La Suprema Corte de Justicia advierte que viola “principio del juez natural”

Crear juzgados para causas de desaparecidos es inconstitucional

La propuesta del presidente electo Tabaré Vázquez de crear juzgados especialmente dedicados a esclarecer los delitos cometidos durante la dictadura, encuentra un obstáculo antes de materializase: a juicio de la Suprema Corte viola la Constitución.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
El viernes el presidente electo presentó al grupo de trabajo por Verdad y Justicia. Foto: F. Flores

Vázquez anunció el viernes su política sobre derechos humanos, que incluye la creación de la comisión por Verdad y Justicia, que comenzará a funcionar el 1° de marzo e investigará las violaciones a los derechos humanos.

En un documento elaborado por el equipo asesor de Váz-quez en el tema, se menciona la intención del Estado de crear "unidades especializadas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial con jurisdicción para la investigación de denuncias de graves violaciones de derechos humanos".

Consultado por El País sobre la propuesta del futuro gobierno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, afirmó que violaría el debido proceso constitucional por el principio llamado del "juez natural".

Ese principio, consagrado en el artículo 19 de la Constitución, establece que el tribunal debe estar creado y designado con anterioridad a la ocurrencia del hecho que se investigará. Es decir, que una persona solo puede ser juzgada por aquellos tribunales que hayan sido constituidos previamente, prohibiéndose la creación de organismos especiales para juzgar hechos o personas en forma concreta.

La política de derechos humanos llevada adelante por las administraciones del Frente Amplio han enfrentado al gobierno con la Justicia en varias oportunidades. En cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, el Poder Ejecutivo en la ley de Rendición de Cuentas de 2010 (ley 18.834) obligó al Centro de Estudios Judiciales a dar cursos de derechos humanos a los jueces, pero no le asignó recursos y eso para la SCJ es violatorio del principio constitucional de separación de poderes. Por ese motivo, declaró inconstitucional esa ley.

Luego, en 2013 la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley interpretativa de la caducidad, y el mismo mes decidió trasladar a la jueza Mariana Mota de penal (donde llevaba adelante cerca de 50 causas de desaparecidos y homicidios) a civil, lo que motivó un escrache a los ministros de la Suprema Corte y amenazas a los magistrados que debieron extremar las medidas de seguridad.

Finalmente, la Suprema Corte decidió hacer lugar a un recurso del militar Pedro Barneix, a quien la Justicia pretendía imputar por la muerte de Aldo Perrini. Ante la citación de la jueza Beatriz Larrieu (quien sustituyó a Mota), la defensa del militar recurrió la decisión alegando que el delito estaba prescrito. El tribunal de apelaciones le dio la razón a la jueza, ante lo cual, apeló el caso ante la Suprema Corte.

La Corte respondió que no podía darle trámite por cuestiones de formalidad ya que el artículo 269 del Código de Proceso Penal establece que solo se puede recurrir a la Corte cuando la sentencia pone fin a la acción penal, y no era este el caso. Sin embargo, dos meses después la Corte dio marcha atrás y aceptó el caso. Le dio la razón a la defensa de Barneix, en cuánto a que es necesario que la Corte fije postura sobre la prescripción de estos delitos, por lo sensible del tema y porque de ello dependerá el trámite de otras numerosas causas.

Tres bibliotecas en los tribunales de apelaciones


Los cuatro tribunales de apelaciones penales -a los que llegan todas las causas judiciales que se tramitan- tienen tres posiciones sobre la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura. Los tribunales de apelaciones penales de 1° y 3er turno sostienen que los delitos no prescribieron porque con la ley de caducidad vigente no computó la prescripción. Además sostienen que se trata de delitos de lesa humanidad que nunca prescriben. En tanto, el tribunal de apelaciones de 2º turno opina que la ley penal que creó los delitos de lesa humanidad rige a partir de 2006 y no puede aplicarse con retroactividad. El Tribunal de Apelaciones de 4º Turno califica los delitos de homicidio simple y no de delitos de lesa humanidad, pero interpreta que no deben computarse los años de la caducidad.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)