LUCÍA MASSA

"No cuesta más. Tickets más baratos, libertad de elección, y nadie queda afuera". La frase, en negrita y cursiva, figuró en el primer borrador del proyecto de ley de la reforma de la salud que estudió el Parlamento. Esa "libertad de elección" funciona a la perfección para las 10.000 personas que, desde el 2 de enero, se anotan diariamente al Sistema Nacional Integrado de la Salud, el nombre oficial de la reforma de la salud. Pero es la antítesis de la situación en la que se encuentran los 700 mil afiliados que integraban DISSE. Son los trabajadores del sector privado, que no aportan a cajas paraestatales, y que desde 2000 no pueden cambiarse de mutualista.

En la reglamentación de la ley 18.211, que el Poder Ejecutivo publicó el martes pasado, quedó claro que el llamado corralito mutual seguirá vigente por lo menos durante seis meses. Además, cuando se levante, será de forma parcial y se creará un sistema muy similar para los nuevos afiliados al Sistema Nacional Integrado de Salud, que durante tres años no podrán cambiarse de la mutualista que elijan al ingresar, informó Miguel Fernández Galeano, ministro interino de Salud Pública. Para lo único que se establecerá la libre elección, sin condiciones, es para los que quieran cambiarse de una mutualista a un seguro privado, sin importar si son socios nuevos o por DISSE.

"Es llamativo que la ley hable de libertad de elección cuando esa libertad es muy acotada. Se tendría que haber resuelto antes de aplicar la reforma., señaló Alfredo Toledo, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Toledo, que considera que el corralito es un "gran debe" del sistema, se refiere a la libertad de elección establecida en el artículo 50 de la ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ese artículo señala que "la elección de prestador es libre". Pero aunque el texto expresa sus deseos de "libertad", deja la decisión final en manos de la reglamentación posterior, que fue la que anunció el Ministerio de Salud Pública el 8 de enero.

Para los ex afiliados por DISSE, se piensa abrir el corralito de forma gradual y parcial, explicó Fernández Galeano. Eso significa que la posibilidad de cambiarse de institución médica no se va a liberar simultáneamente a todos. Las autoridades establecerán periodos escalonados que tengan en cuenta los años de antigüedad de los socios. El afiliado no tendrá más de un mes para cambiarse de mutualista y, pasado ese lapso, se volverá a implantar la inamovilidad por tres años.

"Tampoco se trata de que las mutualistas se conviertan en una puerta vaivén. Libertad de elección pero la gente después va a tener que quedarse varios años en la institución que elija", sostuvo el ministro interino. Y agregó: "Yo creo que se va a cambiar muy poca gente. Que hay más ruido de querer cambiar que ganas de cambiar. Todo el que entró al FONASA podía cambiar y no se cambió. La gente tiene fidelización con la mutualista, con su médico. Hay muchos factores culturales, sociales. Hay un porcentaje, por eso se habla tanto, pero no es tan grande".

De todas formas, la propia ministra María Julia Muñoz reconoció, a mediados de 2007, que según estudios de Salud Pública el 9% de los afiliados se cambiaría de mutualista si pudiera.

Desde el sindicato médico, Toledo va más lejos y sostiene que el corralito "ni siquiera solucionó el problema para el que se creó". Fue un decreto del gobierno de Jorge Batlle del año 2000 el que prohibió la movilidad de los beneficiarios de la seguridad social. Se buscaba poner fin al negocio de los promotores que le entregan dinero en la mano a los afiliados de determinada mutualista que aceptan cambiarse a la institución para la que ellos trabajan. De esta forma, se genera un flujo permanente que atenta contra la estabilidad de las instituciones. Por eso se creó el corralito. Pero ocho años después, los promotores siguen usando este mecanismo. "La intermediación existe hasta el día de hoy, por eso no se levanta el corralito, pero tendría que buscarse otra alternativa", sostuvo Toledo.

De hecho, el Parlamento aprobó en 2002 la ley 17.549 que tipificó el delito de intermediación financiera. Establece una pena de cuatro a veinticuatro meses de prisión para el que "con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica privada…ofrezca la entrega de dinero".

Desde el Parlamento, el senador Victor Vaillant, integrante de la Comisión de Salud sostuvo que, a futuro, la idea es flexibilizar el corralito. "Progresivamente, con la aplicación de esta ley esperamos que se pueda establecer el corralito por periodos más cortos".

A Toledo le llama la atención que no encuentren otro mecanismo para levantar la inamovilidad. "Creo que con los sistemas informáticos se tiene que poder detectar cuando se dan cambios masivos de una mutualista a otra".

Aunque el nuevo sistema defienda la libertad de elección, la posibilidad de terminar con el corralito no parece figurar en la agenda. "Yo no me animo a afirmar que se va a eliminar algún día", concluyó el senador Vaillant.

Una reforma administrativa

Desde el Sindicato Médico del Uruguay consideran que la reforma de la salud es meramente "administrativa" y que "no ataca el problema de fondo". "Hay algunas modificaciones en las normas, en la organización del sistema pero no se habla del actor principal que es el médico. La forma de trabajo de los médicos es la misma y nos cuesta creer que se pueda hablar realmente de una reforma si no se ataca ese problema", señaló Alfredo Toledo, presidente del SMU.

Toledo sostuvo que mientras no se termine con el multiempleo, "y el médico esté corriendo de un lado para otro", la salud estará en problemas. De todas formas, comparte "los pilares" de la reforma y cree que es "un comienzo para seguir trabajando".

Por otro lado, el presidente del SMU sostiene que no se hicieron los controles necesarios que aseguren que las instituciones están preparadas para recibir afiliaciones masivas, como prevé el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. "Por ejemplo, ahora hubo una afiliación masiva de niños pero nadie controló que la mutualista A tenga los pediatras, las camas y los médicos de guardia necesarios para atender a esos niños".

"¿Realmente seremos capaces de atender a esos niños?", se preguntó Toledo.