Vivir bajo amenaza mortal

GABRIELA VAZ

Llega al trabajo un día cualquiera. Un sobre sin remitente lo espera sobre el escritorio. Lo abre y lee una esquela tan breve como contundente: "Te vamos a matar". Mira para todos lados. ¿Una broma de mal gusto? ¿Quién lo pudo haber dejado? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué debe hacer?

Aunque no lo parezca, las amenazas son pan de todos los días: verbales, telefónicas, escritas, simbólicas. De hecho, sólo en Montevideo, durante 2007 la Policía registró 7.071 denuncias por esta razón, según datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad (OVC) del Ministerio del Interior.

Algunos casos trascienden por afectar a figuras públicas, tal como sucedió recientemente con el líder colorado Pedro Bordaberry o la ministra del Interior Daisy Tourné. Otras historias atañen a personas ignotas pero se vuelven noticia por insólitas, tal como aconteció este verano con la contadora Claudia Pereira, a quien le tocó padecer la concreción de las amenazas, sobreviviendo a tres intentos de homicidio. También están los casos que se publican por coartar a su vez otras libertades, como la de expresión, cuyo ejemplo más obvio se ve cuando la amenaza se cierne sobre periodistas, algo que han vivido desde Ricardo Gabito, Ignacio Álvarez o Alfonso Lessa hasta el caso actual de la periodista Marlene Vaz, en Río Branco.

Juntos no son más que una muestra ínfima de una realidad que afecta a miles de uruguayos, con toda la gama de gravedades posible. Un "te voy a matar" puede decirse como una broma, en una discusión subida de tono que se sale de control o en un marco montado para darle más seriedad al anuncio.

En todos los casos, si el receptor siente temor por su vida puede recurrir a herramientas legales. Aunque la mayoría de las veces la amenaza es un delito "residual" -es decir que es utilizado como medio para concretar delitos más graves- el Código Penal contempla penas también para ella en sí, sea o no de muerte. Y aún siendo una broma, puede costar cara.

DENUNCIAS. El pasado miércoles 14, mientras tomaba un café en un bar de Pocitos junto a sus asesores, Pedro Bordaberry fue increpado por un hombre que le recriminó haber criticado al empresario Enrique "Cachete" Espert en una columna publicada en Montevideo.com el 7 de febrero. La discusión subió de decibeles hasta que el hombre dijo: "Yo sé dónde vivís" y luego, tomando su teléfono celular, pidió (o simuló pedir) a alguien: "Traé los fierros que hay problemas". Pero enseguida se retiró y el líder del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado se encaminó a la Seccional 10ª a realizar la denuncia. El agresor fue detenido en la tarde y liberado horas después. Es que, a pesar de ser abogado, Bordaberry no realizó la denuncia escrita.

Esa es precisamente una de las recomendaciones que brindan los abogado penalistas Carlos Curbelo Solari y Homero Méndez, entre las acciones que se deben llevar adelante frente a una amenaza de muerte: recabar pruebas, consultar a un abogado y hacer la denuncia por escrito.

Sin embargo, eso es muy poco frecuente debido al miedo que generan estas situaciones, explica el psiquiatra y psicoanalista Luis Bibbó, director del Instituto Nacional de Criminología (Inacri). Si a ese temor se le suma la dificultad para probar esta clase de delito, "nos encontramos con una importante cifra negra", apunta.

Sólo en Montevideo, durante 2007 hubo 7.071 denuncias por "amenazas (por todo concepto, no sólo de muerte), violencia privada y privación de libertad", todos delitos emparentados (ver servicio). En 2006, el número fue 7.124; en 2005, 6.788; y en 2004, 6.854, según consignan los anuarios del OVC.

Si bien el desglosamiento de los datos revela que una de cada cuatro denuncias de este tipo está asociada a situaciones de violencia doméstica (ver recuadro), contemplan un sinfín de hechos. "Están presentes los casos de amenazas en situaciones de tránsito, vecinales y otros ámbitos de la vida cotidiano, lo que vislumbra la presencia de las actitudes violentas ya desde la forma de pensar o la predisposición a actuar", señala José Luis Rivao, del Observatorio.

Mientras muchas amenazas surgen en forma espontánea, en medio de una discusión por ejemplo, otras son premeditadas. En ese escenario se vio inmersa Daisy Tourné, junto a otras autoridades del Ministerio del Interior, hace apenas un mes.

A mediados de abril se supo que la secretaria de Estado había sido amenazada de muerte por organizaciones de narcotraficantes paraguayos, aunque sin recibir llamadas directas, sino "genéricas". La custodia de Tourné fue reforzada, pero ella quitó trascendencia al hecho. "Estas cosas siempre pasan", aseguraron desde la cartera.

