Caos duradero

Andrea Tutté

El 7 de octubre se cumplieron dos años del inicio de la "Operación Libertad Duradera", el ataque aéreo liderado por Estados Unidos que derribó al régimen fundamentalista talibán en Afganistán. El aniversario pasó sin pena ni gloria: ni los afganos ni los estadounidenses estaban con ánimo de festejar.

Estados Unidos, que acusaba al régimen afgano de ayudar a los responsables de los atentados del 11 de Setiembre, no logró capturar al mullah Omar, líder de los talibanes, ni a su huésped Osama bin Laden, jefe de la red terrorista Al Qaeda. Tampoco concretó por ahora su objetivo de convertir a Afganistán en un país estable y democrático.

Muchos de los afganos, que saludaron con alivio la caída de los talibanes, se hallan hoy bajo el dominio de caudillos locales casi tan despóticos como aquellos. El presidente interino no logra hacer sentir su autoridad más allá de Kabul, la capital. Los planes de celebrar elecciones democráticas en junio de 2004 peligran porque no hay nada parecido a un padrón electoral.

Mientras tanto, la pobreza no cede y la producción de opio ha vuelto a representar la mitad del escuálido Producto Bruto Interno. La estimación corresponde al Fondo Monetario Internacional, que en setiembre advirtió que Afganistán corre el riesgo de convertirse en "un narcoestado en el que todas las instituciones legítimas serán penetradas por el poder y la riqueza de los traficantes".

A todo esto, la seguridad brilla por su ausencia. Desde comienzos de agosto, más de 300 personas, incluyendo trabajadores humanitarios, soldados estadounidenses y combatientes talibanes, han muerto en hechos de violencia.

El 8 de octubre, un día después del aniversario de la "Operación Libertad Duradera", estalló un sangriento combate entre dos poderosos jefes militares y sus respectivos ejércitos, que se enfrentaron con tanques y artillería pesada en Faizabad, en el norte. Si bien no quedó claro el balance de víctimas, el bando del general Atta Muhammad, de etnia tayika, reportó 50 bajas entre muertos y heridos.

Al día siguiente, en Lashkargar, en el sur, dos desconocidos lanzaron una granada contra la oficina de una organización humanitaria italiana, que causó grandes daños.

El 10 de octubre, 41 talibanes, entre ellos media docena de importantes figuras del antiguo régimen, escaparon de una cárcel de Kandahar.

El 11, un centro de entrenamiento del ejército afgano cerca de Kabul —supuestamente la zona más segura del país— fue atacado a tiros por desconocidos que hirieron a un soldado estadounidense.

El 12, supuestos talibanes mataron siete personas en una oficina pública.

Y la lista sigue.

Hoy hay en Afganistán 12.500 soldados de la coalición liderada por Estados Unidos, pero su misión, más que mantener la seguridad, se limita a buscar presuntos miembros de Al Qaeda en el sur del país. Mientras tanto, una fuerza de 5.000 hombres de la OTAN, bajo mandato de la ONU, cuida de Kabul y sus alrededores.

Consciente de que con esto no alcanza ni remotamente para mantener la paz en el país, el Consejo de Seguridad de la ONU votó el 13 de octubre ampliar la misión de la OTAN. Alemania ya ofreció 450 hombres adicionales, pero hasta ahora ningún otro país la ha secundado.

Tierra arrasada

Es innegable que la situación en Afganistán mejoró en el primer año tras la caída de los talibanes. Para empezar, poseer un televisor o afeitarse dejaron de ser pecados que se pagaban con la muerte. Alentados por las promesas de reconstrucción, más de dos millones de refugiados regresaron al país. La economía creció un 20% (y aún así siguió siendo paupérrima).

Al mismo tiempo, unos tres millones de niños volvieron a la escuela, el doble de lo que la ONU esperaba. La prohibición del trabajo femenino fue eliminada. En teoría, las mujeres también se liberaron de la obligación de andar cubiertas de pies a cabeza con un enorme manto llamado burqa (aunque muchas lo siguen usando: algunas por convicción religiosa y otras por temor al castigo de alguno de los miles de fanáticos que andan sueltos).

Pero los logros alcanzados palidecen en comparación con lo que queda por hacer. El país, que antes de la invasión soviética de 1979 ya era uno de los más pobres del mundo, se encuentra devastado tras un cuarto de siglo en el que primero soportó una guerra de liberación, luego una guerra civil, más tarde el gobierno talibán y finalmente —por ahora— el bombardeo estadounidense. Los últimos tres años consecutivos de sequía no han hecho más que empeorar las cosas. Hoy, según el Banco Mundial, la expectativa de vida entre los afganos ronda los 40 años.

