Tribunal considera que jueza de Salto actuó en forma incorrecta

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E.B.

El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° Turno consideró que la jueza de Salto, Ivón Olivera Kamaid, actuó en forma incorrecta al suspender el juicio a un joven de 16 años acusado de incendiario y doble homicida que quedó libre.

Tras suspender el juicio, la magistrada envió el expediente del caso al Tribunal de Apelaciones de Familia de 2do. Turno.

A juicio de los miembros de ese tribunal, la jueza de Salto debió aplicar el criterio que utilizan los juzgados de Montevideo ante una apelación: sacar fotocopia autenticada del expediente, elevarlo al Tribunal de Apelaciones respectivo y fallar dentro de los 90 días.

Con el caso de Salto, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° Turno aplicó un criterio similar al de los juzgados capitalinos. Ayer envió a Salto una copia autenticada del expediente para que la jueza Olivera Kamaid dicte sentencia sobre el caso lo antes posible.

Los plazos dispuestos por el Código de la Niñez caducaron el domingo 8.

"Transcurrió un plazo muy importante entre el hecho ocurrido el 7 de enero y el envío el 26 de marzo del expediente al Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° Turno. Habrá que ver en qué empleó ese tiempo la Justicia de Salto", dijo a El País el vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxandabarat.

En la acordada de ayer, los miembros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron pedir a la jueza Olivera Kamaid información sobre el expediente judicial.

Los elementos que generan críticas dentro del Poder Judicial son tres: la decisión de la magistrada de suspender el proceso penal cuando el abogado defensor del menor presentó la apelación; la tipificación de un delito de "incendio agravado con resultado de dos muertes" cuando en realidad ocurrieron dos homicidios durante el siniestro; y la demora en dictar sentencia dentro de los plazos previstos por el Código de la Niñez.

Fuentes judiciales afirmaron a El País que es posible que la magistrada salteña sea pasible de una sanción por parte de la Suprema Corte por demorar en fallar dentro de los plazos estipulados por la ley. Agregaron que los otros dos puntos -la tipificación del delito y la suspensión del proceso tras recibir la apelación- son jurisdiccionales y la Suprema Corte no interviene en esos casos.

El 7 de enero de este año, el adolescente acusado -tiene 16 años y es adicto a la pasta base- incendió una precaria vivienda del barrio salteño Horacio Quiroga. En el siniestro falleció una mujer de 25 años y su hijo de tres meses. Otros dos menores sufrieron quemaduras. Ese mismo día, la jueza de feria Anabella Gatto le inició procedimiento y dictó una medida cautelar de internación por 90 días al menor. Al finalizar ese plazo, el adolescente quedó libre porque la Justicia de Salto no falló.

PROBLEMAS. En los tres primeros meses de este año, el caso tuvo tres magistradas: la jueza de feria Anabella Gatto, una segunda jueza que actuó pocos días de enero, y la jueza titular Olivera Kamaid que comenzó a trabajar el 1° de febrero. "El menor fue liberado el 8 de abril porque no se terminó el procedimiento. Es decir, finalizó la medida cautelar de internación de 90 días y como la jueza de Salto no falló, este quedó en libertad. Acá estamos ante un juicio que no terminó", dijo Oxandabarat.

Antes de que finalizara la medida cautelar, técnicos del INAU advirtieron que el adolescente acusado era "problemático", "conflictivo" y "adicto a la pasta base".

Fuentes del INAU dijeron a El País que el menor nunca confesó la autoría del crimen -se le inició procedimiento judicial en base a testimonios de testigos que lo vieron tirar combustible y encender fuego a la precaria vivienda- y reconocieron que el adolescente "no se rehabilitó" en los tres meses que estuvo en el hogar Ituzaingó de la Colonia Berro.

Oxandabarat dijo que el proceso contra el adolescente continuará en los próximos días. "Seguramente esa sentencia será condenatoria", dijo el vocero de la Corte.

Actualmente el menor está bajo vigilancia de un juzgado de Familia de Montevideo.

FIRMAS. El martes 17 a la hora 13, los sectores Vamos Uruguay (Partido Colorado) y Unidad Nacional (Partido Nacional) entregarán 350.000 firmas a la presidencia de la Asamblea General, con el fin de que se convoque a una consulta popular para la baja la edad de imputabilidad penal a 16 años.

"Ya tenemos más de 100.000 firmas que las requeridas para activar el mecanismo constitucional", dijo a El País el diputado de Vamos Uruguay Germán Cardoso. Agregó que los dos sectores opositores pedirán al oficialismo que se adelante el plebiscito para endurecer penas a menores.

Operadores judiciales expresaron a El País su sorpresa por la actitud de familiares de menores infractores frente al juzgado de la calle Bartolomé Mitre. El viernes 6, un grupo de madres esperaba las salidas de sus hijos en la puerta del juzgado. "¡Aguanten los pibes chorros!" y "¡abajo los botones alcahuetes!" eran los gritos que repetían mientras los vehículos policiales partían rumbo al Hogar Puertas. Allí los menores son clasificados y luego derivados a Berro o a centros capitalinos.