Tres escándalos judiciales golpean al poder en Argentina: Boudou, Macri y Schoklender

1/3

2/3

3/3

La semana pasada los tribunales argentinos estuvieron plagados de novedades: imputaciones, procesamientos y encarcelamientos por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, escuchas ilegales y estafas millonarias que involucran al vicepresidente Amado Boudou; al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri; y al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender y su hermano Pablo.

El lunes fue el turno del vicepresidente, cuando se conoció su imputación, la de su novia, Agustina Kampfer, y de dos de sus presuntos testaferros, Alejandro Vandenbroele y José María Núñez Carmona, entre otros supuestos allegados por lavado de dinero, encubrimiento y enriquecimiento ilícito, tras una denuncia realizada en febrero en carácter de particular por un periodista ante el juzgado federal del juez Ariel Lijo. A finales de semana, ese magistrado decidió unir esa causa con otra investigación contra Boudou que también tiene a su cargo y que se dio a conocer en marzo, la causa Ciccone. Se trata de la imprenta a la que mediante una nota oficial el vicepresidente argentino intercedió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para salvar de la quiebra, que va a imprimir papel moneda y que ahora rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana es dirigida por su presunto testaferro, Vandenbroele, quien desde un primer momento negó cualquier tipo de vínculo.

El caso investiga si se cometieron los delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario y lavado de dinero, y tomó estado público este año con el regreso radial del periodista Jorge Lanata, donde la esposa de Vandenbroele (actual director de la exCiccone), Laura Muñoz, lo señaló como "testaferro de Boudou" y agregó que llevaba "la parte de los negocios que no son tan claros".

"Es un caso complicado de explicar porque se trataría de una red de participación extensísima y clasificable en prestanombres, que constituyeron las sociedades pero no ejercen sus puestos; financistas, que pusieron el dinero para su armado; y funcionarios públicos que colaboraron para facilitar la concreción de negocios", señaló a El País el abogado Ricardo Monner Sans, quien preside la Asociación Civil Anticorrupción que solicitó se promueva la investigación sobre las públicas acusaciones al vicepresidente dentro de la Procuración General de la Nación (PNG).

Tras la publicación textual por parte del diario Clarín de la nota oficial emitida cuando Boudou aún era ministro de Economía y que recomienda "la continuación" de la exCiccone por las "fuentes de trabajo generadas (…) y su importancia estratégica"; el vicepresidente realizó una conferencia de prensa desde el Congreso en la que realizó graves acusaciones por tráfico de influencias que posteriormente formalizó ante la Justicia y que, casi de inmediato, terminaron en la llamativa renuncia del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, quien posee vínculos históricos con el peronismo y el kirchnerismo y había sido nombrado en su cargo a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner. Más adelante los dichos de Boudou determinarían también la desvinculación con la causa del juez Daniel Rafecas. De hecho, Lijo es el tercer juez que lleva el caso -ya que Norberto Oyarbide se excusara de tenerla en su fuero en una primera instancia-; y la semana pasada se separó de la investigación del caso al fiscal federal Carlos Rívolo, quien desde un primer momento se había hecho cargo de las pesquisas.

La apertura de investigación de la veracidad de la nueva denuncia dada a conocer la semana pasada fue solicitada por el fiscal federal Jorge Di Lello. Específicamente la nueva denuncia presentada ante Lijo pide investigar "las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial" de Boudou y de los sindicados como "sus testaferros" y de empresas expuestas como "cercanas al Señor Vicepresidente"; de los que solicita se ordene la declaración indagatoria. "Se trata de una denuncia que tiene relación con la causa de la exCiccone pero la amplía y excede porque pretende que se investiguen además otros vínculos. La investigación duró varios meses, junto a mi abogado, Sánchez Kalbermatten, veníamos recopilando y cruzando documentación del boletín oficial, y los registros de propiedad del inmueble y del automotor y viendo que Boudou aparecía vinculado a muchas personas, a veces explícitamente, que a su vez tenían sociedades vinculadas a negocios que no eran muy claros en que los accionistas iban y venían", dijo a El País el periodista Christian Sanz, quien realizó la denuncia y agregó que incluso se detectaron firmas uruguayas aunque aún no han podido rastrear una pista certera en ese sentido.

