Demasiado pasivos

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Lo llaman para felicitarlo por su cumpleaños. Le regalan entradas para el cine y el teatro. Le mandan escrupulosos estados de cuenta por mail y por carta con impecable puntualidad. Lo tratan, en fin, como si fuera un ciudadano de primera clase.

Mientras en el Banco de Previsión Social (BPS) usted es un "beneficiario" del Estado, en una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) es un "cliente". Son sociedades anónimas sometidas a un régimen de competencia y por eso deben luchar para conquistarlo como afiliado en base a servicio y rentabilidad.

En una economía como la uruguaya es un asunto consolidado, 11 años después de su puesta en marcha. Al régimen de capitalización en cuentas personales adhirieron 730.105 uruguayos que ya ahorraron 2.692 millones de dólares hasta febrero de 2007.

Hay cuatro empresas en el mercado: República (Banco de Seguros, Banco de Previsión Social y Banco República), Integración (Bandes, Fucac y Grupo Cabal), Unión Capital (Citibank) y Afinidad (Holbah Limited, Santander). A nivel de afiliados la cosa está bastante pareja. En diciembre de 2006, República tenía 265.952 afiliados, Afinidad 198.442, Unión Capital 142.759 e Integración 105.585 cotizantes.

El 65,5% de los fondos ahorrados está en República AFAP. El dinero no está en ninguna caja fuerte de estas sociedades anónimas. El régimen establece que el dinero se encuentra en el Banco Central a salvo de quiebras y fraudes. Las empresas viven de las comisiones por afiliados. Las rentabilidades que ofrecen dependen en gran medida del mercado. El promedio en Uruguay ronda el 1,8%. República AFAP ofrece a sus clientes una rentabilidad de 1,5%, la menor del mercado. Unión Capital 2,2%, la mayor.

Según datos de 2005, por cada 100 pesos depositados en la cuenta, la rentabilidad dejó al trabajador otros 100 pesos más 14, es decir 214 pesos. Uno de los mayores motivos de crítica al régimen, la especulación financiera del que es objeto el multifondo, por ahora es la principal causa de su éxito: apenas 38% del dinero es producto del aporte de los trabajadores. El restante 62% es rentabilidad pura y dura.

La ley 16.713 no permite mover demasiado el dinero y eso también es un motivo de preocupación. El 58,96% de los fondos pertenecen a valores del Estado, 27,93% a valores del Banco Hipotecario e instrumentos de regulación monetaria del Banco Central, 7,22% en depósitos a plazo en instituciones financieras y apenas 1,58% en inversiones productivas (fideicomiso arrocero y lechero), préstamos al consumo y disponibilidades transitorias.

La afiliación sólo es obligatoria para trabajadores menores de 40 años con sueldos superiores a 15.187 pesos. Para muchos afiliados, la jubilación es un hecho lejano y oscuro del que es mejor no estar informado. La ley estableció 60 años de edad y 35 años de servicio para acceder a la jubilación. Pero pocos saben que establece que al cumplir 65 años se puede acceder a la jubilación anticipada sin haber cumplido los años de servicio. El promedio bajará la retribución contributiva.

En Uruguay hay 5.269 trámites de jubilación privada (ver entrevista en página 3). Y aunque cueste creerlo, 725 uruguayos ya cobran por las AFAPs, según datos del Banco de Seguros del Estado (BSE), la única empresa disponible en el mercado para abonar esas pasividades. Unas 566 son jubilaciones y los 169 casos restantes son pensiones por fallecimiento del titular. La cuenta personal se transmite en forma hereditaria.

El sistema no obliga a los mayores de 40 a afiliarse al régimen de capitalización individual. Algunos adherentes de 1996 eran seguramente mayores de 50. En aquel entonces, más allá de los 15.000 pesos quedaban exonerados de tributación. Podría haberles convenido afiliarse únicamente teniendo un alto salario, según una fuente del sector que intenta explicar la situación.

La ley que permitió el funcionamiento de las AFAPs introdujo dos modificaciones sustanciales: la creación de la historia laboral de cada trabajador y la posibilidad de enviar parte del 15% de descuento jubilatorio a las arcas del Banco de Previsión Social y parte a una cuenta individual de la empresa financiera que se elija.

