La idea impulsada por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de que se cree una empresa pública que se encargue de realizar la mayor parte de las obras para el Estado que sean medianas y pequeñas, no cayó bien en la Cámara de la Construcción que la percibe como una iniciativa que agranda el Estado y que puede crear una potencial competencia que podría contar con ventajas indebidas.

El director de Arquitectura, Daoiz Uriarte, había dicho a El País que el proyecto de ley está "prácticamente pronto" y se presentará este año para su consideración parlamentaria.

"Hay que entender que el Estado tiene necesidad de hacer obras de urgencia y el sector privado no siempre da respuestas acordes a las necesidades del momento. La empresa privada, por sobre todas las cosas, debe trabajar para los privados y no vivir de lo público", argumentó el funcionario. La idea del ministerio es que esa empresa actúe como "ente testigo" en las licitaciones públicas. Uriarte también argumentó que las direcciones ministeriales no pueden pagar horas extra, lo que conspira contra sus posibilidades de entregar obras en tiempo. Esa dificultad se subsanaría con la creación de una empresa pública.

Pero Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción, dijo a El País que ha propuesto a cuatro gobiernos distintos analizar con la cátedra de Costos de la Facultad de Ingeniería estatal la composición de los costos en la obra pública, pero que el planteo siempre fue rechazado. "Se dice que los privados cobran mucho y bla, bla, pero nunca se pudo hacer una radiografía. Hay que ver el proyecto final (de creación de la empresa pública) pero parece haber una vocación muy clara de ir contra las empresas medianas y pequeñas que hacen obra pública", sostuvo Otegui. Y mostró su inquietud por la posibilidad de que al sector privado le aparezca una competencia que no tenga costos transparentes, que tenga una "reserva de mercado" y cuyas pérdidas queden diluidas y absorbidas por las cuentas generales del Estado. "Por el contrario, si el privado pierde, quiebra", señaló Otegui.

El empresario, que preside la gremial más vinculada a la obra pública, recordó que la "idea no es novedosa" en la medida que ya existió algo similar a lo que ahora se pretende recrear en la Corporación Nacional de Desarrollo hasta 2002, y ese organismo debió ser liquidado. Para Otegui, la creación de una nueva empresa pública, "es desacertada". "Los grandes proyectos de infraestructura, los medianos y los chicos los hicieron los privados que están en todas las canchas", sostuvo Otegui.

El empresario explicó que la construcción en Uruguay tiene tres grandes motores, todos necesarios. El 47% aproximadamente de la actividad la explica la obra realizada por privados que no tiene destino de vivienda, algo más de 26% la obra pública y el resto corresponde a los proyectos inmobiliarios privados. En los últimos 26 meses se perdieron 19.000 empleos en la construcción y la situación se mantendrá parecida en lo que falta del año y parte de 2016 porque los tres "motores" se han desacelerado. Aunque para Otegui Uruguay está "muy lejos" de la crisis de 2002, debe trabajarse en la mejora de la competitividad y de los costos internos y en una mayor inserción internacional. La creación de una empresa pública de la construcción, insistió, puede afectar en este contexto a medianas y pequeñas empresas.

Además, Otegui advirtió que si bien son bienvenidos los anuncios de inversiones en infraestructura por más de US$12.000 millones (un tercio provistos por el sector privado) debe considerarse, con respecto a los fondos estatales, que estos dependen de la votación del Presupuesto Nacional, por lo que hasta ahora "no son más que una intención razonable". Y los recursos privados se canalizarán a obras en la medida que se perfeccione el actual marco legal de los proyectos "público- privados".

"El crecimiento de un país no necesariamente tiene techo, pero también (cuando decrece) es difícil encontrar el piso", advirtió el empresario.

Otro elemento que maneja el Ministerio de Transporte para impulsar la nueva empresa pública es que hay obras que no resultan atractivas para el sector privado. Entre ellas Uriarte mencionó el mantenimiento patrimonial del Estado. La nueva empresa pondrá énfasis en la construcción o refacción de centros de estudio en todo el país. Otra posible obra sería la construcción de un centro modelo para la reclusión de jóvenes infractores para el Inau.

"No creo que alguien pueda sentir que le robamos un pedacito del mercado", consideró Uriarte. En principio la idea no es competir con privados en algo que no sea obra pública, salvo "en alguna actividad de interés social que involucre al patrimonio nacional y en la que la participación sea accesoria", explicó.

El sindicato de la Construcción (Sunca) ve, a priori, con buenos ojos la iniciativa gubernamental aunque no fue consultado. Daniel Diverio, dirigente del sindicato e integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, consideró que la iniciativa "es interesante porque en general los entes testigos ayudan". Según el sindicalista, "pueden ayudar a mejorar los precios porque, sobre todo en la vialidad, hay un grupo de 4 o 5 empresas que son un casi monopolio y es complicado".

El sindicato de la construcción reconoce que hay una pérdida de fuentes de trabajo en el sector de por lo menos 10.000 empleos. Daniel Diverio, dirigente del Sunca, comentó a El País que en noviembre del año pasado había 65.700 trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social y que a mayo pasado esa cantidad se había reducido a 55.000.

"La construcción tuvo históricamente de promedio entre 35.000 y 40.000 empleados y sabíamos que era muy complicado mantener el nivel excepcional al que se llegó en 2013 de 68.000 personas. Pero nos preocupa que haya alternativas para quienes habían comenzado a trabajar en la construcción y que provenían del comercio o de la industria textil donde ganaban $10.000", dijo el sindicalista.

El sector privado cree que una empresa pública se reservaría mercadoJUAN PABLO CORREA