JAVIER DE HAEDO

A veces los gobiernos se meten en un brete. Algunas de esas veces, se debe a compromisos previos a asumir el gobierno, más fáciles de enunciar desde una cómoda posición opositora. Ese es el caso del actual gobierno con relación al compromiso de fijar un porcentaje de 4,5% del PIB como gasto en enseñanza pública. También lo es, referido a la misma materia, la convocatoria a una asamblea multitudinaria en un estadio deportivo para discutir "La Reforma Educativa", generando expectativas a sus participantes, que se la toman en serio y resuelven plantear "autonomía y cogobierno", lo que luego no es recogido, razonablemente, en los primeros borradores del proyecto de ley respectivo.

Gobernar no es sencillo y no se gobierna desde el primero de marzo del primer año de gobierno, sino desde mucho antes, cuando se escriben programas y se asumen compromisos. Sobre todo cuando esos compromisos son con viejos compañeros de ruta que, llegada la hora, no van a dudar en reclamarlos.

Lo del 4,5% del producto para la enseñanza pública está mal por donde se lo mire. No el número en particular, sobre lo que no tengo idea, sino el concepto. Establecer un porcentaje fijo del PIB para un determinado rubro del presupuesto introduce rigidez en la gestión fiscal. Fijarlo desligado de objetivos y resultados, es incomprensible.

Eso implica, además, hacer el gasto totalmente pro cíclico. Véase por ejemplo lo que sucede en este período, para el cual el equipo económico proyectó, cuando realizó el presupuesto, un crecimiento del producto de 20%, que a esta altura será largamente excedido, en un extraordinario contexto mundial, y llegará al entorno de 35%. Entonces, con un porcentaje fijo del PIB para la enseñanza se deberá necesariamente gastar bastante más en esa área de lo que se preveía en 2005. No es que el plan antecede al gasto, como debería ser, sino que el plan lo valida.

¿Qué pasará en el futuro, si por un contexto mundial o regional adverso, cosa que vaya si conocemos, la situación se revierte y el PIB cae? Habrá que forzar la caída en el gasto en enseñanza pública, aún si se respetara el número mágico de 4,5%, lo que no necesitaría ocurrir si se hubiera generado margen para aplicar políticas fiscales contra cíclicas.

Por otra parte, ese porcentaje es indiferente a lo que ocurra entre las propensiones de las familias a optar entre la enseñanza pública y la privada. Todos sabemos que en tiempos de auge, con el aumento del ingreso, aumenta la demanda por enseñanza privada. Y que en momentos de recesión sube la demanda por enseñanza pública, al no poder pagar muchos padres el colegio privado de sus hijos. ¿No tendría más sentido fijar una cápita, como ocurre con el Fonasa, para asignar recursos a cada institución de enseñanza pública según su verdadero uso? Este tipo de propuesta, basada en incentivos, choca contra la rigidez que impone el porcentaje fijo. En realidad, es la actitud del funcionario y su sindicato lo que impide cualquier sistema de incentivos ya que por su comportamiento, parecen creer que tienen un derecho natural a percibir el 4,5% y gastarlo como se les antoje sin dar explicaciones a nadie.

Es decir que con el actual sistema, se podría dar la paradoja de cumplir con el famoso 4,5% del PIB y en un momento de recesión, con menos recursos se deberían atender más estudiantes. Ridículo por donde se lo mire. Para gobernar se requiere de flexibilidad y de grados de libertad y no de bretes y rigidez.

La discusión entre los gremios de la enseñanza y el equipo económico va aún más lejos. Como en el MEF se ve con claridad el tipo de problema que estoy comentando, se busca incluir en la cuenta del 4,5% todo lo que tiene relación, de algún modo, con el concepto de enseñanza pública. Pero los gremios se resisten a que les agranden la lista con rubros que no estaban en la lista inicial, como ha recordado recientemente un dirigente gremial de la enseñanza pública: el Instituto Pasteur, el Plan Ceibal, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, las asignaciones familiares, la incorporación de los funcionarios de la enseñanza al Fonasa. Y los gremios ven esto como un engaño o al menos como una picardía ya que, para ellos, todo lo que exceda del gasto en ANEP, Universidad e institutos de enseñanza militar y policial, no debe ser sumado. Pero es correcto considerar todos esos conceptos, ya que son indudablemente partidas volcadas a la enseñanza o a remunerar a sus funcionarios. Por ejemplo, la cobertura de salud de los funcionarios de la enseñanza no es otra cosa que más salario para ellos, aunque se llame diferente.