Tras la Operación Libertad Duradera, analistas de organismos internacionales estimaron que la reconstrucción de Afganistán podía costar entre 8.300 y 12.200 millones de dólares a lo largo de cinco años. En una conferencia realizada en Tokio en 2001, diversos países donantes acordaron destinarle 5.200 millones para todo ese período.

De los 2.100 millones prometidos para los primeros 15 meses, finalmente se entregó la mayor parte, 1.800 millones. Pero la lentitud con que llegaron hizo que el propio presidente Hamid Karzai se quejara –teniendo el buen cuidado de no sonar desagradecido– ante los foros internacionales.

Además, según un cálculo de la organización humanitaria CARE, la ayuda de posguerra promedió unos 67 dólares anuales por afgano, bastante menos que en Timor Oriental y Ruanda y muchísimo menos que en Kosovo o Bosnia. Y entre el 50 y el 70% del dinero no fue para obras de reconstrucción de infraestructura sino para insumos urgentes: comidas, medicamentos y toda clase de artículos desesperadamente necesitados por la población.

Como resultado, la mayor parte de Afganistán sigue estando en ruinas. Sólo tres de las 32 provincias del país están comunicadas por teléfono con la capital. Por falta de recursos, 180 escuelas cerraron en 2003 y 4.000 maestros fueron despedidos. Y la atención médica es precaria, incluso casi inexistente.

Gobierno débil

Si la reconstrucción material de Afganistán avanza a paso de tortuga, la reconstrucción política no va mucho más rápido.

En diciembre de 2001, las principales facciones afganas acordaron establecer un gobierno interino encabezado por Karzai, perteneciente a la mayoritaria etnia pastún y apoyado por Estados Unidos.

En junio de 2002, una loya jirga (asamblea tribal) confirmó a Karzai como presidente, puso plazo hasta fines de 2003 para redactar una constitución y fijó elecciones para junio de 2004.

Sin embargo, este último plazo parece difícil de cumplir, ya que no se sabe cuántos habitantes tiene Afganistán —se estima que son unos 22 millones— ni cómo están distribuidos, ni a qué etnias pertenecen, por lo que lograr un gobierno representativo surgido de unos comicios limpios parece imposible.

Pero el principal problema de Karzai es que no le resulta nada fácil imponer su autoridad en la totalidad del país, al punto que el analista Larry P. Goodson, autor del libro Afganistán, la guerra sin fin, cree que el presidente corre el riesgo de convertirse simplemente en "el alcalde de Kabul".

El gobierno central apenas tiene una fuerza de 9.000 policías para imponer el orden. Mientras tanto, gran parte del territorio se encuentra repartido entre decenas de "señores de la guerra", caudillos con ejércitos privados que suman, entre todos, unos 100.000 combatientes muy bien pertrechados (en parte, gracias a las armas que les suministró Estados Unidos para luchar contra los soviéticos primero y contra los talibanes después).

La semana pasada, Karzai aprobó una ley que impediría participar de las próximas elecciones a estos caudillos, a menos que disuelvan sus milicias privadas. Pero no está claro si esta ley podrá implementarse, ya que los "señores de la guerra" tienen un considerable poder de presión sobre el gobierno central.

Su poderío no es sólo militar, sino también económico, ya que los jefes regionales muchas veces guardan para sí los impuestos que deberían remitir al gobierno central.

Un informe del Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudio con sede en Washington, señala que Ismail Khan, poderoso jefe de la provincia norteña de Herat, recolectó en 2002 unos 100 millones de dólares pero sólo entregó diez al gobierno.

Los económicos, sin embargo, son los menos graves de los problemas que acarrea la debilidad del gobierno. Según Amnistía Internacional, la falta de seguridad y recursos, sumadas a la escasa autoridad de Karzai, hacen que la población civil afgana quede rehén de las facciones armadas y de las operaciones militares estadounidenses.

En su informe 2002, Amnistía constató algunos avances en Afganistán tras la derrota de los talibanes, pero también denunció que se siguen cometiendo múltiples y graves violaciones de los derechos humanos.

Por ejemplo, cita la existencia de cárceles "no oficiales" controladas por milicias armadas en las que se tortura, muertos en la represión violenta de manifestaciones, largas detenciones sin cargos, cinco condenas a muerte en procesos sin garantías y frecuente hostigamiento y violencia sexual contra las mujeres.