Con las imputaciones, este combo de denuncias recién comienza su camino judicial y según publicó el diario La Nación: "Di Lello pidió a Lijo que impulse la causa `contra las personas y empresas mencionadas` en la denuncia y que verifique si `podrían estar involucrados como accionistas y o integrantes de las sociedades` mencionadas y también solicitó que se ordenen pedidos de informes a la AFIP, las declaraciones juradas patrimoniales de los denunciados, y resúmenes de movimientos de cuentas bancarias".

INTENDENTE PROCESADO. Conocido como el caso de "las escuchas ilegales" o "Macrigate", el miércoles Oyarbide dio por cerrada la investigación por la que está procesado, entre otros, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; dio vista a las partes para que opinen si está en condiciones de ser enviada a juicio oral. La causa salió a la luz durante el primer mandato de Macri y dio cuenta de una estructura de espionaje, presuntamente paraestatal, que se empleó desde el gobierno porteño para sus fines.

La investigación expuso que el espionaje involucró a opositores y dirigentes del propio partido de gobierno, empresarios, sindicalistas y hasta familiares del propio Jefe de gobierno, por ejemplo fue intervenido el teléfono de su cuñado, el parapsicólogo Daniel Leonardo. Sin embargo, la denuncia judicial fue iniciada por quien sería uno de los principales afectados: Sergio Burstein, un referente de la comunidad judía en Argentina que lideró una cruzada contra el nombramiento de Fino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, debido a las conexiones que éste tiene con el atentado terrorista a la AMIA de 1994. Palacio finalmente dejó el cargo y Burstein fue alertado mediante una llamada anónima de que sus teléfonos estaban interceptados.

Tras la investigación judicial se verificó que estaba siendo espiado por una banda de la que formarían parte Palacios, quien por ese entonces reportaba directamente a Macri, quien sería su sucesor en la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro; Ciro James, un abogado de la Policía Federal argentina que se desempeñaba para el Ministerio de Educación de Buenos Aires y que ejecutaba el espionaje; y los jueces de la Provincia de Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo (que falleció en 2011), ordenaban las interceptaciones a la SIDE de forma irregular mencionando a los "escuchados" como posibles sospechosos en el marco de una causa que investigaba un crimen, entre otros. Todos fueron procesados e incluso los magistrados fueron destituidos y al figurar James como su asesor, el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski debió renunciar a su cargo. Con los procesamientos se dio por probado el montaje de una estructura ilegal para cometer espionaje amparándose en la cobertura del gobierno y de hecho, Palacios y James estuvieron detenidos con prisión preventiva durante casi dos años y fueron excarcelados por la Cámara Federal porteña.

En el caso del jefe de Gobierno porteño, está procesado desde junio de 2010 por "asociación ilícita e interceptación de comunicaciones", y aunque ello fue recusado en dos instancias, la definición está en manos de la Cámara Nacional de Casación, máximo tribunal penal. Sin embargo debido a que ya pasaron más de dos años sin ningún fallo al respecto, la decisión de dar por cerrado el caso que el juez Oyarbide tomó la semana pasada se produjo sin esperar dicha resolución, aunque deberá estar resuelta antes del juicio oral, y según expusieron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam, dado que recién se ha conformado el tribunal que lo definirá, el mismo no es inminente.

Al enterarse del cierre de la investigación, Macri cargó contra Oyarbide: "Actúa eficientemente para defender a los que tienen que ver con el gobierno (nacional) y en contra de los que son oposición dentro de este esquema de obstruir, trabar y asfixiar a los que pensamos distinto". A su vez, ante el juicio desestimó tomar la licencia que le reclaman desde la oposición porteña. "Nada cambió para nosotros (...) Surgimos en el camino, porque para eso nos votaron", dijo.