Entonces, a pesar de que en estos años el producto habrá de crecer casi el doble de lo previsto (y no porque mis colegas del MEF no sepan hacer bien las cuentas sino porque el mundo nos dio la sorpresa más agradable en décadas) y que subió la demanda por enseñanza privada relativa a la pública, el gobierno se ve obligado a cumplir con su promesa. Llega al 4,5%, sin exigir una contrapartida de resultados y, sin embargo, sus viejos compañeros de ruta no se lo reconocen, se sienten engañados con las cuentas del ministro, reclaman autonomía y cogobierno (es decir aún menos control gubernativo) y, por las dudas, recuerdan que lo de 4,5% sólo era una primera etapa para llegar al 6% del producto.

Y cumplir con esa promesa, encima, no le es gratuito al gobierno, sino que lo complica en el frente macroeconómico. Es así que, resultado del referido mayor crecimiento económico y de los menores pagos de intereses, se generan mayores ingresos fiscales que, por su origen, deberían ser ahorrados para cuando el PIB crezca menos (o caiga) y los pagos de intereses suban (por tasa de interés o por tipo de cambio). Pero se los gasta, en parte sustancial para atender ese compromiso, contribuyendo a echar leña al fuego en una demanda interna vigorosa, lo que desde el año pasado tiende a complicar las presiones inflacionarias persistentes.

Podría no ahorrárselos, incluso, y volcarlos a bajar determinados impuestos, como los que gravan los combustibles. Dicho sea de paso, con las proyecciones casi unánimes de petróleo caro a largo plazo, debemos plantearnos seriamente la posibilidad de eliminar los impuestos a los combustibles, lo que cuesta menos que los US$ 319 millones de gasto adicional al ya presupuestado, que se habrá de aprobar este año para el próximo.

Pero no, se los gasta. Y tampoco queda el gobierno con margen para financiar la rebaja prometida del IRPF que corrija el error de haber arrancado gravando los ingresos desde tan abajo, ni para la rebaja forzada del IRPF a las jubilaciones, que por injusta, resultó inesperada e imprevista.

Entonces se piensa en un tributo sustitutivo del que se va a perder por el fallo de la SCJ y además se difiere la necesaria reducción que estaba prevista en la tasa consular sobre las importaciones. Es decir, más impuestos.

En fin, no es nada fácil la agenda que tiene por delante el gobierno en su etapa final, la que tiende a complicarse por un frente externo más incierto que el extraordinariamente favorable que hubo hasta ahora, y por un frente interno en el que la función gubernativa, como es casi una norma en nuestro país, puede contaminarse del proceso preelectoral.

El gobierno, a estar por lo que se lee y se escucha, quiere, al mismo tiempo todo lo siguiente de aquí al año que viene: subir el gasto público en más de 500 millones de dólares, bajar el IRPF a los activos y financiar la eliminación del de los pasivos, subir los salarios privados y el empleo, mantener la inflación abajo del 7% y, desde hace unos días, recuperar algo de la competitividad perdida.

Se trata, individualmente y en todos los casos, de objetivos significativos, cuantitativamente hablando, más allá de lo que uno pueda pensar sobre ellos. Pero vistos en conjunto, constituyen un propósito considerable, nada fácil de alcanzar, sobre todo porque algunos de ellos son contradictorios entre sí.

Gobernar es como disponer de una frazada corta, si se tapan los hombros se destapan los pies. Esta no es otra cosa que una definición popular de economía, la ciencia que estudia la asignación eficiente de recursos escasos entre fines alternativos.

Hoy no es la excepción, aún cuando los vientos favorables que han venido del exterior nos han estirado la frazada. Sin embargo, también tiene más para tapar, como sin dudas surge de la lista referida de objetivos para el bienio final del gobierno. Y, por lo tanto, y como siempre, es relativamente corta.