El Parlamento egipcio, controlado por el oficialista Partido Nacional Democrático, prorrogó dos años más a petición del presidente Hosni Mubarak, la Ley de Emergencia, vigente de forma continua desde 1981 y que, salvo 19 años, ha sido la norma desde 1914.
Esta legislación excepcional, condenada sistemáticamente por las fuerzas políticas y civiles así como por las organizaciones de derechos humanos, se ha convertido en el instrumento del régimen para perpetuarse en el poder.
La consecusión de esta situación anula de hecho un gran número de derechos personales, civiles y políticos como el derecho a la huelga, a ser asistido por un abogado en caso de ser detenido o a celebrar mítines políticos.
"El gran problema es que la Ley de Emergencia es un sistema paralelo que da amplios poderes a los cuerpos de seguridad y les permite la violación de los derechos humanos", aseguró Hossam Buhgat, director de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales,
Este sistema da manos libres a los aparatos de seguridad para irrumpir en cualquier vivienda y detener a cualquier persona durante periodos de 45 días y de manera indefinida sin necesidad de notificarlo a las autoridades judiciales, es una patente de corso que el régimen no duda en utilizar contra todo incómodo activista.
Sin embargo, el régimen insiste en que pronto sustituirá esta normativa. El ejecutivo lleva prometiendo desde hace dos años la implantación de esta criticada ley por una "Ley Antiterrorista". La gran justificación por parte del régimen de Mubarak de la Ley de Emergencia ha sido el terrorismo islámico, como el que sufrió Egipto en los años noventa y que resurgió en 2004 y 2005 en dos atentados en Sharm el Sheij y El Cairo. (EFE)