La ley antes de la mayoría de edad

CATERINA NOTARGIOVANNI

Tranquilo papi", dice Ricardo (17) mientras le toma el hombro a su progenitor. Cabeza gacha, ojeroso, evidentemente resignado, el padre suspira. "Prefiero estar en la Berro que seguir en la calle", agrega Ricardo, como queriendo reforzar el pedido de tranquilidad. El padre sigue callado. El hijo está a punto de ponerse a llorar, o eso intenta.

Por resolución del Juez Letrado de Adolescentes de 1er Turno, el magistrado Hugo Morales, Ricardo será internado provisoriamente en el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) por el delito de rapiña impropia. Si lo derivan a un centro por su adicción a la pasta base y se trata, el juez analizará la posibilidad de suspender el proceso y cambiar la medida.

No es la primera vez que Ricardo visita el tercer piso de la calle Bartolomé Mitre 1275, donde se ubican los Juzgados Letrados de Adolescentes de Montevideo. El menor tiene dos antecedentes por hurto. Sin embargo esta vez amenazó al hijo del dueño de casa con un arma cuando fue descubierto.

"Si ves a un tipo adentro de tu cuarto robándote sentís como que te están violando", cuenta la víctima. "Lo iba a enfrentar, pero cuando sacó el arma le pedí que se calmara", agrega entre indignado e impotente.

El arma en cuestión la encontró el ladrón en una gaveta dentro de la casa y no tenía cargador. "Antes que me cague a palos y me deje sin nada... yo sabía que la pistola no tiraba, pero si el tipo pensaba que era de verdad me iba a poder llevar las cosas", explica Ricardo ante la sede. El botín: un par de laptops, un reloj Rolex, un anillo, ropa y lentes.

-¿Qué hiciste con eso?- pregunta el juez.

-Y... me lo fumé. Fue pa` la pasta. Compré ropa y después me lo fumé- dice Ricardo rascándose la cabeza.

El delito fue cometido hace más de quince días, pero el joven fue capturado esta semana mientras procuraba robar otra propiedad.

Esto es apenas un extracto de una de las historias que llegaron a la sede del Dr. Morales el martes pasado. Vale aclarar que tanto los nombres como algunos detalles han sido cambiados para preservar la identidad de las víctimas y los victimarios.

De los seis casos tratados, cinco corresponden a delitos de rapiña y uno a una agresión (supuestamente accidental) con arma de fuego. Todos eran varones y tenían un familiar acompañante durante la audiencia. Ricardo fue el único que confesó haber robado para satisfacer su adicción a la pasta.

Víctimas. Un chofer y pasajeros de un ómnibus, dos empleados de un salón y otro comerciante vecino que ayudó en la captura de un ladrón, el propietario de un supermercado y el hombre agredido por Ricardo concurrieron a declarar el día que se realizó esta crónica. A su turno, los damnificados fueron ingresando al modesto despacho del Juzgado donde los esperaban un abogado defensor de oficio (Guillermo Payssé y Hugo Guadalupe), la fiscal adjunta (Sonia Faggiani), una funcionaria que transcribe las declaraciones (Marta Kavaraciejus) y el magistrado. Yendo y viniendo estaban la actuaria y el funcionario de apoyatura, quien verifica antecedentes.

Expediente y parte policial en mano, el juez preguntaba, a la vez que atendía el teléfono celular y de línea; que sonaba un promedio de tres veces por hora. Muchas fueron llamadas de la Policía que esperaba del magistrado (de turno) una resolución telefónica sobre hechos delictivos que sucedían en ese momento (entre las 0 del lunes y las 13 horas del martes, Morales tomó 38 resoluciones de ese tipo).

Indignación, miedo e impotencia era el estado de ánimo que describe a la mayoría de los damnificados y testigos. Pero además se observaba una visceral necesidad de hacer catarsis, de dar con un oído y de hallar responsables. "Ojalá que esto cambie en este país de porquería, es peor que una aldea. Espero que el gobierno cambie las leyes", decía el dueño de un supermercado que sufrió cinco intentos de asalto en dos meses. En el último y según su versión, los delincuentes gatillaron dos veces en la cabeza de la cajera al tiempo que el menor acusado gritaba "¡Matala!" La bala no salió, la cajera sigue viva y el menor esperaba dar su versión en la sede.

"Habemos ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, aunque suene feo. Pero es la realidad", seguía. "Si un tipo así se puede reeducarse bárbaro, pero sacalo de la sociedad. Hoy podríamos estar en un velorio con esta chiquilina".

Magistrado, fiscal y receptora escuchaban pacientemente la descarga, mientras el defensor, Payssé, escribía mensajes en su celular. "Hay que tener tolerancia. Son víctimas, pasaron momentos de mucho nerviosismo, pero no puedo escuchar discursos, no es mi tarea", explicó el juez más tarde.

Un chofer que fue golpeado con un arma de fuego en la cabeza contó que sus colegas le recomendaban no ir a declarar, por ser ineficaz y por temor a represalias.

