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A poco de asumir en marzo de 2004, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó a una comisión mandatada con la difícil meta de encontrar la manera de que España se reconcilie con su represiva historia reciente. Dos años más tarde propuso honrar a las víctimas de la Guerra Civil Española con una ley de memoria histórica, una idea que podría ser el primer reconocimiento oficial, moral y financiero de aquellos que murieron en la guerra civil y los que fueron perseguidos durante la dictadura de Franco.

La ley generó un debate nacional sobre los beneficios de exhumar el pasado. La izquierda dice que la ley no va lo suficientemente lejos. La derecha sostiene que es innecesaria y que solo generará el terreno para más peleas. "La mayoría de los españoles no quieren volver a hablar de la República, ni de Franco, ni creen que hacerlo le sirva a alguien", dijo el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Hasta esta ley, cuya aprobación parlamentaria es un mero trámite, España permanecía como una de las pocas naciones democráticas que aún no han saldado cuentas con su pasado. Alemania puso a los nazis en un tribunal después de la guerra y las siguientes generaciones han discutido lo que sucedió en la era nazi. Sudáfrica le dio a aquellos afectados por el apartheid un mecanismo para reparar sus sufrimiento. Argentina empezó a investigar los asesinatos extrajudiciales de la "guerra sucia" tan pronto como terminó. Incluso Chile, lento para desprenderse de la dictadura de Pinochet, eligió el año pasado como presidenta a una víctima e hija de víctimas de la represión, Michelle Bachelet. Pero la ley española es un intento de reparar el dolor sin abrir viejas heridas. No es un intento para castigar a los victimarios, sino simplemente reconocer a las víctimas.

A diferencia del nazismo, e incluso aunque menos, el stalinismo, el franquismo nunca fue vencido o rechazado. Simplemente murió un día, junto con Franco, en 1975. Tres años de guerra y cuatro décadas de dictadura fueron barridos bajo un acuerdo conocido como el "pacto del olvido". Una amnesia colectiva fue acompañada por una amnistía general para aquellos que sirvieron a Franco y para los que lo combatieron. De la noche a la mañana, muchas calles que honraban al "Generalísimo" fueron cambiadas, cayeron los monumentos fascistas y España se volvió una democracia a pleno y un miembro vibrante de la comunidad europea.

Pero el fracaso de España de lidiar con el legado de Franco, ha significado que muchos españoles parezcan detenidos en una interminable batalla con el recuerdo del dictador. Cuando murió Franco, aquellas regiones oprimidas por los esfuerzos para crear una España unificada -en particular, los catalanes y los vascos- fueron tranquilizadas con generosos acuerdos de autonomía en la nueva Constitución. Ahora la educación, la salud, las políticas y, en el País Vasco en particular, los impuestos, son controlados por las regiones en lugar de Madrid, y cada una de las 17 regiones españolas están demandando más autonomía.

El intento de Franco para disolver las diferencias lingüísticas y culturales aún tensan la economía española. Invirtió fuertemente en Cataluña y el País Vasco en un esfuerzo por construir una industria y alentar la migración interna. Hoy esas regiones están entre las económicamente más poderosas de España. Cataluña, con 15,8% de la población, genera el 20% de la producción española; su propia economía crece más rápido que la de todo el país. La región vasca, con apenas 5% de la población española contribuye con más del 6% del PBI nacional. Pero lejos de estar integradas a España como quería Franco, estas regiones, al igual que Galicia y Valencia, continúan rebelándose contra las metas del dictador alentando a los niños a estudiar en la lengua local y aprender español como una lengua extranjera, una política que ha hecho cada vez más dificultoso para los españoles de otras partes mudarse allí y encontrar trabajo.

Incluso lo más mundano ha sido alcanzado por esta historia: en 2005, Cataluña consiguió su propio dominio de internet -".cat" por Cataluña en lugar de ".es"- y ha hecho lobby, sin éxito, para que su equipo de fútbol sea reconocido como una selección nacional. Pero el legado de Franco está aún más vivo en la política. La sangrienta herencia de la rebelión anti-franquista del grupo separatista vasco ETA ha dejado su marca en cada elección desde la transición a la democracia. Los socialistas, por ejemplo, lucharon contra ETA, pero finalmente fueron derrotados al menos en parte por sus propios esfuerzos corruptos y a veces violentos por frenar el terrorismo. El conservador Partido Popular, fundado por Manuel Fraga Iribarne, un ex ministro de Franco, agitó el conjuro de una España dividida para agitar las aguas.

El fantasma de Franco también persiguió las secuelas del mortal atentado con bomba del 11 de marzo de 2004 en Madrid. El presidente José María Aznar, del Partido Popular, él mismo una víctima de un atentado de ETA, acusó a la banda vasca, aun cuando se acumulaba evidencia de que se trataba de una obra de Al Qaeda. Esa actitud contribuyó a la derrota electoral, unos días después. Su sucesor, Rodríguez Zapatero, estaba convencido que un contragolpe había debilitado a ETA e intentó llegar a un acuerdo de paz. ETA respondió con un atentado mortal en el aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006. Desde entonces, Zapatero intenta sanar las heridas reabiertas.

La paradoja española es que si nadie quiere hacerse cargo por los horrores del franquismo, tampoco nadie llega a olvidarlos. Hay docenas de libros compitiendo con historias de la era de Franco, como Los mitos de la Guerra Civil, un texto revisionista y pro-franquista que cuestiona la idea general de los orígenes de la guerra, y Víctimas de la Guerra Civil, una mirada hacia las ejecuciones, los exilios y los campos de concentración españoles. A su vez, mientras algunos octogenarios esperan hallar a sus hermanos enterrados en fosas comunes, otros aún exhiben orgullosos sus retratos de Franco en sus apartamentos de Madrid.

En España, las opiniones sobre la Guerra Civil y sus secuelas tienden a separarse por la línea divisoria de los partidos. Incluso sus liderazgos reflejan esa dicotomía: el abuelo de Aznar era amigo de Franco, mientras que el de Zapatero fue asesinado por tropas franquistas.