PABLO MELGAR
Los contribuyentes uruguayos deben unos US$ 65 millones por el impuesto de Primaria. El 56% de los padrones gravados del Interior y el 22% de los de Montevideo, están morosos. La ANEP amenaza pasar los deudores al Clearing de Informes.
De los 371 mil padrones gravados con el Impuesto de Primaria en Montevideo hay 80 mil que están morosos, lo que representa un 22% del total, mientras que los guarismos en el Interior son más preocupantes. De un total de 395 mil contribuyentes a Primaria hay unos 221 mil que no están al día, lo que equivale a un 56%.
El impuesto, que se destina básicamente a los comedores escolares, recauda unos US$ 50 millones. La morosidad actual trepa a los US$ 65 millones. Los valores del impuesto son variables pero en promedio equivalen a la tercera parte de la contribución inmobiliaria urbana.
La distribución de la factura ha sido muy irregular, según admitió la oficina encargada del impuesto en Primaria. De hecho, según las autoridades, es lo que explica el gran atraso en el interior del país.
El gravamen afecta a los bienes inmuebles cuyo valor supera determinada franja que fija la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía.
En todos los trámites que implique un cambio en la titularidad de las propiedades inmuebles se exige estar al día con el impuesto. Desde la ley de Presupuesto de 1986 están obligados a pagar los propietarios, los poseedores, usufructuarios y los promitentes compradores con o sin promesa inscripta.
La alarma surgió cuando en las últimas facturas el Codicen anunció que está afiliado al Clearing de Informes.
El año pasado el Codicen inició una campaña de intimación de pago. Cada uno de los deudores recibió un cedulón que les informaba de la deuda y se los citaba a presentarse en las oficinas de Recursos Propios del organismo educativo.
La normativa habilita al Codicen a llegar al remate de las propiedades en caso que no se cumpla con el impuesto en un tiempo prolongado.
Sin embargo, hasta el momento los morosos del impuesto no cuentan con facilidades para refinanciar su deuda.
A raíz de ello el diputado nacionalista Pablo Abdala presentó un proyecto de ley que apunta a promover un plan de financiación extraordinario que "no es un perdón porque sería injusto ante los buenos pagadores", dijo el legislador.
La idea de Abdala es que se eliminen las multas y recargos junto a la actualización de la deuda de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC). Además, se aplicaría un interés financiero del 6% y se dividiría la morosidad en 18 cuotas iguales.
El proyecto está siendo estudiado por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. El próximo miércoles las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) concurrirán a la comisión de Hacienda de la Cámara Baja junto a su gerencia de Recursos Propios.
Allí Abdala consultará sobre el nivel de endeudamiento de los contribuyentes y las facilidades de pago. También dará a conocer a su iniciativa a las autoridades del Codicen.
Con las consultas al Codicen el diputado buscará saber si funcionó el plan de intimación de pago. "Sería bueno que se otorgara una alternativa para el pago y financiamiento de la deuda para regularizar la situación, opinó Abdala.
Vareliano. La historia del impuesto se inició en tiempos en que José Pedro Varela ejercía como director de Instrucción Pública de la dictadura de Lorenzo Latorre.
A lo largo del siglo XX tuvo distintas variantes. En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) y en el de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) se le introdujeron algunas modificaciones. El último cambio se aplicó en la ley de Presupuesto de la administración de Tabaré Vázquez (2005-2010).