El Banco Central (BCU) impuso nuevas reglas a las empresas de servicios de pago y cobranzas. A través de una circular, informó que tienen 90 días para adoptar normas antilavado y políticas de contingencia para el manejo del dinero.

En el texto fechado el 7 de enero, el BCU comunicó la creación de un registro de entidades que brindan servicios de pago. Hasta ahora estos agentes, nexo entre los clientes y las empresas para el pago de un servicio, no estaban regulados.

La resolución establece que las empresas de cobranza deberán "disponer de los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo". Además, se les solicita la adopción de políticas de contingencia, entrega de balances e información sobre su plan de negocios y accionistas. A su vez, el BCU se reserva la posibilidad de solicitar garantías a las empresas.

El abogado senior de Ferrere, Javier Domínguez, dijo a El País que los cambios introducidos buscan reducir riesgos. "Los sistemas de pagos mueven mucho dinero y el incumplimiento de un intermediario puede causar un riesgo sistémico de importancia que afecte a toda la economía", explicó.

Además, Domínguez indicó que se pretende igualar las condiciones de operación, porque algunas instituciones que brindaban servicios de pago y figuraban inscriptas en el BCU bajo otra modalidad, tenían exigencias que sus competidores no.

El BCU establece excepciones para la inscripción en el nuevo registro (para instituciones emisoras de dinero electrónico entre otras) que abarcarían a las dos principales redes de cobranza. Red Pagos está habilitada como emisora de dinero electrónico y también figura la firma Banico S.A. que tiene igual dirección que Abitab.

Las nuevas reglas afectarán a otras redes de cobranzas, los supermercados que cobran facturas, Antel y su servicio Bit$ para abonar a través del celular y aplicaciones de cobro como Paganza o MercadoPago.

Nueva normativa busca mitigar riesgos en varios aspectos