Bolivia en su laberinto

Marcela Aguilar y Karina Vargas, El Mercurio de Chile, Grupo de Diarios América

"La zona no está acostumbrada a estas situaciones, no podemos permitir que las marchas lleguen a nuestro barrio. Preferimos pagar a ver el caos en este lugar. Hemos entregado dinero a la Policía, para que se resguarde eficientemente este sector". Las palabras atropelladas de Susana Márquez, publicadas en el diario boliviano La Prensa hace unas semanas, reflejan el terror que vivieron los bolivianos más pudientes: que el conflicto que se esparcía por las calles y que finalmente derrocó al presidente llegara a tocar, en algún momento, sus vidas cotidianas.

Porque mientras los soldados y los manifestantes en su mayoría indígenas se enfrentaban en las esquinas de El Alto y La Paz, los barrios residenciales del sur de la capital y ciudades orientales, como Santa Cruz, seguían con su rutina, como si formaran parte de otro país. La gran preocupación de ese momento era que las autoridades no pudiesen controlar el descontento y que las masas rabiosas arrasaran con los barrios exclusivos. Para evitarlo, "la elite estuvo dispuesta incluso a sacrificar al presidente", afirma el sociólogo boliviano Pablo Mamani.

En un detallado análisis del conflicto, Mamani pone el acento en el abismo que separa a la gran masa indígena, pobre e inculta, que constituye el 51% de la población, del grupo dirigente blanco y mestizo. "Cuando las señoras o caballeros ‘distinguidos’ toman los minibuses que transitan entre La Paz y El Alto, suelen usar en casos extremos perfumes desodorantes, para tratar de hacer desaparecer el olor y posiblemente el color del resto de los pasajeros. Una mujer aimara que trabajaba en la zona sur me ha comentado también que ‘los caballeros y los evangelistas después de dar la mano para despedirse, a media cuadra se lavan con alcohol’".

Las mujeres indígenas se instalan en las esquinas de La Paz a vender sus panes y frutas. Vestidas con sus faldas multicolores y sus sombreros hongo, con sus bebés colgando de las espaldas, son una imagen atractiva para el turista. Sin embargo, esas mismas mujeres, que hablan con dificultad el español, parten cada noche hacia sus casuchas en El Alto, donde con suerte cuentan con agua potable y alcantarillado. Allí, la mitad de la población (321.807 personas) vive en la pobreza, y el desempleo llega al 25% (la tasa nacional es de 8,5%). Según el Centro de Estudios para el Desarrollo, el 36% carece de servicios sanitarios, el 14% no tiene electricidad y hay 2,7 personas por dormitorio.

Se trata de familias que provienen de las zonas mineras de Oruro, Potosí y Cochabamba. Debieron instalarse en El Alto, que es como un gran campamento junto a la capital, porque las minas donde trabajaban cerraron o disminuyeron su producción. Desde fuera, parece una situación lógica: el estaño ya no se vendía bien en el mercado internacional y el Estado no podía subsidiar a las minas para que siguieran funcionando. Pero para estos trabajadores lo que ocurrió fue, simplemente, que de un día para otro los echaron a la calle, sin otras ofertas de trabajo y sin alguna capacitación que les permitiera incorporarse a otro rubro.

Con dificultad sus hijos sobreviven en estos barrios: uno de cada seis niños bolivianos muere antes de la adolescencia, debido a enfermedades perfectamente curables.

Las diferencias entre el sur y el norte de La Paz, el oriente y el occidente del país, son impresionantes también en términos estadísticos. El país ya es pobre, con un PBI de apenas 7.800 millones de dólares en 2002, pero la pobreza se concentra en las zonas rurales indígenas donde el 82% de la población no puede siquiera comprar los alimentos básicos. La reforma agraria de 1952 repartió cuatro millones de hectáreas entre los campesinos, terrenos tan pequeños que son imposibles de explotar comercialmente por separado. En la zona oriental del país el panorama cambia, y la tierra se divide en grandes latifundios que sí son rentables. El 87% de la superficie agrícola está en manos del 7% de los propietarios.

