Ciudades tomadas

1/3

2/3

3/3

Edith Carrera había tomado precauciones, pero fue sorprendida al salir del banco. Un compañero de la fundación para la que trabaja la acompañó a retirar miles de dólares para la ejecución de un proyecto social. Acudió a la sucursal bancaria de un concurrido centro comercial del norte de Quito. Retiró el dinero, pero en 15 minutos lo perdió, sin darse cuenta ni ser sometida con armas.

Jesús Salvador Arias Mariani fue asesinado el 8 de julio, cuando intentó proteger a su nieta de un grupo que asaltaba su panadería, en la avenida Intercomunal Montalbán-La Vega de Caracas. Tenía 56 años y llevaba a la niña en hombros. La versión policial indica que los sujetos que lo mataron pertenecen a una banda cuyo líder fue identificado por el panadero, en un asalto anterior al mismo comercio.

El 28 de marzo, Terrey Seog Huang Menda de 17 años volvía a su casa después de una jornada de trabajo en un supermercado del centro de Montevideo. Eran las once de la noche cuando se bajó del ómnibus en el barrio Lavalleja. Tres menores interceptaron su paso con cuchillos, para robarle la mochila. Él los siguió, intentando recuperar sus libros de estudio. Uno de los menores se dio vuelta y le asestó una puntada letal en el cuello.

En abril, en el bonaerense partido de Lanús, Daniel Capristo, un camionero de 44 años, casado y padre de cuatro hijos, fue asesinado de nueve balazos cuando intentó impedir que un ladrón de 14 años le robara el auto.

Otro más: Hanry Silva Gomes de Siqueira tenía 16 años en 2002 cuando volvía de un partido de fútbol hacia su casa en el Morro da Gamba, una favela de Rio de Janeiro. Fue asesinado por policías que lo llevaron ya muerto a un hospital. Allá informaron que era traficante de drogas y había disparado resistiendo el arresto. Márcia Jachinto, madre de Hanry, cuenta que él jamás usó una arma y que era un estudiante ejemplar. Durante siete años ella investigó sola el crimen y movilizó a la sociedad contra los abusos de la Policía. El año pasado consiguió la condena de dos policías, uno por nueve años y otro a tres años de prisión.

La lista de sucesos que involucran la sensación de inseguridad que gana en la región es interminable. Historias como esas, de apenas cinco capitales latinoamericanas, se repiten en el resto del continente y son reproducidas por la prensa (con mayor y menor grado de sensacionalismo), los políticos opositores y los ciudadanos comunes. Eso ha obligado a que los gobiernos tomen cartas en el asunto, que las campañas electorales -en Uruguay, por ejemplo- tengan la inseguridad como uno de sus temas centrales y que la propia ciudadanía salga a la calle a hacer sentir su disconformidad con lo que sienten es una victoria del bando de los villanos en la batalla por la seguridad.

En Montevideo, horas después de que Huang falleciera en la mesa de operaciones de un hospital, familiares, vecinos y amigos del joven marcharon hacia el Parlamento pidiendo "paz, no violencia y respeto a los derechos humanos".

En Buenos Aires, Facundo Capristo, uno de los hijos del camionero asesinado, se puso al frente de varias movilizaciones para exigir cambios a las leyes penales. Con tan sólo 24 años ocupó el mismo lugar de agitador social que supo cumplir el (falso) ingeniero Blumberg, padre de un joven secuestrado y asesinado, que consiguió movilizar a cientos de miles de argentinos en contra del manejo de la inseguridad por parte del Estado.

Capristo, hoy, dice más o menos lo mismo que Blumberg, cuya estrella fue decayendo hasta desaparecer. "Hay un deterioro permanente en la sociedad", dice Capristo. "Después de lo de mi papá hubo más robos. Lamentablemente, todos los días ocurre algo y los únicos que se benefician son los políticos. Ante esta situación, el Estado está ausente. Las leyes parecen estar hechas para los ladrones. Debemos ser más severos", exhortó.

En el interior de los autobuses de servicio público de Caracas (Venezuela), los pasajeros deben compartir sus viajes con hombres del Ejército para evitar el repentino ataque de los delincuentes. En Ciudad de México (México), los carteles de la droga azotan las calles de la capital azteca con la venta de droga al menudeo y el asesinato selectivo. Y en Lima (Perú) ni el técnico de fútbol Mario Gareca se salvó de una banda de atracadores de origen colombiano que lo siguió hasta su casa después de haber retirado dinero de un banco y allí lo asaltó.

Con el mismo vértigo con que las ciudades latinoamericanas han crecido en el último medio siglo, han aumentado el crimen y la violencia en ellas.

El homicidio, el hurto de vehículos, el atraco a mano armada, la venta de droga o el llamado "secuestro exprés", encabezan las listas de los males que hoy golpean, en mayor o menor escala, a las capitales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Puerto Rico, Uruguay, Perú y Venezuela.

Los gobiernos parecieran no dar abasto para combatir las estructuras criminales que cada vez lucen más organizadas, mejor armadas y con un accionar más violento, fruto en muchos casos del enorme poder corruptor que poseen y de las grietas que en el aparato judicial dejan la impunidad y la falta de justicia.