Por su parte en declaraciones a radio La Red, Burnstein sostuvo que Macri intenta politizar la causa porque "es la estrategia que utilizó desde el primer día" y añadió que éste "ha hecho un cuestionamiento a la Cámara Federal, a la Cámara de Casación, es decir a todo aquel que no le da la razón", pero aseguró que "nadie puede decir que las escuchas no son reales".

LOS SCHOKLENDER PRESOS. Fue el martes tras una indagatoria a Sergio Schoklender -en la que éste se negó a declarar- que el juez Oyarbide dejó detenidos al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a su hermano menor Pablo y al contador Alejandro Gotkin, en la causa que los investiga por un fraude millonario -que según publicó La Nación sería de un monto cercano a los 45 millones de dólares- y como presuntos integrantes de una asociación ilícita dedicada a desviar fondos públicos que les otorgaba el Ministerio de Planificación para la construcción de viviendas sociales.

No es la primera vez que Sergio y Pablo Schoklender son detenidos, ya estuvieron presos tras asesinar a sus padres en 1981. De hecho, Sergio se recibió de abogado en la prisión. Quedó libre a finales de 1995, tras el cual generó un vínculo muy cercano con Hebe de Bonafini convirtiéndose primero en abogado y a partir de 2005 en apoderado de la fundación que ésta presidía. En tanto, Pablo permaneció prófugo hasta 1994 -cuando cayó en Bolivia, donde residía bajo otra identidad, tras realizar un fraude con cheques- y recién en 2001, ayudado por su hermano, comenzó a tener salidas transitorias. Por su parte, Gotkin es un exempleado de Madres, socio de Sergio y presidente de las empresas Antártica y Meldorek, esta última constructora de las viviendas en cuestión.

El caso tomó relevancia en marzo de 2011 cuando la presidenta de Madres despidió a Sergio de la fundación. El juez les imputa a los Schoklender y a otras 25 personas -en una primera etapa- fraude y lavado de dinero, quedarse y utilizar con fines personales parte de los fondos que el Estado otorgó para construir casas a la Misión Sueños Compartidos, el programa de inclusión social de la Fundación. Se trata de un grave hecho que empañó la imagen del organismo de Derechos Humanos, reconocido a nivel mundial por su lucha para el esclarecimiento de las desapariciones durante la dictadura, ocurrida entre 1973 y 1983; pero ninguna de sus referentes está involucrada.

En 2011, luego de su imputación, el mayor de los Schoklender expuso en declaraciones periodísticas que Madres tendría varias cuentas en el exterior y hasta habría aportado dinero para campañas electorales de altos funcionarios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández. En ese entonces, De Bonafini negó esos dichos y señaló que fue "traicionada en su buena fe" reclamando que le caiga "todo el peso de la ley". Por eso, tras las detenciones, la presidenta de Madres expuso estar "satisfecha con la Justicia" y agregó: "Esperaremos las condenas".

A su vez, el miércoles pasado el fiscal Di Lello rechazó los pedidos de excarcelación que realizaron los tres detenidos y el jueves fue el turno de las declaraciones de Gotkin y el menor de los Schoklender. Pablo apuntó contra De Bonafini de quien dijo era quien tomaba las decisiones en la fundación y negó ser "organizador" de la asociación ilícita, a la vez que sostuvo que en la fundación no sólo se manejaban fondos públicos sino también dinero de donaciones, de recaudación por publicidad en la radio de las Madres y de "merchandising", según publicaron los principales medios argentinos. El próximo 31 de mayo, Oyarbide llamó a declarar a Alejandra Bonafini, hija de Hebe, aunque la presidenta de Madres aseguró que ella "no tiene absolutamente nada que ver con lo sucedido".