Lo grave del caso Peirano II

IGNACIO ÁLVAREZ

El caso parecía haberse agotado con el apretón de manos entre Sergio Abreu y Gonzalo Fernández en el Parlamento, cuando la nueva información de Brecha terminó por abrirlo indefinidamente. A los ojos de la publicación de izquierda, resulta que no sólo el ex canciller había estado detrás de la derogación del delito por el cual sus amigos Peirano estaban siendo procesados (algo discutible), sino que ahora se sabía que su esposa, trabajando para su estudio, defendía a uno de los directores del Banco Montevideo procesado por la misma causa. Y apenas unos días después de que el Parlamento derogara el delito consagrado en el famoso artículo 76, la doctora Cecilia Salom le pidió a la jueza actuante que procediera en consecuencia clausurando el caso: justamente aquello que por estos días Gonzalo Fernández gritó a los cuatro vientos que la Justicia no debió hacer, y de lo que nunca advirtió, a los legisladores que lo consultaron, que podía llegar a ocurrir.

Conclusión: investigación interna en el Frente Amplio votada por su Mesa Política, e investigación parlamentaria para indagar los pormenores del proceso de tan polémica derogación. El tema no es menor, considerando que se trata de un asunto muy caro para la gente (en los dos sentidos) como el caso Peirano, y que además involucra a la mano derecha de Tabaré Vázquez. Pero en los últimos días la situación de Gonzalo Fernández se volvió más incómoda aún.

"Cuando en octubre de 2008 se estaba por derogar el artículo 76 (…) es de presumir que Fernández no informó al senador Abreu, ni al diputado Lorenzo, ni a la bancada frenteamplista, ni a sus compañeros del PS, del patrocinio de su estudio a uno de los procesados por el caso Peirano", decía Brecha. (Dicho sea de paso, esta semana los socialistas calificaron de "error político" que Fernández no los informara en su momento; mientras su esposa lo justificó diciendo que "se le olvidó").

Para peor, este jueves el semanario Búsqueda informó que el propio Gonzalo Fernández figura "indistintamente" como codefensor del ex director del Banco de Montevideo, Juan Domingo Ratti, junto a Salom, y basado en ello se anuncia que la Justicia investigará la eventual comisión del delito de conjunción del interés personal y público por parte de quien en aquel entonces participó como jerarca del gobierno en la redacción de la referida ley.

Pero el caso es más complejo, porque por aquellos años Cecilia Salom también era asesora de la bancada de legisladores socialistas, además de integrarse a la secretaría del diputado Gustavo Bernini a través del mecanismo del pase en comisión. Un pase en comisión del que pudo hacer uso a raíz de un polémico artículo que permitió a los fiscales trabajar junto a un legislador, pudiendo ejercer al mismo tiempo su profesión de abogados. Artículo que fue incluido en la Ley de Presupuesto del 2006, siendo el socialista Gonzalo Fernández secretario de la Presidencia, y cuya oportunidad fue aprovechada por su esposa Salom, que fue la primera fiscal en solicitar a los pocos días su pase en comisión para trabajar en el despacho del también socialista Bernini.

Volviendo al caso Peirano, Cecilia Salom negó terminantemente lo publicado por Brecha: "Yo no promoví ninguna clausura del expediente (…) precisamente porque estaba en desacuerdo con que el caso se clausurara".

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones que archivó la causa, en su resolución del 29 de julio alude explícitamente a "la defensa de Juan Domingo Ratti" y de los otros procesados, "quienes solicitan la clausura de los procedimientos".

La doctora Cecilia Salom sí pidió el cierre del proceso, y lo hizo al igual que el resto de los abogados de los procesados, cuando la jueza del caso les dio vista a raíz de la derogación del artículo 76; lo cual es lógico y de buen profesional: ¿qué abogado va a dejar pasar la oportunidad de solicitar el archivo de un caso si el juez le pide opinión después de derogarse el delito por el que su cliente está siendo sometido a proceso?

Y no sólo pidió su clausura sino que argumentó sólidamente, expresando que "inequívocamente", y "a todas luces", "la interpretación es unívoca", y "no puede caber duda que la derogación del artículo 76 (…) determina la clausura automática de este proceso".

La pregunta entonces no es por qué Salom pidió la clausura de la causa, sino por qué ahora intenta esconderlo. Y por qué su marido escondió que ellos defendían a uno de los procesados por el caso Peirano. Sea cual sea la respuesta, el contencioso revela las claras inconveniencias de estar de los dos lados del mostrador.

Pero atención, porque el caso dista de estar cerrado. Más allá de la clausura dispuesta por el Tribunal de Apelaciones, la fiscal de la causa decidió apelar ante la Suprema Corte de Justicia, en el entendido de que los Peirano deben seguir sometidos a juicio, no ya por el artículo derogado, sino en base al otro delito por el que están siendo acusados: insolvencia societaria fraudulenta. Se calcula que en seis meses la Corte dará una respuesta, y una posibilidad es que la causa se reabra y los Peirano puedan ser condenados, con los antecedentes penales estampados en su prontuario.

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