También destaca su preocupación por los 700.000 desplazados que hay en el país, muchos de ellos de la etnia pastún, "víctimas de abusos generalizados" y persecución en las zonas norteñas de mayoría tayika y uzbeka.

Vuelven los talibanes

Mientras las rivalidades entre los "señores de la guerra" contribuyen a la inseguridad en el norte del país, en el sur y sudeste, en la frontera con Pakistán, el problema es otro.

Allí, rebeldes talibanes y milicianos de Al Qaeda lanzan ataques cada vez más temerarios contra estaciones de policía, trabajadores humanitarios y fuerzas estadounidenses.

"Hay un problema evidente de seguridad en el sur y el sudeste, es innegable", admitió el 7 de octubre el enviado especial del presidente George W. Bush a Afganistán, Zalmay Jalilzaid, quien predijo "ataques espectaculares".

Los propios talibanes lo han anunciado también. A mediados de setiembre, sus comandantes se reunieron con su líder espiritual, el mullah Omar, y decidieron intensificar sus ataques.

El resultado de la reunión fue anunciado por uno de los comandantes talibanes, el mullah Sabir, el 24 de setiembre. Ese mismo día, como para demostrar que la decisión iba en serio, ocho misiles cayeron sobre la base estadounidense de Shkin, en el sudeste.

"Shkin es el peor puesto del país. Es la región donde perdimos más hombres, y donde es más intensa la actividad contra la coalición", afirmó el coronel Rodney Davis al informar sobre el ataque.

Al día siguiente, el 25 de setiembre, hubo un ataque con granadas contra el auto del jefe de policía de la provincia de Laghman. Dejó dos civiles heridos.

Laghman es un bastión del líder islamista Gulbuddin Hekmatyar, buscado por Washington por terrorista, y líder del movimiento Hezb I Islami.

Folletos atribuidos a Hezb I Islami y repartidos en la provincia prometen una recompensa de 1.000 dólares por la muerte de un occidental o el robo de un vehículo de una organización internacional.

De hecho, en muchas partes de Afganistán recrudecieron los ataques contra los grupos humanitarios, muchos de los cuales han decidido no ingresar a las zonas más peligrosas del sur. Así, cientos de miles de afganos quedaron rehenes de los talibanes y sin acceso, o con acceso muy restringido, a la ayuda humanitaria.

"En setiembre de 2002, había un ataque a mano armada contra los operadores humanitarios una vez por mes. Actualmente, el promedio es de un ataque cada dos días", afirmó un reciente comunicado de Acbaar, la organización que nuclea a un centenar de agencias nacionales e internacionales que operan en el país.

Este año, un trabajador de la Cruz Roja fue ejecutado por los talibanes. En agosto, la ONU suspendió los traslados por tierra en el sur y sudeste del país, por considerarlos demasiado peligrosos. Y el 8 de setiembre, cuatro empleados afganos de una ONG danesa fueron asesinados por presuntos talibanes.

"Esta muerte de trabajadores humanitarios indefensos es la última en orden de tiempo de una serie de incidentes en un contexto de creciente inseguridad", afirmó Acbaar.

Futuros posibles

El 17 de abril de 2002, cuando ya hacía meses que el régimen talibán había sido derrocado, Bush afirmó que la tarea de Estados Unidos en Afganistán no había concluido, y comparó los esfuerzos de reconstrucción del país con el Plan Marshall que permitió a Europa recuperarse de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.

"La paz se alcanzará ayudando a Afganistán a desarrollar un gobierno propio y estable", dijo. "La paz se alcanzará ayudando a Afganistán a entrenar y desarrollar su propio ejército nacional. Y la paz se alcanzará a través de un sistema educativo para niños y niñas que funcione".

Desde entonces, el foco principal de atención de Estados Unidos se ha desplazado a Irak, que enfrenta una situación de posguerra más complicada aún que la afgana, si cabe. Y del presupuesto de 87.000 millones que la Casa Blanca solicitó al Congreso para gastos militares y reconstrucción de Afganistán e Irak, la mayor parte irá para este último país.

Los líderes afganos, mientras tanto, se esfuerzan por atraer la atención del mundo. En marzo, durante una cumbre de donantes en Bruselas, el ministro de Economía Ashraf Ghani planteó dos futuros posibles para su país.