MALOS AUGURIOS. Amenazar es prometer a otro un mal futuro. Sin embargo, no toda amenaza es pasible de ser denunciada en la Policía. Si alguien avisa: "Te voy a demandar", por más que esté anunciando un perjuicio, no está haciendo más que ejercer un derecho. Tampoco decir: "Ojalá que te mueras" constituye amenaza. "No es más que una expresión de deseo", explica el abogado Curbelo, quien recomienda siempre asesorarse en estos casos, para saber si la situación tiene relevancia penal.

Una persona que realiza una amenaza es pasible de ser castigada con una multa que puede ir de 25 a 700 Unidades Reajustables. La diferencia depende de los agravantes: el tenor del daño prometido (no es igual amenazar con la muerte que con el ataque a un bien, por ejemplo) y las circunstancias en las cuales se produjo. Ahora, cuando la amenaza viene con la intimidación a hacer algo ("te voy a matar si no decís lo que te ordeno"), el delito es otro: violencia privada. Y la pena puede ser de prisión.

No obstante, es muy raro llegar a ese extremo. Según indica el director del Inacri -institución que lleva las estadísticas de encarcelados en Uruguay- de todos los presos del Comcar, por ejemplo, sólo 10 han sido procesados por estos delitos. A su vez, de los 288 individuos ingresados por homicidio o intento de homicidio, aunque la mitad registran antecedentes penales, ninguno fue denunciado antes por amenaza o violencia privada. No avisaron.

Los agresores de Claudia Pereira tampoco. En febrero, la contadora vivió bajo una amenaza de muerte que transgredió ampliamente las cartas o llamados intimidatorios; se trató directamente de tres intentos de asesinato fallidos por parte de su marido y la amante de éste. Aún días después de que ambos fueran apresados, Pereira confesó no poder deshacerse del miedo. Hoy, ya más tranquila, intenta rehacer su cotidianidad y por ello rehusó dar declaraciones: "Quiere dejar el tema atrás", explica su tía.

Es que, tal como indica el psiquiatra y psicoanalista Bibbó, "el desafío para el amenazado es seguir siendo él mismo, sin acomodarse al lugar que se le asigna. Cuando esto se logra, cosa que no es fácil ni frecuente, la víctima conserva su capacidad de defensa, pudiendo, por ejemplo, denunciar la situación y pedir ayuda".

"SI NO TE CALLÁS..." A principios de abril, la periodista de la publicación Opción Cero de Río Branco, Marlene Vaz, recibió una llamada en su celular: "Dejate de joder con los championes. Ya viste lo que les pasó a tus hijos. Ahora tenemos el ojo en tu nieta". El mensaje se refería a una investigación iniciada por el semanario hace dos años, cuando el comisario Carlos Gómez denunció el robo, en su propia Seccional, de una incautación de casi 10.000 pares de championes Nike, entre otras mercaderías. Desde entonces, Vaz ha seguido el caso, aún no resuelto, en el que hay policías investigados. Y también desde entonces, ha sufrido amedrentamientos de todo tipo, incluyendo ataques a dos de sus hijos, con graves lesiones, y la amenaza de "endosarle un delito" a otro de ellos. "Mi vida ya no es la misma, vivo temblando, no dormimos más de noche. Policías que han lastimado a mis hijos siguen cumpliendo servicios en la ciudad. Vivo en una zona fronteriza donde ha desaparecido gente, han matado gente y no se sabe quién fue. Tengo miedo por mi familia. Tengo terror", afirma la periodista. El caso está hoy en manos del Ministerio del Interior y Vaz cuenta con el apoyo del Comando de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, según ella misma explica.

Las amenazas de muerte contra periodistas son más frecuentes de lo que se piensa, aún en Uruguay. Los relatorios de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) dan una idea en ese sentido. En 2005, fueron intimidados de esa manera, entre otros: la directora de Televisión Nacional Sonia Breccia, el periodista deportivo Diego Muñoz, los cronistas de TVLibre Marcelo Borrat y Gustavo Martínez, y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Tacuarembó Victoria Alfaro, quien fue amenazada por la simple presencia de Ricardo Gabito en la ciudad. El periodista deportivo, a su vez, vivió un recordado atentado en diciembre de 2003, cuando alguien le disparó en la pierna, en la puerta de su casa. El hecho fue aclarado y hubo tres procesados con prisión.

Volviendo al documento de 2005, la APU consigna que ese año también fue procesado con prisión un hombre por dos delitos de violencia privada. Mediante un correo electrónico y una carta manuscrita, había advertido al periodista Miguel Nogueira -director del informativo de Televisión Nacional y conductor del programa Poder Ciudadano- y a un mensuario barrial que terminaran con sus comentarios contra el neonazismo si no querían ser castigados.

