Advierten por nuevas exigencias de OCDE

Si bien el gobierno está negociando un acuerdo con Argentina donde el intercambio de información fiscal sea para pedidos puntuales, la OCDE tiene en su agenda de trabajo que ese flujo de datos sea automático e incluso espontáneo. A su vez, a diferencia de Uruguay, la organización no considera que el secreto profesional alcance a contadores. Esas advertencias fueron realizadas ayer por Gianni Gutiérrez, tributarista de Ferrere Abogados, en una charla para clientes.

Pese a que con Argentina se acuerde el intercambio de información a requerimiento (para evitar pedidos en masa de información), ese país ya tiene recientemente acordados intercambios automáticos y espontáneos con Chile, España Colombia. Esto implicaría que si en inspecciones de la Dirección General Impositiva (DGI) "surge alguna información relevante para el fisco argentino, debería darla". Por ahora, esa posibilidad no se está negociando, pero podría aparecer más adelante, ya que integra la agenda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dijo Gutiérrez.

Seguro es que, en sus solicitudes de datos, Argentina deberá decir porqué es relevante la información del punto de vista tributario, el motivo por el que considera que la tiene Uruguay, el nombre y la dirección de la persona de la que se pide información o de la entidad que la tiene y demostrar haber agotado todos los medios internos para obtenerla.

La información que podrá solicitar Argentina -según los manuales de la OCDE- puede referirse a libros y registros contables de sociedades, número de sociedades con la misma dirección de la entidad que se solicita información, el nombre y dirección de directores, gerentes y de otros empleados de la compañía en los años relevantes, prueba de sus remuneraciones, pagos a la seguridad social, información bancaria, copias de facturas y contratos comerciales, entre otros.

Gutiérrez señaló que el secreto profesional tiene rango constitucional en Uruguay y alcanza además de a los abogados a los contadores, pero que OCDE no comparte ese criterio. En ese sentido, dijo que los negociadores deberán procurar que el tratado no autorice al fisco argentino a acceder a datos que ni la DGI puede obtener.