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PABLO MELGAR

Un grupo de usuarios de El Correo se propone iniciar un juicio por violación de correspondencia a los sindicalistas. Hoy se cumplen 34 días que el sindicato no reparte la correspondencia proveniente del exterior.

Medicamentos para portadores de VIH, libros, pequeñas importaciones, cartas, documentos y todo tipo de correspondencia proveniente del exterior se acumula desde hace 34 días en los galpones del Aeropuerto de Carrasco. Se trata de una medida del sindicato postal en reclamo de un anticipo de $ 1.500 a cuenta de la futura reestructura del organismo y la aprobación de ley que regula el sistema de correspondencia en el país.

Desde las redes sociales un grupo de usuarios se viene organizando para protestar e iniciar acciones legales contra el sindicato. Gerardo Bloomerfield, uno de los organizadores del grupo de usuarios, dijo a El País que mañana viernes a la hora 13 se reunirán frente a la sede de El Correo para "enlentecer el tránsito y así informar a la población sobre lo que está pasando".

"Vamos a protestar frente al lugar donde los funcionarios deberían estar procesando nuestros paquetes. Queremos hacerle saber que somos víctimas de un delito de violación de correspondencia que está previsto en el artículo 296 del Código Penal", aseveró Bloomerfield.

El texto del artículo dice que una de las dos formas de cometer ese delito es para aquellos "que abran, intercepten, destruyan u oculten correspondencia, encomiendas y demás objetos postales con la intención de apropiarse de su contenido o interrumpir el curso normal de los mismos".

Para ese delito la norma fija como pena entre un año de prisión a cuatro de penitenciaría. Además, constituye una circunstancia que el autor sea funcionario público.

Bloomerfield dijo a El País que una vez terminada la movilización presentarán en un juzgado penal las denuncias contra los sindicalistas.

"No se puede cometer un delito como medida de lucha, agarraron nuestros paquetes para usarlos como barricada a fin de presionar al gobierno", aseveró.

Desde el 1° de agosto el sindicato agregó una nueva medida: no envía correspondencia desde Uruguay al exterior. Tampoco expide certificados.

El lunes pasado una delegación de los usuarios se comunicó con el sindicato para pedir que levantaran la medida. Hubo un fuerte intercambio de palabras. Los sindicalistas respondieron que el "piquete del viernes" se lo hicieran "a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que es la que tiene la llave de este asunto".

El secretario general del sindicato postal, José Matto, dijo a El País que fue insultado por uno de los usuarios. Agregó que "es mentira que no estén llegando medicamentos; de eso se encarga Salud Pública".

Matto lamentó el escaso diálogo que mantienen con las autoridades de El Correo y del gobierno. Dijo que la respuesta de los jerarcas del organismo es que la salida no está en sus manos. "Si no pueden hacer nada, tendrán que dar un paso al costado", disparó el dirigente.

USUARIOS. Las historias de afectados por la medida sindical se acumulan en las redes sociales. Un hombre narró que se vino desde España porque quedó sin trabajo. Para evitar que en la aerolínea le cobraran una multa por exceso de equipaje envió su ropa por El Correo. Hace un mes que llegó y anda con lo puesto y lo que le prestan sus familiares y amigos en Uruguay.

Una pareja aguarda la llegada de un medicamento vital para manejar su salud. Uno está infectado con VIH y el otro es portador. Detener el avance de la enfermedad depende de un fármaco que adquirieron en el exterior y permanece en los depósitos de El Correo.

Mediante pequeñas importaciones de China una madre soltera encontró una salida laboral para mantener a su familia. Compra accesorios para celulares que comercializa a pequeña escala en ferias vecinales. Tras la medida sindical quedó sin recibir mercadería para vender.

La única alternativa para los usuarios de El Correo es remitir la correspondencia con los servicios de empresas privadas que tienen un precio más alto que el sistema oficial.

Mientras tanto, los paquetes se siguen acumulando en los galpones del aeropuerto de Carrasco. Hasta ahora la aplicación de la medida sindical no afecta los salarios de los trabajadores puesto que no hay un paro declarado. Los postales anuncian que si no hay soluciones a la brevedad incrementarán las medidas.

Ayer la Comisión de Transporte del Senado aprobó el proyecto de la ley postal. Este proyecto es uno de los reclamos del sindicato del Correo que tiene cifradas expectativas en que se transforme en un instrumento que beneficie las arcas del organismo estatal.

La norma incluye la creación de una tasa para todos los servicios de correspondencia, entre ellos los de los organismos del Estado y las empresas privadas. El dinero recaudado se destinará al Correo estatal que en la actualidad se financia básicamente con aportes de Rentas Generales.

Hasta ahora los integrantes frenteamplistas del directorio del Correo no han aceptado formular declaraciones sobre el conflicto.

La semana pasada emitieron un comunicado en el que señalaban que estaban haciendo todo lo posible para solucionar el conflicto. El director por la oposición, Julio Silveira (Partido Nacional), criticó la decisión del sindicato de hacer excepciones en el reparto de la correspondencia.

El 28 de julio pasado Silveira anunció que "en la medida que se vayan afectando servicios se van a ir cerrando".

"Si no hay servicios para uno, no hay para nadie", dijo el director nacionalista de El Correo.