Judiciales ahora verán cómo repartir el dinero

El conflicto entra en un impasse hasta luego de la feria.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) tuvo ayer su última marcha del año que dio por cerrado el conflicto con el gobierno, al menos hasta mediados de 2016 cuando vuelva la gimnasia de paros y movilizaciones junto a otros sindicatos del sector público en oportunidad de la Rendición de Cuentas. Los funcionarios aseguran que la partida única que otorgará el Poder Ejecutivo por $ 246 millones (unos US$ 8,5 millones) es "una señal de negociación y de querer entablar diálogos", y que no esperarán "de brazos cruzados a que el gobierno se decida a tenernos en cuenta".

En este sentido fue que en la tarde de ayer varios sindicatos vinculados al Poder Judicial marcharon por 18 de Julio bajo la premisa "en defensa de la Justicia".

Entre los movilizados que cubrieron una extensión de tres cuadras, se encontraban jueces, fiscales, actuarios, trabajadores informáticos, abogados, funcionarios electorales y hasta representantes de la Federación Judicial Argentina.

Durante la oratoria que tuvo lugar frente a Plaza Independencia, por 18 de Julio, Carlos Fessler, presidente de la AFJU, aseguró que "el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo le dieron la espalda a la gente de a pie, a la que menos tiene, y a la que hay que darle soluciones cuando llega a un juzgado (...) Todo esto pasa cuando se le asigna presupuesto cero al Poder Judicial".

Luego, Fessler agregó a El País que "no vamos a desaprovechar esta oportunidad de negociar la partida que nos van a dar, nos abocamos en el espacio que fijó el Ministerio de Trabajo para construir una propuesta en esta división de dinero que está contenido en el ar-tículo 3° de la ley 19.310, pero lo más importante es haber vuelto al ámbito de trabajo con el Poder Ejecutivo para este y otros temas que los judiciales hace tiempo queríamos discutir y trabajar".

Los funcionarios judiciales ya elaboraron una propuesta de distribución de la partida económica que les asignará el Poder Ejecutivo. La idea de los trabajadores es que exista "un reparto que contemple a quienes ganen menos en el Poder Judicial de manera diferente de quienes ganen más; los que cobran menos que reciban un porcentaje mayor de esta partida, esa es nuestra propuesta", aseguró Fessler.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados y Fiscales del Uruguay (AMFU), el juez penal Ricardo Míguez, indicó a El País que ayer jueves hubo una reunión para hablar de cómo se hará el reparto de la partida que asignará el Poder Ejecutivo. "Encontramos varias posiciones que tenemos que analizar", indicó.

Consultado sobre la propuesta de la AFJU de que cobren más aquellos funcionarios que tienen los salarios más sumergidos, Míguez dijo que la posición de los jueces "nunca" fue que a cada uno le correspondiera un 8% de aumento.

Diferentes funcionarios judiciales consultados por El País expresaron su rechazo a que la repartición se haga por porcentajes, "porque de ese modo los que ganan más, como los jueces, van a sacar mayor canti-dad de plata y esa no es la idea", aseguró uno de los entrevistados.

La AFJU se molestó por los comentarios que hizo a la prensa el senador frenteamplista Ernesto Agazzi respecto a la situación presupuestal del Poder Judicial. El senador, al ser consultado sobre la inclusión de algún artículo que contemple a los judiciales en la ley de Presupuesto, dijo: "tarde piaste", dando a entender que llegaron a destiempo a la negociación.

Ayer, sin nombrarlo, pero haciendo alusión al legislador del Frente Amplio, Fessler aseguró que estas "manifestaciones están absolutamente fuera de lugar, no lo voy a mencionar porque las expresiones fueron públicas, voy a dejar que lo valore, que lo mida, porque de alguna manera minimizó el esfuerzo que los funcionarios judiciales hemos hecho desde hace mucho tiempo por abrir una mesa de diálogo".

En tanto, el diputado del Frente Amplio Alfredo Asti cuestionó el miércoles en sesión de Cámara la objetividad del Poder Judicial para deliberar sentencias de inconstitucionalidad en fallos donde los magistrados son "juez y parte".

Última marcha del año