Cárceles: Gobierno y ONG enfrentados en ámbito internacional

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Ayer, Uruguay volvió a ser citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta vez por la situación de los reclusos, que Ielsur calificó de grave y sobre la que una representante del Ministerio del Interior intentó mostrar avances.

A diferencia de lo que ocurrió en décadas pasadas, en los últimos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA tramitó varios casos referidos a Uruguay, entre ellos los vinculados a María Claudia García de Gelman y los hermanos Peirano.

Esta vez, fue debido a una solicitud de audiencia presentada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur), aceptada por la CIDH, para plantear la situación de los reclusos en el Uruguay y lo que consideran la falta de avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por diferentes expertos.

El abogado Diego Camaño concurrió a la audiencia de ayer martes en representación de Ielsur y la psicóloga Gabriela Fulco, asesora del ministro del Interior Eduardo Bonomi en temas carcelarios, lo hizo representando al Estado. Ambos difirieron notoriamente en cuanto al estado de las cárceles, los reclusos y los avances registrados en los últimos dos años.

Camaño fue crítico de la gestión del gobierno y pidió que se comprometiera a tomar medidas para mejorar la situación carcelaria en plazos concretos. Fulco replicó que hubo avances y en más de una ocasión dijo que Camaño está desinformado sobre algunos temas. Camaño dijo que Uruguay tiene 9.300 presos, "cifra que ha crecido sostenida y descontroladamente en los últimos diez años". Afirmó que una de las razones del fenómeno es el sistema procesal penal, ya que entre el 65 y el 70% de la población carcelaria, son presos sin condena, lo que es "un problema gravísimo".

Hizo hincapié en que el problema no se soluciona construyendo nuevas cárceles, lo que implicará más presos, y habló de la falta de un sistema eficaz de medidas alternativas a la prisión. Acotó que preocupa el anuncio del gobierno de privatizar la construcción y determinados servicios dentro de las cárceles. "Esto significa que la población puede dispararse aun más, porque la experiencia internacional sobre privatización indica que genera un negocio redituable en la medida que existan presos".

Camaño concluyó que hay un "cuadro de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos frente a la población reclusa".

Fulco remarcó que existe un compromiso del presidente Mujica y del ministro Bonomi para mejorar las condiciones de los privados de libertad y que se avanzó "notablemente" en reducir el hacinamiento. Mencionó mejoras en la atención de salud y la alimentación de los reclusos, también en las oportunidades para que estudien y trabajen.

PREGUNTAS. Tras las ponencias de Camaño y Fulco, hubo preguntas de miembros de la CIDH. Rodrigo Escobar, quien como relator especial de la OEA sobre los derechos humanos de las personas presas visitó las cárceles uruguayas en 2011, recordó que la situación que observó fue "sumamente grave", con problemas de infraestructura, hacinamiento, uso excesivo de la prisión preventiva, falta de higiene y de alimentación.

Interrogó si fueron clausurados los módulos uno, dos y cuatro del Comcar, donde calificó las condiciones de reclusión como "deprimentes". En su respuesta, Fulco enumeró una serie de mejoras en el Comcar y reconoció que esos módulos siguen siendo utilizados, aunque precisó que "se descongestionaron".

En tanto, Rosa María Ortiz -otra de las integrantes de la CIDH- mencionó la situación de los menores detenidos, en especial en la colonia Berro, y recordó que vio como allí los internos permanecían encerrados hasta 23 horas al día.

Es la cantidad de privados de libertad en cárceles uruguayas, dijo Diego Camaño en la audiencia de la pasada jornada.

Porcentaje de procesados sin condena, lo que el representante de Ielsur catalogó de "problema gravísimo".