El relatorio de 2006 destaca una amenaza de muerte contra el director de Telemundo Alfonso Lessa, por parte de "militares nostálgicos de la dictadura". Y finalmente, en 2007, aparecen intimidaciones de ese tipo para el conductor de Las cosas en su sitio Ignacio Álvarez, por haber realizado un informe sobre publicidad engañosa; al cronista de La Diaria Federico Gyurkovitz, quien recibió una carta que advertía: "Si seguís investigando a la Junta de Río Branco te vamos a reventar"; y al periodista César Casavieja, por publicar en el semanario Señal de Alerta la foto de un hombre acusado de liderar una banda de narcotraficantes.

¿Existen indicadores que puedan determinar cuándo las amenazas son un riesgo real y cuándo no tienen más intención que asustar? Para el psiquiatra Bibbó, si bien cada situación debe ser atendida en su singularidad, "toda amenaza debe ser tomada en serio y debe activar mecanismos de defensa tanto personales como institucionales. La amenaza, en sí misma, ya es una agresión".

Por eso, aunque el acusado alegue que sólo se trató de una broma o que no tenía una real intención de cumplir con lo prometido, la jugada le puede costar cara, señala el abogado Homero Méndez. Lo que protege la ley en este caso -el "bien jurídico tutelado"- es nada menos que la libertad individual de la persona. "Todos tenemos derecho a vivir con tranquilidad. Sí hay que calibrar la intención del otro, y el resultado. Pero si la persona amenazada sintió temor por su vida, hay un daño que debe redimirse".

7.071 Cantidad de denuncias por amenazas de todo tipo en 2007, en Montevideo, según el Observatorio Violencia y Criminalidad.

26% Cantidad de amenazas, de las registradas en el primer trimestre de 2007, que refieren a casos de violencia doméstica.

700 Cantidad máxima de UR a las que puede llegar la multa por delito de amenaza (unos $ 250.000). La pena mínima es 25 UR ($ 9.000).

El miércoles 30 de abril, los uruguayos se despertaron con una noticia insólita para estos lares: la Policía había detenido a un hombre que planeaba matar al presidente Tabaré Vázquez.

La historia podía seguirse en todos los medios: el susodicho era un funcionario del Hospital de Dolores, (nosocomio que el primer mandatario tenía agendado visitar ese día), en Soriano, con problemas psiquiátricos y adicción al alcohol, y pensaba ultimar a Vázquez por "diferencias con su política económica".

La denuncia fue realizada por sus propios familiares y la Policía, alertada, allanó su casa y encontró un arma; el círculo cerraba y la amenaza era cierta. Varios medios extranjeros hicieron eco de la noticia. Y algunos hasta aseguraron que el hombre había confesado... algo que hubo que desmentir horas después.

El detenido, de 52 años y llamado Daniel Dales, fue liberado por falta de pruebas y tras negar las acusaciones. "Jamás dije que iba a matar al presidente", aseguró. No tenía problemas psiquiátricos y la pistola hallada en su casa la había encontrado tirada días antes, sin balas. Dales sí asumió que no está de acuerdo con la política llevada adelante por el gobierno, pero nada de vida o muerte.

En uno de cada cuatro casos de denuncias de amenazas, hay un trasfondo de violencia doméstica. Eso se desprende de los datos del primer trimestre de 2007 del Observatorio de Violencia y Criminalidad, que ahora intenta discriminar cuántas de estas situaciones se esconden en otras denuncias (homicidio, lesiones, violaciones, etc.).

Es que muchos delitos suelen estar cruzados o emparentados, por eso es que se habla de la amenaza como "residual" (es el medio para cometer otros crímenes), en la mayoría de los casos. Cuando se produce en un marco de violencia doméstica (es prolongada en el tiempo, la realiza alguien con quien se tiene una relación y hay antecedente de lesiones), se puede dictar una orden de restricción para el amenazador.

De acuerdo al Código Penal, la amenaza corresponde al grupo de delitos que atentan contra la libertad individual. Allí se consigna que "el que amenazare a otro con un daño injusto" será castigado con una multa que puede ir de 25 a 700 unidades reajustables (art. 290).

El monto depende de los agravantes. Estos son: la importancia del daño que se promete, amenazar utilizando un arma o bajo un disfraz, y que lo hayan hecho varias personas.

Ahora, cuando la amenaza es el medio para obligar a otro a "hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa", el delito que se configura es "violencia privada" (art.288). O sea, hay amenaza cuando se dice"Te voy a matar"; la violencia privada aparece cuando hay una condición "Te voy a matar si no hacés lo que te ordeno".

En este caso, la pena puede ir de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Los agravantes son los mismos que para la amenaza.

En ambos casos, lo más difícil es probar el delito. Los abogados recomiendan recabar las pruebas posibles (el mensaje, si fue escrito, o un testigo, por ejemplo) y realizar la denuncia siempre.