La respuesta del magistrado no se hizo esperar: "Si la gente no viene a declarar, menos se va a poder hacer", dijo e ilustró con un ejemplo: "Suponga que usted no viene. El joven es interrogado y reconoce el hecho, pero igual se va para su casa. ¿Por qué? Porque no hay pruebas y porque no es suficiente la admisión". En cuanto al temor a represalias la opinión de los integrantes del tribunal fue unánime: en un 99,9% no existe. "Nosotros tratamos con gente que comete rapiñas, hurtos; no con gente que está en el narcotráfico grande", explicó el juez al temeroso chofer. El Dr. Guadalupe (defensor) comentó en otro momento que nunca se concretó una amenaza en 8 años que lleva allí.

Una vez tomadas las declaraciones, se procede a realizar el reconocimiento. Los indagados son llevados a un cuarto donde observan y señalan al agresor, si es que está presente. "Hable bajo", piden. Si bien el testigo no puede ser visto, sí puede ser oído dado que se trata de una pieza sin aislación acústica. La identificación se hace susurrando, apenas levantando un dedo o señalando con la cabeza. "No le diga nada a los demás", sugería la receptora. Es que afuera están los otros testigos esperando su turno.

Victimarios. Después del reconocimiento el acusado es trasladado al despacho del magistrado. La declaración se hace en presencia del padre, madre o referente, si alguno se encuentra allí. Resultó curioso observar la sumisión de los sospechosos, que frente al juez lucían igual de víctimas que los agredidos. Lejos de la conducta con la que tiene que lidiar el encargado del carcelaje: "Cada vez están más agresivos", contó. "Algunos llegan drogados al mango y te gritan, te patean, te escupen. Los ves con los ojos llorosos, nerviosos, sudorientos, hiperactivos. Mismo en las audiencias han roto computadoras", relató.

El carcelaje está ubicado en el mismo piso. Apenas se traspasa la puerta que conduce al pasillo anterior se siente un fuerte olor a orín. Aunque pueden pedir para ser llevados al baño, muchos se descargan en las celdas. "Te orinan el candado o te defecan en la celda y ensucian todo. Por eso usamos guantes y alcohol en gel", contó el policía. El olor a desinfectante (creolina) también es penetrante, aún en los despachos.

Para el guardia carcelario los peores días son cuando se aglutinan 30 menores en espera de la declaración. Entonces resulta difícil controlar las rispideces que provoca el encierro sumado al aburrimiento. Este policía se considera bueno para tratar con los infractores, pero dijo que son muchos los colegas que no aguantan la tarea. "De acá se van efectivos todos los meses", señaló.

El trato del magistrado con los acusados es cordial y respetuoso, lo que no significa condescendencia. Si advierte que la versión no se condice con la primera declaración ante la policía insiste hasta obtener la confesión. Por ejemplo: uno de los menores que declararon el martes dijo primero no haber participado en una rapiña a una estación de servicio. Entonces el juez le indicó que había filmación y le recordó que según la policía él se había reconocido como autor. "Ahh, sí", atinó a decir. Luego de varias preguntas, Morales inquirió: "¿En tu casa no te dan de comer? ¿Pasás necesidad?". "No, yo que sé, surgió porque no tenía plata para ir al baile", respondió el joven. "¿No te parece un poco exagerado hacer una rapiña armado para ir al baile?", preguntó el juez. No hubo respuesta.

Quienes confiesan obtienen un 20% de reducción de la sanción que, en el caso de los menores, no se llama "pena" sino "medidas socioeducativas". Ese día todos confesaron, aunque en algunos casos daban un versión menos violenta que la que aportaban sus víctimas.

Tal fue el caso de un chico que entró a un salón armado con una cuchilla. Según los empleados, éste puso el arma en el cuello. Según el menor, la mostró para amedrentar. Finalmente no tuvo éxito. Aparentemente se asustó, dejó caer la bolsa con el dinero y salió corriendo después que uno de los empleados le arrojara un portacinta. Ante este cuadro, el juez ordenó la intervención del equipo técnico (psicóloga y asistente social), quienes después de entrevistar al menor y a su madre sugirieron una medida cautelar que consiste en el arresto domiciliario. Que el joven tuviera contención familiar y que fuera primario fueron determinantes en la decisión. No obstante sugirieron una evaluación psicológica completa.

Con los demás involucrados, el juez, de acuerdo con fiscal y abogado defensor, solicitó la internación provisoria, agendando para agosto la sentencia. De no haber una fuga (cosa muy frecuente), Morales volverá a verles las caras (ver recuadro).

No hay más delincuentes. El magistrado, con 11 años de experiencia trabajando con minoridad, reconoce que la inseguridad es importante, pero afirma que "el problema no es tan grave como parece". "Es la misma gente la que está cometiendo los delitos. Hay alto porcentaje de reincidencia. Si la privación de libertad se cumpliera, la sensación bajaría. No es que haya más delincuentes, son los mismos", señala.