CARACAS, POR EL DESPEÑADERO. Caracas describe hoy el grado de intensidad y crueldad al que está llegando el crimen urbano en América Latina: 130 homicidios por cada 100 mil habitantes; un incremento del 50% de los secuestros frente al primer semestre del 2008; 60 robos diarios en el transporte público y el asesinato de dos personas cada semana para despojarlas de sus motocicletas, convierten a la capital de la República Bolivariana en una de las urbes más peligrosas del mundo.

Aunque las cifras no son avaladas por el gobierno, datos extraoficiales indican que para el 6 de junio de 2009, 371 personas habían sido secuestradas y se estima que ese número podría llegar a 800 a finales de año.

En otras ciudades, como San Juan de Puerto Rico, es el fenómeno del narcotráfico el que tiene en alza el número de homicidios: 20,4 por cada 100 mil habitantes, el segundo más alto de Estados Unidos, después de Washington, y con posibilidades de que crezca este año.

Contrario a lo que pueden reclamar otras capitales del continente, en San Juan no es la falta de policías lo que justifica los crímenes. Allí existe un policía por cada 233 habitantes (Naciones Unidas recomienda uno por cada 250 personas), muy superior a lo que sucede en Bogotá, donde la media es de un agente por cada 470 personas. "Podemos tener miles de policías más, pero hay delitos que ella no puede evitar. La Policía interviene muchas veces cuando el crimen ya está cometido", dice la demógrafa y ex profesora de la Universidad de Puerto Rico, Judith Rodríguez.

La estrecha relación entre narcotráfico y violencia en San Juan se explica en el hecho de que por la isla pasan cada año entre 5 y 7 toneladas de cocaína, lo que desencadena toda una estructura del crimen que va desde el control del negocio hasta el consumidor habitual que roba para mantener su adicción.

Donde este fenómeno parece haber encontrado terreno abonado y está dejando secuelas preocupantes es en México. A los 547 delitos que en promedio se denuncian cada día, el 30% de ellos clasificados de alto impacto, se suma el poder criminal de los grandes carteles de la droga que han instalado en el Distrito Federal su residencia, su negocio y su poder destructor.

El "narcomenudeo", también conocido en Bogotá como microtráfico, es en gran medida el causante de la ola de violencia que vive el país. "Por mantener el control de sus plazas tratan de amedrentar, de enviar mensajes a través de cuerpos decapitados o ejecuciones", asegura Bernardo Espino del Castillo, coordinador general de delegaciones de la Procuraduría General.

En México, al igual que en Colombia, los grupos de narcotraficantes y organizaciones criminales al margen de la ley, se han apoderado de otros negocios legales e ilegales como la piratería, la extorsión, la prostitución, las apuestas, los juegos de azar, el tráfico de indocumentados y hasta la protección de barrios.

Todos delitos difíciles de controlar cuando se cuenta, como en el caso del DF, con apenas 22 mil policías para una ciudad de 8 millones de habitantes, más los 4 millones de población flotante, según la Secretaría de Seguridad Pública. En el primer semestre de 2009, los residentes en la capital mexicana denunciaron 375 homicidios, 40 secuestros y 13 mil robos de vehículos.

IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN. Pocas ciudades como Río de Janeiro, la segunda más importante de Brasil, han conseguido resumir en dos películas el drama de la delincuencia urbana: milicias, corrupción oficial y crimen callejero.

Las milicias, integradas por narcotraficantes y policías corruptos, controlan extensas áreas pobres de la ciudad y se han apoderado de servicios públicos como el transporte y la TV por cable, lo que les genera ingresos por 180 millones de dólares al año, suficiente para corromper a la autoridad o financiar campañas políticas.

Además del control territorial por parte de organizaciones criminales, a los 6 millones de habitantes de Rio los aterroriza el incremento en el número de asesinatos.

Si bien las muertes pasaron de 4.081 en 1994 a 2.069 el año pasado, el índice de homicidios de hoy (33,2 por 100 mil habitantes) puede no ser real si se tiene en cuenta que el accionar de las bandas de narcotraficantes incluye la desaparición de personas, que pasaron de 1.235 en 1991 a 2.050 en 2008. El 70% de estas desapariciones fueron por homicidio, según la Policía.

Lo anterior, sumado a un fenómeno de corrupción en las filas de la Policía, hace que las estadísticas sean poco confiables incluso para los mismos organismos de seguridad, especialmente por lo que tiene que ver con las llamadas "muertes en enfrentamientos".

Así como Brasil padece con las milicias, Bogotá con el resurgir del sicariato o Quito con bandas especializadas que planean durante meses sus acciones y no temen asesinar a sus víctimas, Buenos Aires tiene en el hurto de vehículos su principal dolor de cabeza.

En el primer trimestre del año este tipo de delito se incrementó un 19,4 por ciento frente al 2008. La mayoría de los robos se producen a mano armada y muchas veces terminan en homicidio. Recientemente, las autoridades capturaron a una banda integrada por menores de edad que en julio había robado seis vehículos.