Su aprobación se dio en medio de una fuerte polémica entre partidos políticos. Lo que todos los actores reconocían era que Uruguay debía cambiar su perverso sistema jubilatorio. En 1996, por cada pasivo había 1,5 trabajadores activos. Esa pirámide etaria explicaba en parte el elevado costo y su ineficiencia administrativa. La sistemática rebaja, el topeado y las serias trabas burocráticas al momento de gestionar una jubilación, eran reflejo condicionado de un Estado que luchaba contra sí mismo y contra el déficit endémico del régimen intergeneracional. Los egresos por pasividades representaban 12,5% del Producto Bruto Interno en 1996.

El déficit de la seguridad social era de 630 millones de dólares en 1998 y hoy ronda los 550 millones.

La corrupción del sistema había llegado a tales niveles masivos que uno de cada cinco pesos que se pagaban en jubilaciones era para personas que no habían contribuido jamás, según las conclusiones de un informe sobre la seguridad social uruguaya elaborado por los economistas Marisa Buchelli y Alvaro Forteza.

Alguna periférica amistad política y un testigo más o menos apócrifo era suficiente para obtener el beneficio.

"No había relación entre lo que uno aportaba y lo que uno recibía efectivamente", reconoce el contador Ariel Davrieux, ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. "Todo el sistema permitía que sin ningún aporte uno generase derechos".

Mientras en Chile se creó un sistema de jubilaciones privadas independiente, en Uruguay se buscó una solución "a la uruguaya": un régimen mixto, manteniendo la "solidaridad intergeneracional", pero permitiendo además el ahorro individual.

Juan Berchesi, ex presidente del Banco de Previsión Social y principal articulador de la ley 16.713 da pautas del origen: "reducir el gasto público, mejorar el proceso jubilatorio, dificultar la evasión con las historias laborales y mejores retribuciones, eran el eje de la nueva ley".

Reducir el gasto público está bien. Mejorar el proceso jubilatorio, mucho mejor. ¿Historias laborales? Excelente. Pero, ¿ahorro individual? Para el Frente Amplio fue un debate duro de digerir en 1996. Y también ahora, diez años después, cuando está en el gobierno.

Al único que no se le puede reprochar falta de coherencia es al ministro de Economía Danilo Astori. Su sector, Asamblea Uruguay, fue el único de la izquierda que apoyó la iniciativa de la administración Sanguinetti.

Desde su nueva responsabilidad, Astori sigue defendiendo el proyecto, e incluso quiere profundizar las herramientas de las administradoras de fondos previsionales habilitando nuevas normas que permitan inversión en obras públicas, en sectores privados (cebada cervecera, ganadería, entre otros) y en portafolios en el exterior a distintas rentabilidades, lo que en buen romance supone tener huevos en distintas canastas.

Una alta fuente del Ministerio de Economía lo diagnostica así: "Entiendo que el mercado de capitales en Uruguay no tiene amplitud ni profundidad. El hecho de que prácticamente no se invierta de manera directa al mercado no es privativo de las AFAPs, sino de una característica general de la pobreza de nuestro mercado de capitales. Es necesaria una modernización del marco legal y de la regulación del mercado de capitales, así como una cultura que apunte a una mayor transparencia informativa de las empresas".

Las administradoras privadas chilenas invierten en bonos uruguayos. Pero las uruguayas sólo pueden apostar a los bonos locales. "Los títulos de deuda uruguayos son los activos con mayor seguridad", dijo Fabián Ibarburu, gerente de Unión Capital. Sin embargo, admitió que a nivel internacional son considerados más riesgosos que otros a los cuales las AFAPs no tienen acceso.

Afortunadamente para los ahorristas, durante la crisis de 2002 no perdieron su valor. Se llegó a un acuerdo entre las AFAPs y el gobierno por el cual se corrió el vencimiento de los bonos cuya fecha de cobro estaba próxima. De esa forma se ganó tiempo para que la débil economía uruguaya reflotara y permitió a las AFAPs importantes ganancias que solidificaron su mercado.

Argentina no pudo decir lo mismo. Los papeles públicos perdieron su valor. El gobierno del presidente De la Rúa se declaró en quiebra y declaró la moratoria. Los que habían invertido en bonos argentinos perdieron sus ahorros. Entre los perjudicados estuvieron los trabajadores afiliados a los fondos de pensión llamadas AFJP.

En Uruguay fue al revés. Cuando el riesgo país había pasado los 680 puntos, las AFAPs compraron millones de dólares en bonos locales. Los economistas no se ponen de acuerdo si la compra obedecía a la confianza de una mejora de futuro o intentaba evitar un mayor desplome de los bonos entre cuyos principales tenedores estaban las propias administradoras.

