Hablando de equidad y justicia...

JAVIER DE HAEDO

Ha transcurrido casi un mes de vigencia de la reforma impositiva y el tema ha estado permanentemente sobre la mesa: críticas cruzadas entre actuales y anteriores gobernantes sobre la calidad de los cambios impositivos introducidos por cada uno, presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de pasivos, movilización de determinados sectores con el propósito de no pagar algún impuesto, críticas y propuestas de ajuste del IRPF desde dentro del gobierno, dictado de normas y proyectos de normas tendentes a ajustar o modificar la aplicación de la reforma. Demasiado para un mes, lo que augura que es muy probable que este tema haya llegado para quedarse y que continúe en el tapete hasta la campaña electoral, donde será objeto de todo tipo de propuestas de modificación y derogación.

He escrito varias veces que la reforma impositiva ha sido muy acertada porque a partir de principios compartibles ha intentado poner la casa en orden en materia impositiva. No ha sido bueno, en cambio, resucitar el IRPF después de más de 30 años sin regir, aún cuando en lo que refiere a las rentas del trabajo es más justo (por ser general) que el derogado IRP. Insisto en que no es bueno porque se superpone a un IVA muy alto, porque no admite deducciones significativas y porque no reconoce el concepto de hogar (en nada al núcleo familiar y en muy poco a los hijos). Esto último, además, lo vuelve inequitativo, lo que resulta paradójico cuando en el discurso oficial la piedra angular de la equidad del nuevo sistema está dada precisamente por este impuesto.

Comparemos la situación de hogares en los que el ingreso de los cónyuges suma $ 30.000 nominales por mes, en casos de relación de dependencia. Veamos un primer caso en el que no hay hijos menores y sólo uno de los cónyuges trabaja y percibe todo el ingreso referido. Este hogar, con la reforma, perdió un 4,9% de ingreso líquido. Por IRP pagaba $ 23.400 y por IRPF pagará $ 39.850, ambas cifras anuales.

Consideremos ahora un segundo hogar en el que ambos cónyuges perciben $ 15.000 nominales cada uno, lo mismo que en el primer hogar, pero conjuntamente. La suma anual de IRPF que ahora pagarán, juntos, es de $ 14.624. En este hogar, tras la reforma, mejoró el ingreso líquido en 3,2%. Se trata de dos situaciones idénticas y con resultados muy diversos: uno ganó más de un 3% con la reforma y el otro perdió casi 5%. ¿Cuál es la lógica de esta diversidad?

Veamos finalmente el caso de un tercer hogar en el que, como el primero referido, hay uno de los cónyuges que percibe $ 30.000 nominales por mes. Pero en este hogar hay tres hijos menores de edad. En lugar de los $ 39.850 anuales de IRPF que pagará el primer hogar, éste pagará $ 36.439 en un año. Es decir, $ 95 menos que el anterior por mes y por hijo. A los efectos del concepto de equidad basta con esa referencia numérica. Adicionalmente, se podrían realizar consideraciones en materia de incentivos a la natalidad en un país cuya población tiende a un crecimiento nulo, situación que es aún más grave en la clase media.

En sintonía con estos números, he visto que desde dentro mismo del gobierno, y nada menos que desde el PCU, se critica la situación creada con el IRPF; se plantea subir el mínimo no imponible y considerar el núcleo familiar, entre otras medidas. De este modo, sigue creciendo la agenda de ideas acerca de qué hacer con los mayores recursos para el caso en que éstos existan, tras unos meses de vigencia de la reforma: el MEF ha hablado de bajar el IVA y derogar impuestos chicos, el Canciller quiere subir el gasto público y ahora el PCU quiere retocar el IRPF, para mejorarlo. No hay dudas que el tema llegó para quedarse.

Pero lo más interesante que encontré en estas primeras semanas de vigencia del nuevo sistema impositivo fue la discusión que a través de los medios se dio entre actuales y anteriores gobernantes, en este último caso, básicamente el ministro Astori, defensor casi solitario de la reforma.

Ante críticas de los ex presidentes Batlle y Sanguinetti al IRPF, el ministro dijo que en el gobierno de Batlle se aplicó la peor política tributaria de la historia. También dijo que los gobiernos de los partidos tradicionales después de 1985 habían ido empeorando progresivamente el sistema tributario.