Para el consultor en temas de seguridad urbana Jairo Libreros, el tema no es de poca monta. En ciudades en las que el crimen organizado aumenta, al poco tiempo comienzan a surgir fenómenos de sicariato. Y es en el hurto de vehículos "donde se afina la capacidad delincuencial, se da paso a las riñas, el ajuste de cuentas y el narcotráfico", dice Libreros tras recordar que fue precisamente en el hurto de autos donde comenzó su accionar criminal el tristemente celebre capo del narcotráfico colombiano Pablo Escobar.

LAS CAUSAS. Analistas y expertos intentan hallar una explicación para el azote criminal del que son víctimas las ciudades y de la percepción de inseguridad que agobia a sus habitantes.

Pese a que hay fenómenos propios de cada capital que explican el por qué de un mayor accionar de cierto tipo de delitos -en Caracas, por ejemplo, se culpa a la "crisis institucional"-, un denominador común para el surgimiento de grupos delincuenciales son las precarias condiciones socio-económicas de los ciudadanos, particularmente los jóvenes.

"En una sociedad que maltrata mucho a adolescentes y jóvenes con procesos de segregación fuerte, no es casualidad que sean ellos quienes reproduzcan con fuerza ciertos fenómenos de la criminalidad", señala Rafael Paternain, director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior de Uruguay.

En el caso portorriqueño el consumo de droga y la "transmisión generacional de la violencia", ha golpeado la escala de valores de la sociedad y ha sembrado el miedo entre la población, a tal punto que hoy la gente prefiere invertir en rejas para sus viviendas y encerrarse como en las "épocas medievales", explica Sonia Sierra, directora de la división de Protección de Víctimas y testigos del Departamento de Justicia.

La corrupción en el interior de los organismos de seguridad no solo se expande como un cáncer que facilita el accionar de los delincuentes sino que llena de dudas y temor a una sociedad que deja de confiar en quienes, constitucionalmente, están llamados a protegerla.

En Rio de Janeiro, dos jefes de la policía civil fueron despedidos y responden a procesos por corrupción; en Caracas, el propio ministro del interior y Justicia, Tareck El Aissami, admitió que funcionarios de la Policía están involucrados en el 20% de los delitos que se cometen; mientras que en Buenos Aires se denunció que en el pasado, para ser jefe de una comisaría de Policía, se tenía que pagar y no perseguir a los "desarmaderos" de autos.

La falta de políticas públicas que combatan eficazmente el crimen en las calles ha llevado a que cada vez más ciudadanos estén ejerciendo justicia por mano propia, lo cual agrava el problema, como de hecho ha sucedido en Uruguay. Allí el homicidio tuvo un incremento del 30%, en la mayoría de los casos por violencia intrafamiliar y justicia propia.

En Bogotá, recientemente un hombre murió luego de que una turba enfurecida de vecinos lo golpeó incesantemente tras ser señalado de haber abusado de una menor de edad.

"El linchamiento es simple y llanamente producto de que la Justicia no entrega los niveles de seguridad que se requieren", afirma Libreros.

De mantenerse esta tendencia en la que el crimen urbano pareciera superar todos los límites y con una ciudadanía atemorizada ya no por lo que pudiera pasar con sus bienes materiales sino con su propia vida, no estará lejos el día en que vuelvan a resurgir liderazgos locales que practiquen la política de la "tolerancia cero".

De acuerdo con Libreros, eso es lo que pasó en los 90 en ciudades como Nueva York, en la que el alcalde Rudolph Giuliani aplicó este tipo de estrategias, especialmente contra los jóvenes.

"El primer ejemplo que podemos mirar -señala Libreros- es el manejo que se le ha dado a grupos de pandillas como los `Mara` en Salvador, donde para combatirlas se pasó de una política de `mano dura` a la `súper mano dura` y ahora van en la `mano de hierro`; se pasará de una política de seguridad ciudadana a una penitenciaria sin que esto signifique una solución verdadera".

El tema está a la orden del día, hace parte de la agenda de las campañas presidenciales que hoy se desarrollan en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia.

Desde los gobiernos locales y nacionales se plantean alternativas bien intencionadas que sin embargo no atacan el origen del problema. Hay que partir del reconocimiento de que las urbes de hoy no son las mismas de hace tres décadas y que demandan nuevas estrategias, recursos y creatividad para hacerles frente a estos males de las ciudades modernas; ciudades que, como en el poema de Kavafis, por más que lo intentemos, estamos condenados a habitarlas. "Aquí terminarás, no esperes nada mejor".

Un equip o de periodistas, integrado por reporteros de los 11 periódicos del Grupo Diarios de América (GDA) realizó este perfil de lo que está pasando con la segurtidad y de las alternativas que se plantean para combatir el hampa. Este especial fue elaborado por periodistas de La Nación de Argentina, O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile, El Tiempo de Colombia, La Nación de Costa Rica, El Comercio de Ecuador, El Universal de México, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de Puerto Rico, El País de Uruguay y El Nacional de Venezuela.