"Con una visión nacional, políticas inteligentes y ayuda internacional coordinada y coherente, Afganistán puede convertirse en un Estado autosustentable, amistoso, moderadamente islámico", afirmó. "En cambio, si la ayuda es fragmentaria o si la comunidad internacional pierde interés en él, Afganistán se convertirá en el mejor de los casos en otro Estado fracasado, arrastrándose de crisis en crisis, y en el peor de los casos se volverá un estado narcomafioso, con una elite criminal y poco o ningún respeto por la ley o los derechos humanos".

Si el peor de los pronósticos se cumple, el mundo tendrá mucho que perder. La historia reciente lo demuestra: en los años 80, tras ayudar a los guerrilleros islámicos que libraban una "guerra santa" contra Moscú, Estados Unidos se retiró de Afganistán dejando el país librado a su suerte. El espiral de pobreza, rivalidades étnicas y fanatismo religioso subsiguiente produjo a los talibanes y contribuyó, en gran medida, a los atentados del 11 de Setiembre. ©

Enfermedad fácil de prevenir arrasa en Afganistán

Carlotta Gall, The New York Times

En las aldeas de Afganistán lo llaman el mal de la tristeza. Pocos conocen la verdadera causa del bocio, esa hinchazón del cuello que delata el déficit de yodo que padece un alarmante número de afganos.

También en este aspecto, Afganistán se quedó atrás: debido a sus 20 años de guerra y aislamiento, se perdió una campaña mundial lanzada en los 80 para combatir el déficit de yodo.

"Esta afección es muy común en Afganistán, y en algunas áreas hasta el 70% de la población la sufre de manera visible", afirmó Fitsuma Assefa, representante de Unicef en Kabul.

Enfermedad debilitante y cruel, el déficit de yodo no sólo causa bocio, que perjudica la capacidad de respirar y comer. También provoca pérdida de embarazos, mortalidad infantil y sordera, dijo Assefa. En casos extremos, también produce deficiencias en el desarrollo cerebral y serios casos de retardo físico y mental. Hay estudios que demuestran una relación entre el déficit de yodo y el bajo cociente intelectual.

Lo verdaderamente trágico es que todo esto es muy fácil de prevenir tomando yodo, generalmente en forma de sal yodada. Pero en Afganistán, eso no es tan simple.

Afganistán tiene grandes reservas de sal mineral, pero esta es molida y vendida por pequeños comerciantes que no tienen forma de yodarla. Para cambiar las cosas, Assefa pasó ocho meses tratando de convencer a un grupo de vendedores de sal para que formaran una cooperativa y comenzaran a hacerlo; Unicef aportaría la maquinaria y la capacitación.

Hoy, esos ocho vendedores producen unas 40 toneladas de sal yodada por día, suficientes para abastecer Kabul y sus cercanías. La marca del producto es "Futuro Brillante", y el proyecto es una de las pocas historias exitosas que produjo hasta ahora la reconstrucción de Afganistán.

El millonario negocio del opio

Afganistán ha vuelto a convertirse en el primer productor mundial de opio. En 2002, según la ONU, produjo 3.400 toneladas de esta droga, 18 veces más que durante el último año de gobierno talibán. (Los talibanes habían prohibido el cultivo de la amapola, de la que se extrae el opio, para evitar sanciones internacionales).

El valor estimado de esta cosecha ilegal es de 2.500 millones de dólares. Según el Fondo Monetario, esta cifra representa el 50% del PBI afgano. Además, duplica el monto de la ayuda económica internacional recibida en 2002.

Si bien la mayor parte del dinero queda en manos de los traficantes y no de los productores, la extrema pobreza hace que cada vez más campesinos se dediquen a cultivar amapolas. En setiembre, los servicios secretos rusos advirtieron que este año en Afganistán habrá una "cosecha récord" que duplicará la de 2002.

"Este año se espera una cosecha de 7.000 toneladas", dijo el general ruso Alexandr Manílov. "Según nuestros datos, este año la superficie de las plantaciones de drogas en Afganistán sumará unas 70.000 hectáreas y superará nueve veces a la de 2001", precisó.

Añadió que, según datos de la ONU, de Afganistán procede más del 70% del opio producido en el mundo y cerca del 80% de la heroína que se consume en Europa.

Según el militar ruso, un agricultor afgano obtiene 300 dólares por kilo de opio y puede ganar 15.000 con una cosecha de 50 kilos por hectárea, mucho más que los 600 dólares con los que compensa el gobierno por destruir esa misma extensión de cultivo.