La ilegalidad del fútbol

Leonardo Haberkorn

Cuando se recuperó la democracia y el 15 de febrero de 1985 volvió a asumir un Poder Legislativo electo por el pueblo, una de las primeras leyes que se sancionó fue la llamada Ley de Convalidación, la Ley 15.738.

La norma fue redactada por el senador Gonzalo Aguirre y su objetivo fue el de eliminar las disposiciones más arbitrarias o inconstitucionales sancionadas por el Consejo de Estado durante la dictadura, y revalidar el resto de los decretos-ley.

"Eliminamos las cosas más disparatadas, que serían una docena, y la mayoría de los decretos-ley quedaron vigentes", recordó Aguirre.

La misma solución se usó al salir de otros procesos dictatoriales, porque es imposible que un país se quede de un día para otro sin toda la legislación que regula cada aspecto de su vida cotidiana.

Así hoy muchos decretos-ley sancionados por el Consejo de Estado están vigentes y se aplican cotidianamente, sin que a nadie le parezca que eso tenga algo de malo. Por ejemplo, la Ley 14.219 sobre arrendamientos urbanos, sancionada en 1974, es empleada miles de veces cada semana. O la Ley 15.524 que rige el modo de funcionar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O todo el Código Tributario.

Hay una ley, sin embargo, que no fue derogada por el Parlamento, pero que tampoco se cumple. Es la Ley 14.996 conocida como Ley del Deporte, que existe, está vigente, pero nadie parece reparar en las groseras violaciones que sufre.

El proyecto fue remitido al Consejo de Estado el 28 de diciembre de 1979 y la ley fue sancionada el 26 de marzo de 1980.

Es interesante leer la fundamentación de motivos de aquel "decreto-ley". Al parecer quien lo redactó sabía qué rumbo estaban tomando las cosas en el mundo del fútbol e intentaron evitarlo.

Escribieron que el desarrollo del profesionalismo había llevado al deportista a relegar a un plano secundario el ideal olímpico.

"Los cuantiosos intereses que se mueven alrededor del deporte han provocado otras consecuencias no menos perniciosas", agregó quien escribió la ley. Entre esos efectos negativos, se citan la crisis económica de las instituciones, la progresiva desnaturalización de los valores que rigen el deporte y "la proliferación de toda suerte de empresarios, contratistas e intermediarios que, enquistándose en el deporte, lucran inmoderadamente con el tráfico de deportistas, a costa, generalmente, de su independencia y libertad de trabajo".

"El deportista resulta en la práctica víctima, casi siempre, de un juego de intereses que le desborda por completo y que le relega al papel de mero objeto de la negociación que le involucra", se sostiene.

Peor aun, se escribía en 1979 cuando Paco Casal todavía era futbolista, "han aparecido recientemente en nuestro medio, como consecuencia de la situación de penuria económica por la que atraviesan casi todas las instituciones deportivas, una variedad de intermediarios, verdaderos intermediarios-prestamistas, que, como contrapartida de cierta prestación de su parte, se hacen ceder por el club beneficiario el derecho a transferir en su exclusivo provecho a uno o más jugadores, convirtiéndose de tal modo —por obra y gracia de un convenio privado, en el que no siempre participa el jugador— en dueño casi absoluto del destino profesional de este último".

Por todo lo anterior, el artículo 2 de la Ley 14.996 estableció: "Prohíbense todas las cesiones de derechos sobre la prestación de la actividad de un deportista o sobre su transferencia, efectuadas por las instituciones afiliadas a la asociaciones o federaciones reconocidas oficialmente (...) en favor de personas físicas, o de personas morales que no revistan la indicada naturaleza".

Es decir, los clubes no pueden ceder a personas particulares las "fichas" de sus futbolistas.

A tal punto la ley no se cumple hoy, que todos los días en todos los medios de prensa se habla de jugadores que pertenecen a Fulano o a Mengano, o que Zutano colocará aquí o allá, todo un tráfico humano expresamente prohibido por la ley. Lo dicen los propios clubes. Lo dicen los propios futbolistas. Lo dicen los propios "contratistas". Pocas veces un delito es confesado tantas veces en público sin que nada ocurra.

Hasta tal punto los futbolistas "pertenecen" expresamente a "personas particulares", que esos señores les indican qué día deben ir a determinado club o qué día deben abandonarlo, no importa si el club juega al otro día la final de la copa del mundo. ¡Incluso les indican cuándo y cómo deben abandonar el país!

Una nota en esta edición ilustra hasta qué punto puede llegar el trato de mercadería que reciben los futbolistas mientras persiguen la quimera del pase millonario.

Ha sido denunciado en este mismo suplemento cómo algunos padres que sueñan con que sus hijos los saquen de la pobreza, "venden" a sus hijos ya desde niños a los contratistas.

Muchos de estos personajes, algunos entrenadores y hasta los propios padres aconsejan a los niños y adolescentes que dejen los estudios, porque les quitan tiempo para el fútbol.

Así llegamos al triste espectáculo de ver a jóvenes semianalfabetos que no saben responder por sí mismos si un contrato millonario es bueno o malo, o que salen a lloriquear en la prensa porque están padeciendo las consecuencias obvias, lógicas y legales del camino que ellos mismos eligieron seguir por mandato de sus "dueños".

Uruguay necesita algunas leyes nuevas: una ley que regule cómo se financia la política, por poner un solo ejemplo.

Pero también necesita que las leyes que ya existen se cumplan. Se supone que para eso existen los fiscales. Y para eso existe la Justicia.