JUAN PEDRO GÓMEZ (*)
El pasado mes de febrero, Qatary Investment Authority (QIA), el fondo de inversión del gobierno de Qatar adquirió entre el 1 y 2% del banco suizo Credit Suisse. Más recientemente, rumores sobre un desembarco de este mismo fondo en el Royal Bank of Scotland disparó la cotización de las acciones del banco británico un 5% en la bolsa de Londres el pasado 25 de febrero.
Durante el mes de enero de este año, Merril Lynch y Citigroup recibieron en conjunto más de 21 mil millones de dólares por parte de fondos de inversión gubernamentales (conocidos por sus siglas en inglés, SWF, Sovereign-Wealth Funds) de Oriente Medio y Asia. En total, según Morgan Stanley, desde el inicio de la crisis de liquidez en agosto del pasado año son ya más de 69 mil millones de dólares invertidos en grupos financieros de países desarrollados por parte de los SWF. No cabe la menor duda de que el dinero ha sido bien recibido, no sólo por los bancos (que no dejan de ajustar a la baja el valor de mercado de las carteras de hipotecas y sus derivados) sino también por el mercado en su conjunto, ávido de liquidez y estabilidad. Hasta aquí, héroes.
Al mismo tiempo, líderes como Nicolas Sarkozy o Angela Merkel han prometido proteger a sus inversores y gestores de las "prácticas agresivas" de estos fondos. El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, comentaba que "no podemos permitir que fondos no europeos sean usados para llevar a cabo estrategias geo-políticas". La Comisión Europea ha aprobado recientemente una propuesta para que los SWF se adhieran voluntariamente a políticas de gobierno corporativo y transparencia comunes en las economías occidentales. Parece que, para dirigentes políticos y reguladores, son villanos.
¿Quiénes son estos fondos? ¿Es un fenómeno reciente? ¿Debemos preocuparnos por sus movimientos? ¿Son héroes o villanos?
Aunque las últimas y más "ruidosas" apariciones de estos enigmáticos agentes han estado protagonizadas por fondos pertenecientes a países asiáticos (como el fondo Tamasek, de Singapur) o de Oriente Medio (el mencionado QIA, de Qatar, o el fondo KIA, Kuwait Investment Authority) algunos de los mayores fondos pertenecen a gobiernos occidentales, como el caso del fondo de pensiones noruego, conocido ilustrativamente como "Oil Fund".
Incluso algunos de los detractores de estos vehículos de inversión, como Francia, han puesto en marcha hace relativamente poco su propio fondo gubernamental, FRR (Fonds de Réserve pour les Retraites), encargado de invertir en mercados de acciones y bonos internacionales con el fin de cubrir el déficit del sistema público de pensiones previsto a partir del año 2020. Aunque su tamaño (21 mil millones de euros) es pequeño en términos relativos, otros fondos públicos de pensiones occidentales, como el fondo canadiense CPA (120 mil millones de dólares) o el fondo holandés para funcionarios públicos ABP (227 mil millones de dólares), están entre los más grandes del mundo. Por lo tanto, los SWF no es un fenómeno exclusivo de economías emergentes. Tampoco es un fenómeno reciente, ni siquiera entre los países exportadores de petróleo. KIA surgió en 1953 y diez años después lo hizo ADIA, Abu Dhabi Investment Authority, el fondo gubernamental de los Emiratos Árabes Unidos, el mayor del mundo por capitalización (más de 800 mil millones de dólares).
¿Por qué entonces esta eclosión mediática reciente sobre los SWF? Fundamentalmente por dos razones: quién invierte y en qué invierte. La escalada continuada de los precios de las materias primas y de las exportaciones de las economías emergentes ha permitido una acumulación de liquidez en países en vías de desarrollo de Oriente Medio y Asia. Al mismo tiempo, la crisis financiera a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y, concretamente, en el segmento de hipotecas "subprime", ha creado una demanda de liquidez en el sistema financiero occidental. Hasta aquí la teoría financiera se cumple: los mercados financieros hacen posible que oferta y demanda se crucen. La mayor parte de la deuda hipotecaria española acumulada durante los años de frenesí inmobiliario ha sido titulizada y adquirida por bancos extranjeros. Y a nadie parecía importarle. El mayor riesgo de estos inversores, como de cualquier otro, es que dejen de serlo.
Ahora bien, el modelo deja de funcionar cuando los inversores no están sujetos a la propia disciplina del mercado. El fondo de pensiones noruego, el segundo SWF del mundo, puso en marcha un comité ético a partir de enero de 2004. Este comité tiene por misión velar para que las inversiones del fondo cumplan con unos criterios de responsabilidad social que le ha llevado, por ejemplo, a liquidar sus posiciones en Wal-Mart por condiciones de trabajo inaceptables. La decisión, en última instancia, depende del parlamento noruego quien dicta las directrices fundamentales al Banco Central noruego, gestor del fondo. En el caso de otros países con menor o prácticamente ninguna tradición democrática, los objetivos estratégicos del SWF son mucho más oscuros. Y por lo tanto, mayor el recelo que despiertan. Especialmente, cuando invierten en sectores tan susceptibles de herir el "orgullo nacional" como el sector financiero o las infraestructuras. En último caso, y esto es lo importante, la decisión pasa por un gobierno, más o menos democrático, no por un consejo de administración o una junta de accionistas.
Por su propio volumen, el impacto que estos "gigantes" tienen en los mercados financieros y en su eficiencia es importante y en alza. Todos los inversores debemos sentirnos concernidos. Más transparencia y un mejor gobierno corporativo son deseables. Para los SWF como para cualquier inversor institucional: fondos de inversión colectiva, planes de pensiones privados, compañías aseguradoras. Si mi gestor de cartera pierde dinero, vendo mi participación en el fondo. Esa disciplina es buena para mí y es buena para el mercado. Sin embargo, en el caso de los SWF, ¿quién controla a los gobiernos?