcada en rojo en el calendario es hoy lunes 30 de octubre, cuando los dirigentes catalanes destituidos o los diputados del parlamento disuelto podrían intentar volver a sus puestos de trabajo.

También se espera que la Fiscalía española se querelle contra Puigdemont por "rebelión" en los próximos días, un delito penado con hasta 30 años de prisión.

Oficialmente, las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría.

Además de los diputados catalanes, más de 150 altos cargos fueron cesados, la red de embajadas catalanas abiertas en los últimos años cerrada y la cúpula de la policía regional, los Mossos dEsquadra, relevada por órdenes del Ministerio del Interior. Según un portavoz policial, el nuevo comando dio órdenes para retirar la escolta a los dirigentes destituidos, así como las fotografías de Puigdemont de las comisarías. Ayer, los medios españoles informaban de que en el cuerpo de los Mossos había algunos que se negaban a cumplir esta orden.

Es que los líderes independentistas no reconocen su cese. En una carta en el diario El Punt Avui, Oriol Junqueras, el vicepresidente del ejecutivo catalán destituido, aseguró ayer domingo que "el presidente del país es y seguirá siendo Carles Puigdemont".

"No podemos reconocer el golpe de Estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el Partido Popular (de Rajoy) con control remoto desde Madrid", añadió.

Menos explícito fue Puigdemont, quien en un mensaje televisado el sábado, apeló a "la oposición democrática" y "pacífica" a la toma de control del gobierno español.

El dilema electoral.

La convocatoria a elecciones regionales anunciada por Rajoy el viernes desconcertó a los independentistas y les abrió un dilema: ¿participar y darles legitimidad o ausentarse y dejar el terreno libre a los partidos contrarios a la secesión que están ganando terreno?

En caso de no hacerlo los independentistas quedarían fuera de las instituciones autonómicas los próximos años.

A este respecto, el cesado vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, dijo en su artículo de ayer en el diario El Punt Avui que "en los próximos días tendremos que tomar decisiones, y no siempre serán fáciles de entender".

"No tenemos ninguna otra opción que seguir hacia adelante, que acumular fuerzas, que saber encajar los golpes para volvernos a levantar, sin renunciar nunca a las urnas para validar la república, y preparando a la vez unos futuros comicios municipales que deben ser claves en el asentamiento de esta república", añadió.

Junqueras es presidente de ERC (republicanos de izquierda), al que una encuesta del diario El Mundo otorgó ayer la condición de más votado dentro de los secesionistas.

De todos modos, según la encuesta de la consultora Sigma Dos publicada por El Mundo, los partidos independentistas perderían en las elecciones del 21 de diciembre la mayoría absoluta obtenida en septiembre de 2015, pasando de 72 escaños sobre 135 a entre 61 y 65.

En su discurso de ayer domingo, al cierre de la marcha en Barcelona, Borrell pidió que los votantes se presenten en masa en diciembre para garantizar que los partidarios independentistas pierdan el control del parlamento regional.

Las alusiones a la cita en las urnas de diciembre como posibilidad de frenar las ambiciones independentistas fueron frecuentes en la movilización de ayer.

Polémico ofrecimiento de asilo a Puigdemont

La posibilidad de que el presidente catalán Carles Puigdemont reciba asilo político en Bélgica, desató este fin de semana una fuerte reacción española. Al punto que el primer ministro belga, Charles Michel, tuvo que intervenir y pedirle al secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, que no eche "leña al fuego", después de que dijera que Puigdemont puede pedir asilo político en Bélgica. El asilo para Puigdemont "no está en absoluto en el orden del día" del gobierno, aseguró el primer ministro. "Pido a Theo Francken que no eche leña al fuego", agregó. Por su parte el portavoz del Partido Popular español en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, opinó que Francken incumplió los principios de solidaridad y colaboración en la Unión Europea. "Sin tener ningún motivo ni competencias para ello, y adelantándose a cualquier acontecimiento, Francken se permite valorar un posible juicio a Puigdemont haciendo graves acusaciones al sistema judicial español, a la labor de los jueces españoles, y al Estado de derecho en España", dijo González Pons en un comunicado.

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