Aquí todos los dardos apuntan a la ineficiencia del INAU. De hecho, esta crónica se iba a realizar dos semanas antes. Entonces, tres de las cuatro audiencias que debían celebrarse ese día debieron suspenderse porque los involucrados se habían fugado. "La reincidencia de las personas privadas de libertad es superior al 60%. Las fugas son habituales, no excepcionales como debería ocurrir. Lo vimos hoy: el muchacho participó en el robo de una panadería e intentó lo mismo en un supermercado con minutos de diferencia", señala el juez.

"Hay gente que tiene una alta productividad cometiendo delitos. Y esos menores ya entraron en el sistema, pero éste no los contiene. Entonces siguen cometiendo delitos", subraya Morales.

Es como un estímulo: sin contención alguna (se escapan y escapan) ni respuesta (porque las alternativas se agotaron y lo que queda es la privación de libertad), no pierden nada. "Esa persona no tiene costo por lo que hace. La delincuencia no desaparecerá, pero si las fugas fueran excepcionales, disminuiría esa sensación de que no se puede salir a la calle", sentencia.

El dato

Los menores de edad ante la justicia

La policía atrapa al sospechoso e informa al juez. Si hay material para iniciar proceso, se lo lleva a la sede. La Justicia tiene 48 horas para decidir y 60 días para dictar sentencia. Dicha audiencia se debe fijar el día que se inicia el proceso. Entonces se "forma" el expediente, que pasa al INAU donde se elabora un informe sobre las características del joven, su perfil, su situación familiar y sus posibilidades de rehabilitación. INAU tiene 20 días para presentarlo. Una vez en la sede judicial, el documento se entrega al fiscal, que tiene 6 días para relevar las pruebas y pedir sentencia. De allí pasa al defensor, que también tiene 6 días para pedir absolución, menores plazos o medidas menos gravosas. Recién entonces el expediente llega a manos del juez. Dicho tiempo, sumado a las fugas, complican el proceso. Las huidas además conllevan a la suspensión de la totalidad del proceso. Hay que aclarar que el "hurto en grado de tentativa" no es delito para los menores, según el Código de la Niñez y la Adolescencia. Es decir, no se considera delito si un menor entra a robar en una casa y se escabulle sin el botín por alguna razón, asunto que sí es delito para un adulto. Morales cree que esto se debería rever para darle más márgenes al juez. Por más que no se lleven nada, una invasión así puede ser tan agresiva como una rapiña.

Teorías que explican los delitos

Existen varias bibliotecas sobre las causas que llevan a delinquir. Según explica Nicolás Trajtenberg, sociólogo especializado en Criminología, una teoría afirma que el delito se aprende en la adolescencia en interacción con los pares. "El grupo tiene predominancia: si hay infractores, el joven puede aprender esos valores e imitar".

Lo determinante es el vínculo social: cuanto más débil, menos se compromete uno con la sociedad, afirma otra teoría. Las principales fuentes de integración son la familia y la escuela. Ese lazo brinda seguridad. "Si el vínculo se deteriora, se puede delinquir", señala el experto.

Los costos son el núcleo de la teoría de Racionalidad. "Siempre que tomamos una decisión hacemos lo que más nos gratifica", indica Trajtenberg. Si es menos costoso cometer delitos que dedicarse a actividades convencionales, es preferible violar la ley. Ejemplo: robar un par de zapatos en lugar de ser cadete un mes para pagarlos. Eso siempre que los costos no sean altos. "Si ese delito tiene una pena baja, y hay poca certeza que me agarren, delinquir es negocio".

Otra teoría postula que quienes infringen la ley tienen baja capacidad de autocontrol y no miden consecuencias. "Todos los días nos encontramos con la posibilidad de cometer un delito. En el autocontrol está la diferencia, herramienta que se adquiere en los primeros 10 años de vida mediante cariño, control, disciplina. Si eso se da de manera errática, excesivamente severa, con castigo físico o psicológico; es decir, si la estructura familiar opera en forma nociva, puede tener efectos poderosos".

La pérdida de un estímulo positivo (el fallecimiento de un afecto), eventos negativos (una golpiza), o el no tener algo que se quiere (dinero o amor) provoca ira y sentimiento de injusticia. Los actos antisociales son una manera de lidiar con la tensión, según afirma otra corriente.

Según la teoría del Etiquetamiento, se asume el delito como algo natural, pero en realidad es construido socialmente. Existe gran asimetría de poder: unos deciden qué es punible y otros no. Y la ley no es aplicada por igual: "Mucha gente comete delitos y no les sucede nada. No se destina el mismo esfuerzo a perseguir los distintos delitos". Pero los más vulnerables sí son juzgados. "El sistema etiqueta a las personas, agravando su situación, y lejos de lograr solucionar el problema lo multiplica y magnifica. Las instituciones de detención terminan siendo una especie de `doctorado en criminalidad`", finaliza Trajtenberg.

Las cifras

670 Fue la cantidad de asuntos iniciados en los Juzgados Letrados de Adolescentes de Montevideo durante 2008, según la SCJ.

411 Fue la cantidad de sentencias definitivas dictadas en 2008 en los cuatro Juzgados de Adolescentes de Montevideo.

351 Fue la cantidad de casos en los que hubo medidas cautelares con privación de libertad para menores, según las mismas estadísticas.