Si se quiere, se puede abatir el delito

El año 2012 ha empezado con color a sangre. En 93 días murieron asesinadas, 92 personas. El promedio es de un homicidio por día en los tres primeros meses. El número de muertes a consecuencia de rapiñas y copamientos en ese breve lapso de tiempo, ascendió a 29. Cifra que responde al 31% de los homicidios ocurridos en el país.

Y conste que no estamos hablando de ninguna nación centroamericana, ni de México. Los impresionantes índices mencionados surgen del estudio llevado a cabo por el Ministerio del Interior del Uruguay. Y lo peor es que no pueden sorprender demasiado ya que la sociedad uruguaya hace tiempo que vive estupefacta y amedrentada por la falta de seguridad en que se encuentra, tanto de un barrio como otro o del estrato social que sea. Los criminales han tomado a la capital por asalto y el mal se extiende como lava ardiente por todo el país.

En un mismo día de esta semana, por ejemplo, se supo de la reacción indignada de los vecinos que arremetieron contra la casa de unos de los supuestos asesinos que mataron a una joven de apenas 13 años, en un pueblo de Paysandú, y al mismo tiempo se informó de la muerte de un hombre joven que se encontraba de visita en el comercio de unos conocidos en Montevideo, a quien por tratar de defender a su amigo, un forajido lo dejó sin vida tras pegarle cuatro tiros.

Además de las injustas muertes de personas inocentes y trabajadoras, también se registró un 22% a causa de riñas y peleas, un 20% por ajuste de cuentas, un inadmisible 15 % por violencia doméstica y 12 % por otros motivos. Aunque el director Nacional de Policía opina que de acuerdo a su entender, la mayoría de los homicidios ocurre debido a enfrentamientos entre personas que se conocen, no deja de impactar el elevado porcentaje referido a víctimas como consecuencia de actos delictivos.

Finalmente, el aumento del grado de violencia que se observa parece que llamó la atención de la policía y la justicia y a partir de ello empezó este relevamiento que apunta a analizar con mayor profundidad esta situación, ligada indudablemente, a varios factores. La fragmentación social, la desaparición de los valores esenciales que hacen a una comunidad civilizada, el aumento del consumo de drogas a resultas, en gran medida, a las enormes sumas que se mueven a su alrededor y también la perniciosa influencia de la TV que inunda día tras día las pantallas y llega a las viviendas con programas de continua violencia donde los héroes son a menudo, los villanos.

Por último, pero no por eso menos importante, la actitud, el mensaje y la inoperancia de las autoridades. Las que tienen la responsabilidad de guardar el bien común. Una tarea que no es imposible y menos debiera serlo, en un país pequeño como el nuestro, sin junglas ni montañas que sirvan de refugio a los criminales y con escasos tres millones de personas. Pero como sucede con un cáncer maligno, cuanto más se demora en atacar el tumor, más se esparce y así ha ido ensanchándose la metástasis.

Entonces lo que cabe, lo que hace falta, es resolución y capacidad para lidiar con el problema y obtener buenos resultados. Nada mejor que mirar alrededor para inspirarse y aprender.

El Gobernador de Pernambuco ha demostrado que si se quiere se puede. Se trata de un Estado que forma parte de nuestro gigante vecino con una población bastante más grande que la uruguaya. Son más de 8 millones de habitantes y hasta el 2007 era considerado el más violento del Brasil. Una distinción nada tranquilizadora, pero Eduardo Henrique Campos ha conseguido en sus 5 años de gestión bajar las tasa de homicidios en un 42 %. En 3 años menos de los que lleva aquí el Frente Amplio.

Una síntesis sobre la baja del delito y la corrupción policial (más de 200 policías encarcelados) indica que se dividió el territorio en 25 áreas de vigilancia, con métodos que priorizan la inteligencia a la fuerza. Se hizo foco en los asesinatos y se introdujo en la institución policial la gestión por resultados, con premios en dinero, lo mismo que en la salud. La región metropolitana de Recife tiene el mayor monitoreo por cámaras de Brasil. El plan equilibra prevención social y represión calificada y los 2.000 presos en libertad vigilada portan pulseras electrónicas. La meta es disminuir los homicidios un 12 % por año.