REFORMA DE LA CAJA MILITAR

"Esta es una reforma política", protestan los oficiales retirados

Advierten que del Hospital Militar se irán unos 500 profesionales, 90 médicos.

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En primera instancia el tribunal resolvió darle US$ 15.000 y en segunda US$ 90.000. Foto: Ariel Colmegna

"Esta no es una reforma económica, es una reforma política. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo". La conclusión a la que arribó el coronel retirado de la Fuerza Aérea José Luis Viñoly resume el pensamiento de unos mil retirados de las tres fuerzas que se reunieron ayer en asamblea para analizar la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) y el impuesto que prepara aplicar el gobierno sobre sus jubilaciones y pensiones.

En muchos de sus discursos los retirados coincidieron en que "atrás de la reforma hay una segunda intención" que es "eliminar a las Fuerzas Armadas", según planteó el exjefe de la aviación José Pedro Malaquín, en tanto el capitán de navío retirado de la Armada Reynaldo de la Fuente aseguró que el gobierno "da la estocada final para eliminar" a la institución militar.

En la asamblea, el coronel del Ejército Ricardo Castromán se quejó de las "posiciones flechadas" en el Parlamento, particularmente en la bancada del Frente Amplio, además de destacar que la senadora Constanza Moreira, a quien no llamó por su nombre sino que la identificó como "la señora de la cabellera amplia", sigue "con su prédica" contra los militares.

En la presentación de las características, el coordinador de las asociaciones de retirados general Hebert Fígoli dijo que el impuesto que se les pretende cobrar, que ellos dicen que es "injusto, confiscatorio e inconstitucional", está colocado con fines económicos "para reducir los problemas de gestión de varias empresas públicas".

Otras coincidencias entre los asambleístas apuntan a señalar que falta una visión global sobre la reforma de las Fuerzas Armadas, algo que planteara esta semana en la comisión de Defensa del Senado el expresidente José Mujica.

Fígoli dijo que esta reforma "comprometerá el futuro" de las Fuerzas Armadas por el "retiro anticipado de una enorme cantidad de personal".

Una de las principales áreas afectadas será Sanidad Militar, respecto a lo cual el coronel Rivera Elgue apuntó que del Hospital Militar se irán unos 500 profesionales, entre médicos (aproximadamente 90), técnicos especialistas y enfermeros.

El coronel Mario Frachelle apuntó que el proyecto "busca la confusión" con la redacción que se le ha dado, y destacó que "nada" de lo planteado por los comandantes en jefe actuales al Poder Ejecutivo fue incluido en el proyecto enviado al Parlamento. Una de las cosas que pretendían era que el impuesto fuera aplicado al personal que ingresara a las fuerzas.

A su vez, Enrique Falco, un capitán retirado de la Armada que es abogado, hizo ver que un mayor número de retiros en las fuerzas "afectará financieramente" al Servicio porque habrá menos aportantes, que es lo contrario de lo que aspira el gobierno.

Fígoli dijo luego que en el gobierno los que armaron el proyecto "juegan con las edades y tiempos de permanencia" en los grados. Un oficial se recibe aproximadamente a los 20 años de edad, llegando al grado de coronel aproximadamente 21 años después. Y si no consigue ascender a general y la ley lo obliga a aportar hasta los 63 años de edad, debería permanecer más de 20 años como coronel, lo que consideraron los retirados que es "un tapón" para la carrera y además algo absurdo.

Mostrándose duro, el general Fígoli sostuvo luego que los retirados "no vamos a negociar ni un milímetro" sobre el impuesto a sus pasividades y pensiones, reiterando que la doble imposición (ya pagan IASS) es "inconstitucional".

En la asamblea, ante la pregunta de un sargento retirado sobre qué pasará con la doble imposición, el capitán Falco adelantó que si se planteara la decisión estaría en manos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dando a entender que se presentarán recursos contra ese doble gravamen.

Uno de los discursos más aplaudidos fue el del teniente general retirado Malaquín, quien dijo sentirse "indignado" por la reforma que encara el gobierno, y que se siente "estigmatizado".

"Hoy tengo que estar acá peleando por un dinero que me gané, un dinero que me asignó el Estado", dijo, en alusión a que las jubilaciones pueden ser altas por decisiones que tomaron los Parlamentos tras la recuperación de la democracia. "Esta reforma no es economicista. Quienes hicieron este proyecto son personas muy capaces y por eso yo tengo derecho a pensar que atrás de esto hay una segunda intención. No quisiera creerlo pero puedo pensar que hay una intención de eliminar las Fuerzas Armadas", sostuvo.

Sugirió que con decisiones del gobierno se le da preferencia a la Policía, tanto en funciones como en equipamiento. "La Policía tiene su misión, distinta a la de defender la soberanía", apuntó, que es de las Fuerzas Armadas.

Hugo Corujo, coronel y también abogado, dijo que "lo más grave" de la reforma es que "cada día se menoscaba el estado de derecho en el país". Y agregó que "si vamos perdiendo eso vamos hacia un estado policial", además de advertir que la doble imposición crea un precedente que se podría aplicar a otros colectivos.

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