Del otro lado del mostrador

1/1: Fiscal. Enrique Moller trabajó en varios casos de derechos humanos. (El País)

Es gracias a un artículo del presupuesto de 2005 que el fiscal más cuestionado por la izquierda pasó en comisión al despacho de un diputado blanco y trabaja en un importante estudio de abogados de plaza, mientras cobra su sueldo como funcionario del sistema de justicia. Está permitido, aunque algunos pueden ver un peligroso choque de intereses.

Se trata del fiscal penal de 4º Turno Enrique Moller, cuya actuación en expedientes sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, no le ha ganado precisamente amigos dentro del gobierno.

Ahora está en comisión en el despacho del diputado nacionalista, Sergio Botana, y trabaja en ALS Abogados, el estudio del que uno de los socios es el ex vicepresidente, Gonzalo Aguirre. Mientras tanto, tiene su cargo reservado hasta 2010, cuando cesa su pase en comisión, por lo que no puede ser ocupado por nadie más y otros fiscales deben, recargando sus obligaciones, ocuparse de los expedientes de su oficina.

Algunos de esos expedientes pueden ser promovidos por el propio Moller actuando (y cobrando) como abogado defensor -es decir su contraparte-, lo que les está expresamente prohibido a sus colegas.

El artículo 13 de la Ley 17.930 presentado por este Poder Ejecutivo y votado por el Parlamento, permitió que los fiscales pasen en comisión con las prohibiciones e incompatibilidades del organismo de destino y no las de origen. Por eso, Moller dejó de tener las restricciones laborales de los fiscales y pudo comenzar a ejercer la abogacía de manera privada.

"Hay etapas en la vida que consideré superadas, porque en el ministerio público tal como vienen las cosas no se puede esperar más que esto. No se van a abrir fiscalías especializadas en lavado de dinero, terrorismo, corrupción y drogas. Entonces las perspectivas están trancadas y eso, más temas de orden personal y económico con los descuentos que vendrán por la reforma tributaria, me llevaron a tomar esta opción", comentó Moller a Qué Pasa.

El fiscal dijo entender las críticas a que los fiscales pasen en comisión, dejen sus cargos vacantes e incluso puedan ejercer la abogacía como contrapartes de sus colegas en los juicios. "Pero esa ley salió, no fue creada por mi ni mucho menos. Yo la usé un año después que estaba rigiendo, ya habían pasado tres fiscales en comisión. Yo fui el cuarto", afirmó. "Hice uso legal de un instrumento que no fue creado por mi, simplemente es una ley nacional vigente por lo tanto la usé. Fue votada por unanimidad, nadie se opuso", añadió. "Hay algunas iniciativas para derogarlo, pero ya tengo el derecho adquirido y eso es lo que estoy usando".

"La ley Salom"

En las fiscalías y juzgados ese artículo del presupuesto votado en 2005 es llamado con ironía "la ley Salom", en referencia a Cecilia Salom, la pareja del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, que, como fiscal adjunta, fue la primera en hacer uso de este artículo.

Salom pasó en comisión al despacho del diputado socialista Gustavo Bernini (dirigente de AEBU que ingresó al Parlamento tras la renuncia de Guillermo Chifflet) y ejerció la abogacía en el despacho de su pareja. Tras las críticas de legisladores de la oposición y cuestionamientos surgidos de sus propios colegas, Salom renunció a su cargo de fiscal. Continúa trabajando en asesoramiento a la bancada socialista y en el estudio de Fernández.

Para Bernini que no se hable del caso Moller, que en la misma situación que Salom sigue manteniendo el cargo en la fiscalía, revela que todo se trató de una persecución contra la compañera de uno de los hombres fuertes del gobierno. Si bien reconoció que "es discutible", se ratificó a favor de que los fiscales puedan estar en comisión con legisladores y ejercer la abogacía.

"Se dijo que era una ley con nombre y apellido y yo denuncié que era una campaña contra Salom por ser la esposa de Gonzalo Fernández. Ella renunció porque no soportó el manoseo" por este tema, declaró Bernini.

El legislador blanco Jorge Gandini, uno de los más críticos con el caso de Salom, dijo que durante la Rendición de Cuentas en Diputados se planteó derogar el artículo "para subsanar esto y mantener la incompatibilidad de los fiscales".

"Para ello se recogió la redacción propuesta por el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, pero el Frente Amplio votó con contra. Insistiremos en el Senado para que esa norma no rija para los fiscales, porque introduce filiación partidaria en un cargo que debe mostrar neutralidad e independencia", sostuvo.

Gandini señaló que el cuestionado artículo de la ley no se discutió en Diputados, fue introducido en el Senado y luego se votó, "vino de contrabando". Expresó que Moller "está dentro de la norma y no hace nada ilegal, solo utilizó una ley que era para otra persona". Su displicencia hacia el caso Moller es opuesta a su perseverancia para denunciar la situación de Salom.

Desde junio, Moller quedó habilitado para el ejercicio de la abogacía, para lo que debió renunciar a una partida por dedicación total que se le paga a los fiscales. Su sueldo líquido, sin esos beneficios, ronda los 35 mil pesos.

"He tenido ya algunas experiencias que han sido interesantes. Es otra óptica, yo tuve la óptica del juez penal, del fiscal penal y ahora la de la defensa. He conformado las tres partes en estos 20 años de sistema judicial", expresó.

Ya concurrió a algunas audiencias y el encuentro con sus pares fiscales y los jueces penales fue "muy cordial porque siempre me llevé bien con todos. Pero soy un particular más que va a trabajar ahí, no he tenido muchos casos todavía y espero tener muchos, pero ha funcionado como cualquier abogado que va".

Moller piensa que, si los ingresos por el ejercicio de la abogacía se lo permiten, renunciará a la fiscalía. "El pase en comisión es hasta el 14 de febrero de 2010. Todavía no tengo muy claro el tema, pero si todo va bien y puedo llevar esto adelante voy a renunciar, sino quizás vuelva. El pase en comisión tiene eso, es un tiempo y luego hay que decidir". Mientras Moller se decide, seguirá cobrando un sueldo de fiscal y una fiscalía nacional penal estará vacía. Una ley votada por todos los partidos se lo permite.