Economistas prestigiosos como Ruben Tansini se preguntan si el gobierno seguirá apostando a los bonos cuando las condiciones macroeconómicas de la región se vuelvan más vulnerables. Sin embargo, para Jorge González Perdomo, de Afinidad AFAP, las crisis como la de 2002 siempre serán épocas de oportunidades. "Vamos a suponer que estamos en 2009 y hay otra crisis. Los inversores del exterior se asustan y venden bonos uruguayos. Tenemos que estar listos para comprarlos. Los bonos siempre vuelven a subir. Se trata de ciclos económicos de alzas y bajas".

En 1996, la cautela explicaba la inmovilidad del dinero. Pero ahora la quietud se explica por las sordas disputas dentro del propio gobierno, a dos aguas entre concepciones antagónicas del modelo de seguridad social. Por un lado Astori y el equipo económico. Por otro, el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, y el gremio de la Seguridad Social.

El ministro Astori ha tenido que sortear estas discusiones aún en foros públicos. Cientos de empresarios y operadores bursátiles fueron testigos del intercambio entre el ministro Astori y el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Bruni, durante la celebración del décimo aniversario de República AFAP en noviembre de 2006. "Yo estuve en contra de las AFAPs en 1996 y lo estoy ahora", dijo Bruni ante el público, minutos después de un discurso elogioso del sistema realizado por Astori, el virtual "primer ministro" del gobierno.

Las escaramuzas oficialistas volvieron a tener un nuevo capítulo la semana pasada. El martes 6, el BPS remitió una carta al Banco Central criticando la divulgación de una "nota técnica" en la cual se destacan "beneficios" del régimen de AFAPs. Esa nota técnica había sido distribuida en forma textual entre los clientes de Unión Capital AFAP el 21 de febrero.

La carta fue enviada con la aprobación de todo el directorio del BPS y apunta directamente al presidente del Central, Walter Cancela. Dicha nota técnica "tiene todas las características de una nota de promoción del régimen de ahorro previo individual en contraposición con el régimen público", según la misiva. "El banco que tendría que estar controlando y cumpliendo con sus cometidos no cumple la ley y busca confrontar las dos opciones", agrega. Para el BPS, el documento "contiene inexactitudes, falta de actualización de datos y carencia de análisis completos". En el momento de la divulgación de la queja oficial, Cancela se encontraba de vacaciones en Europa, pero a su regreso prometió contestar la comunicación acerca de la polémica "nota técnica". ¿Habrá nuevos rounds? Quién sabe.

La polémica "nota" destaca varios puntos: 1) jubilación anticipada a los 65 años (a pesar de no tener 35 de trabajo reconocido), 2) la jubilación individual no está sujeta a topes, 3) la cuenta de capitalización tiene carácter hereditario, 4) devolución de aportes para trabajadores con altos ingresos (superiores a 45.562 pesos), 5) crecimiento de jubilación futura para los de bajos ingresos. Optar por la AFAP, permitirá que las remuneraciones al BPS se multipliquen por 1.5 a los efectos del sueldo básico jubilatorio, asegura el mailing oficialista.

Los entusiastas de las AFAPs suman a este panorama el hecho de que el dinero está en manos de inversores profesionales. El problema es que esos mismos inversores han dedicado en la última década el dinero de los trabajadores a maquillar el déficit del Estado. Menos de 1% está invertida en proyectos productivos.

El economista Walter Cancela, hoy cuestionado por ser un bastión a favor de las AFAPs, supo criticar el financiamiento del déficit fiscal por medio de las administradoras de fondos previsionales. "La asignación forzosa de los ahorros de los trabajadores ya está determinada en la ley, porque ésta obliga a la inversión en títulos públicos. Se han destinado a financiar los déficits fiscales originados por las incapacidades de gestión de este gobierno", dijo el opositor Cancela sobre la gestión del gobierno colorado. En la actualidad, los fondos previsionales siguen financiado al Estado. Y el Estado sigue dando pérdidas.

Ernesto Murro, un opositor desde siempre del sistema de AFAPs, fue nombrado por este gobierno presidente del Banco de Previsión Social, lo cual resultó toda una señal. En 1996, Murro integraba el directorio del BPS en representación de los trabajadores sindicalizados. "En la discusión parlamentaria que aprobó la ley me dejaron hablar sólo 20 minutos", se queja Murro.

Hay otras voces que se suman al debate. En los cajones de los directores del BPS está guardado un documento de José Luis Rossi Laures, ex presidente del Consejo Central de Asignaciones Familiares, que quiere ser la base de un debate para erradicar el sistema de AFAPs.