Datos del Banco Mundial muestran que los indígenas ganan menos de la mitad del salario promedio de un no indígena. La razón principal es su escasa educación y casi nula capacitación. Los indios bolivianos tienen en promedio tres años menos de escolaridad que los blancos y mestizos, incluso los más pobres. A esto se suma el problema del idioma, ya que muchos niños no asisten a la escuela y por eso no aprenden a hablar español fluidamente, y la discriminación laboral: los empleadores se resisten a contratar indígenas porque aseguran que son "impredecibles, y que frente a situaciones de mucha presión (laboral o social, entre compañeros que no los aceptan) suelen abandonar sus puestos y no volver". Una situación que también podría resolverse si los indígenas tuvieran mejores herramientas para enfrentar su trabajo.

Aprovechando la ola

Analistas internacionales coinciden en que la enorme desigualdad entre las dos Bolivias está en la base no sólo del último conflicto, sino de todos los anteriores, como la llamada "guerra del agua", en que las protestas consiguieron revertir la privatización de una empresa sanitaria, o la "guerra del Chapare", en que los campesinos cocaleros resistieron la eliminación de sus cultivos.

"La mayoría de la población, indígena y pobre, ha sido excluida económicamente. Está cansada de esperar", afirma la cientista política de la Universidad de Tennessee y experta en Bolivia, Donna Lee Van Cott.

A este descontento, que ha existido siempre en el país, se suma el surgimiento de liderazgos indígenas nacionalistas, como Evo Morales y Felipe Quispe, que cuentan con respaldo logístico y financiero internacional. Ambos proponen el fin del modelo neoliberal y el regreso a las formas de organización propias de los pueblos originarios. Un proyecto que ha conseguido el apoyo de diversos grupos antiglobalización, pero que los propios bolivianos no indígenas observan con temor.

Evo Morales, el carismático líder cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), sacó los mayores réditos internacionales tras la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde Cochabamba, su voz y su figura dieron la vuelta al mundo en las cadenas internacionales para hablar del momento que atravesaba el país.

Sin embargo, los analistas bolivianos aseguran que no fue él la cabeza de un movimiento que atravesó a la sociedad boliviana y, que en sus últimos momentos, no hizo distinciones de clases sociales. El descontento y el convencimiento de que no había más cabida para Sánchez de Lozada, eran generalizados, y Morales sólo aprovechó la oportunidad para aparecer en los medios como el gran líder.

Tampoco tuvo ese carácter el dirigente campesino y diputado Felipe Quispe, apodado "Mallku", quien tras la asunción de Carlos Mesa siguió atrincherado en su reducto de Achacachi, en el corazón del Altiplano boliviano, y advirtió que no habría tregua. Incluso mantuvo los bloqueos en esa zona del país. Tal como lo hizo con Sánchez de Lozada, Quispe pronosticó el derrocamiento del nuevo mandatario, aunque luego se rindió ante el sentimiento mayoritario de colaboración hacia el nuevo gobierno.

La historiadora Paula Peña no cree que el proceso que vivió la democracia boliviana haya fortalecido a la dirigencia indígena. "Lo que hubo fue un movimiento espontáneo de gente que no respondía a estos grupos, y un ejemplo fue la movilización ciudadana liderada por la ex defensora del Pueblo, Ana María Romero".

El constitucionalista José Antonio de Chazal coincide: "Vivimos el fin de un ciclo histórico en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (el partido de Sánchez de Lozada) y el fortalecimiento del movimiento indígena. Sin embargo, y pese a su poder de convocatoria, el movimiento indígena se quiebra internamente por las ambiciones de sus dirigentes".

Por ello, su mayor debilidad es que tan pronto como se levanta, puede caer. Y por ello, no fue el movimiento que definió el cambio presidencial. No obstante, "hay que reconocer que Quispe inició la movilización y el MAS la capitalizó. Ahora el ‘Mallku’ quiere capitalizar, pero no tiene claro cómo".

Si el MAS apoya al nuevo gobierno del presidente Carlos Mesa, es un factor de tranquilidad. Pero no hay que perder de vista que el golpe definitivo fue de "una masa no organizada, que surgió espontáneamente", asegura el constitucionalista, "donde no hay cabezas y que puede ser muy peligrosa si se sale de control".

