A pesar de las dos visiones que hay en el gobierno de Tabaré Vázquez sobre las leyes sociales, el Banco de Previsión Social (BPS) analizará los datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan sus hijos a estudiar.

En 2014 se dieron de baja 51.000 asignaciones, número que fue descendiendo con el correr de los meses y al culminar el año quedó en la mitad.

El presidente del BPS, Heber Galli, dijo a El País que se analizarán los datos y que en lo que va del año ya se rechazaron 20 solicitudes para asignaciones familiares, justamente porque las personas no tenían los cer-tificados de estudio. "Si no lo traen no se la damos, es así de claro", sentenció.

Galli entiende que es un "error técnico" llamar contraprestación a la atención de salud y a la asistencia a un centro educativo y afirma que son "condición de derecho".

"¿Cuáles son los requisitos para acceder a una asignación? Estar por debajo de un determina umbral de ingreso per cápita, cumplir con lo que da un algoritmo de situación socioeconómica y que los muchachos en edad de estudiar concurran a un centro formal y que los más chiquititos tengan atendida su salud. Esto es lo que yo miro cuando me solicitan una asignación. Es una condición de derecho", explicó.

El tema estuvo en el ojo de la tormenta poco antes que el Frente Amplio iniciara su tercer gobierno, cuando la elegida por el presidente Tabaré Vázquez para ocupar el cargo de ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que no se puede exigir una contraprestación a cambio de las transferencias monetarias que brinda el Mides porque eso implica "culpabilizar" a los beneficiarios.

"La contraprestación lo que hace es culpabilizar, yo te doy esto pero entonces me tenés que cumplir en esto y en lo otro", había dicho Arismendi a El País.

A partir de 2013 la ANEP, el BPS y el Sistema de Información Integrado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) implementaron un plan de cruzamiento de datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan a sus hijos a estudiar. Hasta ese entonces, por más que la condición de derecho estaba en la ley, no se tenía en cuenta.

"Si la familia tiene un golpe de fortuna y cambia su situación socioeconómica, si recibe por herencia una buena vivienda se tiene que suspender. Las personas deben de cumplir con todas las condiciones de derecho, no son contraprestaciones. Y el BPS lo tiene que controlar", insistió Galli.

El gobierno intentará eliminar las diferencias internas que hay sobre las leyes sociales y analiza unificar las transferencias. Para Galli habría que introducir un concepto de "salario familiar" focalizado en los sectores vulnerables o de bajos ingresos.

"Hay quienes preguntan, ¿si no están mandando los gurises a estudiar y les sacás la prestación, van a ir a estudiar si tienen menos recursos? No sé si van a ir, pero si el tema son los recursos deberíamos dar otra discusión. Tendríamos que analizar el tema desde un concep-to más amplio que la asignación que es el salario familiar", opinó Galli.

El concepto "salario familiar" existió en Uruguay hace varios años, hoy lo más similar es la tarjeta Uruguay Social que otorga una transferencia monetaria a aquellos hogares "que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica".

El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplica la prestación ubicándose entre unos $ 1.368 y $ 3.678.

A su vez se dan dos asignaciones, una por la ley 18.227 y otra por la ley 15.084 que tienen montos y condiciones de derecho diferentes (ver detalles en nota aparte).

"Yo creo que hay que unificar y focalizarnos en los sectores vulnerables y de bajos ingresos", agregó Galli.

En el mes de julio la ministra de Desarrollo Social visitó la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, y reconoció que el gobierno trabaja en una especie de unificación de las asignaciones familiares y la tarjeta de Uruguay Social aunque evitó dar mayores detalles.

Según datos del BPS al pasado mes de febrero, el Estado otorgaba 495.000 asignaciones familiares en total: 111.000 a través de la ley 15.084 y 384.000 por la ley 18.227. El monto total que pagó el Estado por ellas fue 441 millones de pesos.

"El número de asignaciones se ha sostenido en el tiempo. También es verdad que se da el fenómeno de traspasamiento de una a la otra. La 18.227 no pone la condición de ser trabajador formal y en la otra sí. Además marcan limites de ingreso del hogar distintos", explicó el presidente del banco.

La asignación es para los niños y adolescentes que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del INAU. Los solicitantes deben presentar

ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes, situación sanitaria y la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza. La asignación familiar se da hasta los 14 años del beneficiario en todos los casos, hasta los 16 cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria, y hasta los 18 cuando curse estudios de nivel superior.

Es para todo empleado de la actividad privada que preste servicios remunerados a terceros y que tenga hijos o menores a su cargo. "El monto mensual a servir por beneficiario no será inferior al 8% (ocho por ciento) del salario mínimo nacional mensual en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo", detalla. Establece que se otorga hasta los 16 años cuando se compruebe que el beneficiario no ha podido completar el ciclo de Educación Primaria, hasta los catorce años por un impedimento plenamente justificado así como también cuando sea hijo de empleado fallecido absolutamente incapacitado para el trabajo o que sufra privación de libertad.

El programa Tarjeta Uruguay Social (TUS) otorga una transferencia monetaria a aquellos hogares "que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica". Tiene como objetivo principal asistir a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad. El valor de la transferencia en su modalidad simple es de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A su vez, a aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplica la prestación ubicándose entre $ 1.368 y $ 3.678. La población objetivo son 60.000 hogares.

En lo que va del año ya se bajaron 20; en 2014 más de 20.000 perdieron el beneficioVIVIANA RUGGIERO