La referencia al gobierno anterior se dio porque el ex presidente Batlle había dicho que cuando hay un impuesto a la renta en el mundo civilizado, hay deducciones, y que aquí no las hay. Mientras tanto, el ex presidente Sanguinetti, así como figuras del Partido Nacional, han puesto el énfasis en que el IRPF grava las pasividades: en el caso de los blancos, han auspiciado la presentación de recursos de inconstitucionalidad en ese sentido, mientras que los colorados hablan de una nueva enmienda constitucional para impedir explícitamente que las pasividades paguen impuestos.

Astori recordó que en 2002 se aplicó un adicional al IRP que llevó la tasa máxima del impuesto al 20%, aplicable sobre todo el ingreso y no sólo en términos marginales como el IRPF, y que gravaba sueldos y pasividades. Los ex presidentes recordaron, mientras tanto, que ese impuesto fue transitorio, que duró poco más de dos años y que se aplicó en una circunstancia excepcionalísima.

En realidad, en el gobierno del presidente Batlle no se aplicó una reforma impositiva ni se creó un nuevo sistema tributario. Se apagó un incendio con los instrumentos que rápidamente se pueden conseguir en situaciones como esa, y en ese momento se pensó que el IRP venía al caso. Y fue transitorio, por lo que no es una buena base de comparación con la situación actual. El "peor sistema tributario de la historia", en cambio, fue el que se derogó en 1974. Astori ha repetido que se encontró con 28 impuestos, muchos de ellos sin mayor significado. Pero esto no tiene comparación con lo ocurrido en 1974, cuando sólo en el artículo 381 de la ley 14.416 se dispuso 80 derogaciones de impuestos.

De todos modos Astori tiene razón cuando culpa a los gobiernos anteriores de acumular pequeños impuestos sin mayor sentido ni con una lógica coherente a un determinado sistema. Hay tres razones, básicamente, para explicar el progresivo deterioro del sistema tributario después de 1974, que son las mismas que llevaron a la situación de 1974, aunque sin la misma magnitud: una, la "creatividad legislativa", que no reconoce origen partidario y que consiste en inventar impuestos pequeños, con su producido afectado a un fin específico que se quiere atender, normalmente en una ley de presupuesto o rendición de cuentas; dos, el poder de los lobbies, que buscan "su" exoneración o excepción al régimen general; tres, los ajustes fiscales votados por lo general de apuro y con mayorías muy justas en el Parlamento. Y ya sea por acción o por omisión, todos son responsables de ese deterioro del sistema tributario.

Lo que más llama la atención, es que Astori ataque de ese modo a sus antecesores (que, reitero, no le falta razón) cuando al mismo tiempo está aprobando excepciones a normas generales en respuesta a lobbies. El caso más claro es el de los aportes patronales de las empresas de taxi, cuya exoneración se dispone en la Ley de Rendición de Cuentas. Pocas veces hubo tanta velocidad en perforar una norma como en este caso. No estaba vigente la reforma impositiva y ya se sabía que los dueños de taxis serían exonerados. Claro, enseguida aparecen los "argumentos razonables": que todo el transporte colectivo urbano y suburbano había sido exonerado y que lo mismo había ocurrido con las cooperativas (en la discusión de la reforma en Diputados). Por lo tanto, "resulta justo" que las empresas de taxi no paguen aportes, como las restantes de transporte y como las cooperativas de taxi, que por ser cooperativas ya habían sido exoneradas.

Pero esto, más que justo, termina de redondear una injusticia y es que haya empresas que estén exoneradas de un impuesto, ya sea por tratarse de determinado sector o por tratarse de determinada forma jurídica. Lo mismo que con el Imesi a los vinos, cuya aplicación quedó pendiente hasta que al MGAP le den las ganas. Todo esto salió de este gobierno y viola los principios generales de su propia reforma.

En materia impositiva, gobierno y oposición actúan como si todo lo que viene del otro es malo. La realidad no es así, ni el sistema vigente hasta el 30 de junio era el peor ni el vigente desde el 1º de julio es el mejor. Ni viceversa. El denominador común entre ambos sistemas y entre lo que realmente piensan unos y otros, es mayor a lo que parece.