Retirado hace tiempo de la actividad, Rossi escribió un proyecto denominado Capitalismo Popular Hereditario. Fondo de Capitalización Jubilatoria, que plantea una alternativa al régimen de AFAPs. Los fondos de capitalización pasarían a manos del BPS y de una comisión de asesoramiento financiero integrada por los presidentes del Banco Central, Banco República y Banco de Seguros del Estado.

Se mantendrían las cuentas personales que serían depositadas en el Banco República. Como ventajas, Rossi describe en su exposición de motivos que las jubilaciones no tendrían topes, descuentos, no sufrirían comisiones, ni gastos operativos. Mantendrían su carácter hereditario y los fondos podrían ser utilizados en obras públicas, de acuerdo a las nuevas normativas. Se conferiría al BPS la reglamentación del sistema.

El plan tiene algunos problemas. Para empezar los derechos adquiridos de las empresas -detrás de las cuales hay poderosos grupos económicos de nivel mundial-, lo que expondría al país a un desmejoramiento de su imagen de seriedad, sin mencionar la alta probabilidad de juicios multimillonarios contra el Estado por el cambio de las reglas de juego.

Los opositores a las AFAPs no han presentado ningún proyecto alternativo. Para los más moderados será cuestión de apostar a República AFAP e ir sacando a las empresas privadas a fuerza de mejores condiciones de rentabilidad. El lucro que rige al sector privado podría ofrecer el efecto limpiador que pretenden los impugnantes.

Las AFAPs se defienden diciendo que un mercado pequeño como el uruguayo siempre es difícil. En más de diez años de seguridad social privada, las empresas debieron fusionarse para sobrevivir (Unión y Capital, Santander y Comercial). Marcelo Ibarburu, gerente de Unión Capital, estima que los resultados acumulados de las AFAPs han sido negativos en dos millones de dólares. "Las AFAPs privadas son las que peores resultados han acumulado, es decir que si bien están dando ganancias y distribuyendo dividendos, todavía no han recuperado el dinero de sus accionistas".

Aunque no se divise en el horizonte, retirarse del mercado siempre es una opción. Así sucedió, por ejemplo, en el mercado de las compañías aseguradoras, que en el esquema de la ley iban a ser las encargadas de pagar las jubilaciones privadas. Al momento de jubilarse, el afiliado debe elegir una aseguradora que le pague. Su cuenta personal es transferida a la empresa de seguros. Pero hay un problema. En la actualidad, sólo existe el Banco de Seguros del Estado (BSE). Berchesi señala que el BSE "ha puesto un precio con el cual las aseguradoras privadas no pueden competir". Al principio de la gestión estaban habilitadas el Banco de Seguros del Estado, Surco Compañía Cooperativa, American Life y Real Uruguaya de Seguros. La única sobreviviente es la estatal. El resto se mandó mudar.

El sindicalista del BPS, Oscar Moreno, ve en esa realidad una prueba de la superioridad del Estado frente a las empresas privadas. Jorge González Perdomo, gerente de Afinidad AFAP, explica este hecho de otra forma. Las compañías aseguradoras contratan un reaseguro en el exterior como forma de garantía. "Ese costo se traslada al afiliado; no forma parte del costo de administración que sí cobran las AFAPs. Es un costo similar al de un contrato de seguro de incapacidad total o parcial. Es un costo para beneficio del afiliado, que ante una contigencia de vida está cubierto".

Contra los precios no hay nada qué hacer. Respecto al monopolio de hecho que pone en tela de juicio todo el sistema, González Perdomo opinó: "No tenemos conocimiento del manejo que hace la industria del seguro. Pero en el caso del BSE aparentemente no se reasegura en el exterior, y por lo tanto no tiene costo extra".

La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) no está en las cuestiones macroeconómicas. Prefiere centrarse en las cuestiones más terrenales. El presidente del gremio, Mario Argenta, aseguró que la batalla no estará en los pizarrones bursátiles, en las tasas de interés, en las rentabilidades. El destino del sistema jubilatorio se juega en la opinión pública, según él.

Para Argenta, las administradoras no asesoran a los trabajadores. Los engañan enviándoles promotores que están a comisión por afiliado. "Las AFAPs se enteran que están empleando gente en alguna empresa, van y les dicen que es obligatorio", agrega Oscar Moreno de ATSS.

Para él, una prueba de que el engaño es masivo se explica en los números. Tres de cada cuatro afiliados a las AFAPs (74%) ganan menos del salario mínimo estipulado como factor obligatorio, según datos oficiales difundidos en febrero de 2007 por el Banco Central.

