MARCELA MORETTI

¿Qué pasó? Hechos 2006

ENTRE SETIEMBRE Y OCTUBRE la Dirección General Impositiva (DGI) pisó fuerte por primera vez en las dos principales zonas francas del país. Fueron acciones de control al estilo del director Eduardo Zaidensztat, quien había advertido que quizás iba a llegar tarde pero que cuando llegara iba a mirar para atrás. Y lo hizo. Conquistó Zonamérica con la conocida "Operación Cristóbal Colón" y luego llegó hasta Zona Franca Florida SA con la discreta "Operación Miami". En los dos casos detectó irregularidades de usuarios en el uso del sistema de excepción con el objetivo de evadir el Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC).

La mayoría de las empresas en falta reconoció sus infracciones tributarias y aceptó pagar la reliquidación del impuesto con multas y recargos. Como se trata de "gente muy potente", al decir de Zaidensztat, pagaron al contado y tuvieron el beneficio de una reducción de la multa del 20% al 10% y una baja de diez puntos en la tasa de interés de los recargos. Pero hubo otros que no quisieron arreglar con la Impositiva. Para ellos la DGI está trabajando en otra alternativa. El departamento jurídico de la oficina recaudadora está analizando la posibilidad de enviar al Área de Zonas Francas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la información que permite comprobar el uso incorrecto de las franquicias fiscales para que esa repartición, que es la competente, decida si corresponde revocar esos permisos.

"El principio de la realidad nos permitió constatar que se dejaban utilidades de ventas generadas en territorio uruguayo en empresas de papel instaladas en las zonas francas para evadir el pago del IRIC", explicó Zaidensztat. Al hablar de empresas de papel se refiere a aquellas que no tienen actividad real dentro de la zona y sólo manejan documentación que sirve para ocultar ganancias que deberían pagar el impuesto.

En declaraciones para un informe publicado el sábado 2 de setiembre, el director de Zonamérica, Orlando Dovat, había hablado de fallas en los controles y había sembrado dudas sobre los controles de la Impositiva: "la DGI no controla las zonas francas, las controla el Área de Zonas Francas (...) Acá la DGI vino una vez".

Y resultó que la Impositiva fue de nuevo. El viernes 1° de setiembre los inspectores llegaron a la zona franca capitalina y días después a Florida luego de un trabajo de "cruzamiento de datos", según relató Zaidensztat. En el lugar, la revisión de datos se remontó hasta 2003, año en el que un decreto le otorgó a la DGI la competencia de realizar "auditorías, inspecciones y en general todo tipo de controles relativos a las existencias, movimientos y circulación de mercaderías y otros bienes".

La estrategia planteada llevó a la DGI a empezar por las zonas de Montevideo y Florida porque son las que tienen mayor movimiento y además sus perfiles son bien distintos. Zonamérica, la número uno del sector, concentra empresas de servicios y exportadores, mientras que en Florida predomina la actividad comercial y de importaciones. Amparado en el secreto tributario, Zaidensztat no dio detalles, pero informó que las irregularidades se constataron en firmas de distintos giros: laboratorios químicos, curtiembres, proveedores de agroquímicos e importadores de vestimenta. Y habló de maniobras millonarias en dólares.

Ni Dovat, director de Zonamérica, ni Marcelo Fergenal, gerente de Florida, quisieron hablar sobre el trabajo de la Impositiva en sus empresas. Y la DGI tampoco precisó si los dos explotadores -que están a cargo de la administración de las zonas y de brindar servicios a los usuarios, o sea las empresas instaladas allí- estuvieron involucrados de alguna forma en las irregularidades.

La mira de Zaidensztat sigue y seguirá puesta sobre todos esos rincones aparte del país (hay diez zonas francas incluyendo las plantas de celulosa de Botnia y Ence) que no serán afectados por la reforma tributaria que se aprobará en julio, ya que allí no rigen los impuestos actuales ni los que vendrán y tampoco existen los monopolios públicos. Esas son las características que hacen que se instalen allí empresas que nunca elegirían a Uruguay. Es claro en el caso de Zonamérica, que se convirtió en un parque tecnológico que aloja a distintas multinacionales y emplea cerca de 5.000 personas.

Asuntos pendientes

Mientras la DGI cruzaba la frontera para investigar adentro de los territorios sin aduana, el Área de Zonas Francas exigía información a explotadores y usuarios para armar un mapa real de la importancia del sistema para la economía. En setiembre el Instituto Nacional de Estadística ya había iniciado la recolección de datos (empleo, inversión, renta y comercio), pero no fue fácil.

"Tuvimos que aprobar una resolución severa por la lentitud de los encuestados para remitir la información. No sabemos por qué era, pero había cierta dificultad. Se impusieron sanciones para los que no contestan y parece que están surtiendo efecto", afirmó el director general de Comercio, Fernando Antía, de quien depende el Área de Zonas Francas. La idea es que en marzo o abril la encuesta esté completa y se pueda realizar el primer análisis de los resultados. Esto permitirá, entre otras cosas, que la actividad de las zonas sume al producto interno bruto nacional y que las personas que allí trabajan sean tomadas en cuenta para medir la tasa de empleo.

La encuesta es uno de los temas pendientes pero hay más asuntos en carpeta. Tras decidir el traslado de su planta de Fray Bentos a Colonia, Ence solicitó un plazo de 120 días en el Área de Zonas Francas para presentar el nuevo proyecto, renunciar a la licencia anterior y pedir una definitiva. Los 120 días siguen corriendo.

También continúan en marcha las solicitudes de franquicia para instalar dos nuevas zonas en Montevideo, una pegada al Montevideo Shopping y otra en Aguada. Aunque Zonamérica se opone a los proyectos porque dice que saldrá perjudicada, sobre todo por la ubicación (las nuevas estarán en plena ciudad mientras que Zonamérica está en las afueras de Montevideo), Antía afirmó que "las dos siguen en carrera y ya están en la etapa del borrador de resolución que las aprobaría". Parece que en 2007 Uruguay tendrá 12 islas fiscales.