Ante este panorama, lo que sorprende no es que Sánchez de Lozada haya caído, sino que haya durado tanto tiempo. El ex presidente era, para los líderes indígenas, un claro representante de la dominación estadounidense sobre la elite del país. Empresario, educado en el país del norte y hasta con acento gringo, gozaba de la confianza de los inversionistas extranjeros, pero era él mismo un extranjero para su gente.

Mesa, el nuevo presidente, sin partido político ni apoyo parlamentario que lo respalde, ha demostrado en cambio tener una conexión más cercana con el sentir popular. De hecho, durante las protestas tuvo el buen tino de distanciarse de Sánchez de Lozada y criticar la violencia con que las fuerzas militares reprimían a los manifestantes.

En el primer día de su mandato, Mesa subió a El Alto para participar de un homenaje a los caídos y, de paso, transmitir un mensaje de unidad al país. Periodista e historiador, residente de la zona sur de La Paz, resaltaba con su traje y su corbata entre los cientos de indígenas vestidos con sus ropas multicolores. "Las cosas ocurridas tienen que ser evaluadas y sancionadas según lo que ocurrió. Mi compromiso es: ni olvido ni venganza, sino justicia para los muertos", prometió el nuevo presidente.

Fue tanta la euforia que concitó, que Felipe Quispe se lanzó a abrazarlo, y los líderes de la confederación campesina anunciaron 90 días de tregua para el gobierno.

La lectura del politólogo boliviano Carlos Toranzos es que "la gente sabe que hay problemas severos, pero hay una actitud colectiva de colaboración y de esperanza si es que tiene un gobierno que logre articular la ética con la política".

Un sentimiento que comparte Esther Medina, a 950 kilómetros de La Paz. Esta ama de casa vive en Santa Cruz, en la "otra Bolivia", esa zona del país donde la "normalidad" se mantuvo. Esther, como el resto de los bolivianos, se pregunta qué curso tomará el país, ahora que la política tradicional, defensora de la economía de mercado y la democracia representativa, aparece superada por los nuevos movimientos como el MAS de Evo Morales y el MIP de Quispe.

"Me parece bien que Carlos Mesa sea presidente, pero lo mismo que le pasó a Gonzalo Sánchez le puede suceder a él. El gas se debe vender a quien sea, que no pase igual que con el litio, que no pudimos sacarlo nunca. La sangre que se derramó vale mucho", advierte Esther.

Por ello, el nuevo presidente habló de la "refundación" del país. Un concepto que nació en el Oriente. José Antonio de Chazal, rector de la Universidad Privada de Santa Cruz, advierte que Mesa es lo suficientemente inteligente como para saber que la transición y la sucesión constitucional fueron posibles gracias al Oriente. Además, necesita contar con el apoyo del sector productivo para tener éxito y hoy éste concentra su mayor fuerza en el departamento de Santa Cruz.

El primer paso del presidente ha sido rodearse de independientes. Y los empresarios le han dado su voto de confianza. "Lo más urgente es crear empleos y esto se logra reactivando al sector exportador que hoy tiene buenos mercados, pero marginalmente aprovechados", dice el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

Sin embargo, no será fácil.

Muchos empresarios apenas comienzan a cuantificar sus pérdidas. Es el caso de Marcos Iberklein, propietario de Ametex, la mayor empresa de textiles del país, que tiene 3.000 trabajadores. La eclosión social le impidió cumplir varios contratos y puede dejarlo sin algunos de sus mejores clientes. Hoy se lamenta. "Habrá que trabajar mucho para superar la hecatombe que ha sufrido el sistema económico. Se ha perdido la credibilidad ganada en años de esfuerzo".

Habrá que ver si Mesa es capaz de enfrentar los conflictos que se han acumulado históricamente en el país, sin descuidar los problemas urgentes, como la crisis económica con un alto desempleo y una recesión que ya dura cinco años.

Si bien el actual presidente no ha hablado de plazos para normalizar la marcha del país, ya hay fuerzas políticas que le están pidiendo que se quede hasta el 2007, para completar el mandato de Sánchez de Lozada.

Cualquiera sea la decisión final, el desafío es integrar al gobierno a las fuerzas indigenistas dispuestas a participar dentro del actual marco político y económico. El abrazo con Quispe fue un buen síntoma.