Una rápida recorrida por los mostradores de las cuatro empresas pone en duda esa situación. A los empleados que ganan menos de 15.187 pesos no se les recomienda específicamente el ingreso al régimen privado.

Jorge González Perdomo, de Afinidad AFAP, admitió que los trabajadores no siempre toman la mejor decisión: "como la jubilación se ve como algo lejano, no de efecto inmediato, los trabajadores se desinteresan. Es bastante común encontrarnos con personas mayores de 40 años a las que no les recomendamos entrar a la AFAP. Por supuesto, la conveniencia de afiliarse siempre va a estar sujeta a cómo evolucionen en el futuro sus ingresos. No podemos encarar a la gente con propuestas negativas y menos a esa edad".

ATSS peleará primero por asesorar a los trabajadores para evitar que ingresen a las AFAPs. Harán campañas en empresas, en sindicatos, en organizaciones sociales y hasta en lugares de concurrencia masiva. La Rural del Prado será el punto de partida en la estrategia durante esta semana de Turismo.

El segundo paso será juntar firmas entre los ya afiliados para solicitar al Poder Ejecutivo un nuevo período de desafiliación voluntaria, similar al que firmó el ex presidente Jorge Batlle el 30 de diciembre de 2004. En un corto período se desafiliaron 5.000 uruguayos.

El sindicato ya tiene las papeletas prontas. Son idénticas a las que empleó el BPS para desafiliar a fines de 2004 y principios de 2005. "La idea es juntar varios miles de firmas y entregarlas al gobierno. Lo bueno es que ahí no habrá política. Será el reclamo de ciudadanos con nombre y apellido", explica Argenta.

En diciembre de 2004, la población fue tomada de sorpresa por la medida de Batlle. Diego Delgado fue uno de los tantos que optó por salirse de las AFAPs y trasladar sus ahorros de ocho años al BPS. Tenía 45 años en 1996 y entró con dudas. Cuando se abrió el período especial fue al BPS y a su AFAP. Utilizando un software especial en ambos lugares le recomendaron desafiliarse (Unión Capital lo ofrece en su web: https://imagen.unioncapital.com.uy/Calculo/cotizador2.asp). Llenó un formulario e inmediatamente sus fondos fueron transferidos al BPS, donde se licuarán en el sistema de reparto y solidaridad intergeneracional.

En febrero de 2007, las empresas privadas habían acordado unirse para promover y darle un nuevo impulso al sistema al entrar en la segunda década de funcionamiento. Las disputas internas en el gobierno obligaron a una baja de los decibeles en el oficialismo (el Ministerio de Economía mandó a callar a todos sus potenciales voceros), lo cual convenció a las AFAPs de que la mejor estrategia será el bajo perfil y un silencioso alineamiento con el Poder Ejecutivo.

Después de una década de bregar contra el sistema de AFAPs, Murro sostiene que no está dicha la última palabra: "Será la sociedad la que decida cuál será la organización de las jubilaciones" (ver entrevista).

Para Juan Berchesi, ideólogo de las AFAPs, no hay ninguna señal del gobierno "tendiente a eliminar" el sistema. "Hay gente que habla en contra pero no es representativa del gobierno", dice Berchesi, sin nombrar a Murro. Las disputas entre Berchesi y Murro siguieron durante este gobierno y terminaron con la destitución de Berchesi como presidente de República AFAP.

Para los opositores de las AFAPs, 2007 es un buen momento para abrir el debate público y 2009 podría ser el año clave para plebiscitar la ley 16.173.

Por ahora, el Poder Ejecutivo sólo piensa en modificaciones de parámetros básicos: años mínimos de aportación, edad para acceder a la pasividad y tasas de reemplazo, admitió una fuente del Ministerio de Economía.

Los 35 años de servicio obligatorio es un aspecto que todos coinciden en señalar que habrá que modificar. El estudio de Forteza y Buchelli sostiene que sólo uno de cada seis uruguayos cumplirá con las exigencias y logrará cobrar las dos jubilaciones algún día.

Las variables de ajuste serán discutidas por las dos partes en pugna. En el medio, más de la mitad de la población económicamente activa uruguaya, afiliada a las AFAPs, es rehén del debate y espera soluciones concretas de futuro. Pero en Uruguay nunca se sabe.

Aunque las críticas arrecian contra el régimen mixto de jubilaciones, las administradoras se defienden argumentando que pese a los dividendos repartidos aún no han podido recuperar dos millones de dólares de la inversión inicial.