Políticas sociales con mirada electoral

El país vive una excepcional bonanza económica, en particular en lo que refiere a desempleo y crecimiento. Sin embargo, siguen siendo numerosos los uruguayos que no se benefician de ella. Y el problema es que hay cada vez más datos que señalan que parte sustancial de los programas aplicados por el gobierno para enfrentar esta situación no solamente no son eficientes, sino que además, promueven el clientelismo.

Uno de los planes más promocionados e importantes es el que en 2008 instauró el nuevo régimen de asignaciones familiares. Uno de los requisitos claves de este beneficio para los hogares socioeconómicamente más vulnerables es que se verifique una concurrencia asidua de niños y adolescentes a institutos de enseñanza. Y el otro, que los padres realicen controles médicos periódicos a sus hijos. La situación al día de hoy es que el BPS, que es quien se ocupa del pago del beneficio, no ha recibido en estos tres años la información completa de la asistencia a clase de los 412.000 niños y adolescentes cuyas familias perciben esta asignación.

Así, no hay certeza de que se cumpla efectivamente con uno de los mecanismos que ayudan a la integración social de la población más vulnerable. Pero el gobierno no deja por ello de otorgar las asignaciones. Da dinero pues, a cambio de una contrapartida necesaria pero teórica, que nadie controla ni sanciona. Por supuesto y en el mismo sentido, tampoco hay datos confiables y generales sobre el requisito, fundamental, de controles médicos periódicos para los niños.

Pero hay más. En diciembre se supo que el 80% de quienes se anotaron para obtener trabajo por el Plan de Equidad había rechazado ofertas laborales con sueldos de unos $ 10.000, que no son salarios bajos hoy en el mercado por mano de obra poco calificada. ¿Cómo se explica esto? Sencillo: quienes están en esa situación no van a aceptar estas propuestas de trabajo formal, si con ello pierden la transferencia que les llega desde el Mides. Porque con esa transferencia y un trabajo ocasional informal les alcanza para ganar lo mismo o más que lo propuesto en esos trabajos formales.

El aparato de gobierno no controla los trabajos en negro en los sectores en donde se desenvuelven las poblaciones más vulnerables, y mantiene la prebenda estatal desde el aporte del Mides. Queda claro entonces aquí también, que lejos de fomentar la inserción laboral y social, la política implementada desincentiva la integración de las poblaciones más excluidas.

Por su parte, las conclusiones del informe de análisis de comportamiento de compra y venta de usuarios y comercios del sistema Tarjeta Alimentaria Uruguay Social realizado por el INDA, también registran desvíos con relación a lo que son los objetivos teóricos del programa. Se trata de 80.000 usuarios y 800 comercios. En el período de junio, julio y agosto de 2011, hubo importantes gastos en artículos no recomendados: por ejemplo, productos de belleza, medicamentos, cera de autos o alimentos para mascotas. ¿Alguien cree que el gobierno corregirá esta situación? Lo más probable es que, como en las demás asistencias, todo siga como está.

Es que en realidad, toda la política social del Frente Amplio en el poder tiene un secreto designio que va haciéndose cada vez más claro: se trata de asegurar un potente apoyo pensando en instancias electorales. Está haciendo el más elemental clientelismo desde 2005. Reparte a poblaciones vulnerables dinero del Estado en una coyuntura de fuertes ingresos fiscales, a cambio de cumplir con condiciones teóricas que nadie verifica, y que en definitiva poco importa que se cumplan.

Así quedó demostrado recientemente desde la academia. En efecto, Marco Manacorda, Edward Miguel y Andrea Vigorito, publicaron un artículo en la American Economic Journal: Applied Economics en el que estudiaron el impacto del plan de atención nacional a la emergencia social (Panes) en la visión política de los beneficiarios, hasta 2008. La conclusión fue que los beneficiarios del Panes tuvieron un índice de aprobación al gobierno del Frente Amplio que era mayor entre 11 y 13% que el de quienes no recibieron ese plan.

Así es imposible enfrentar con éxito la fractura social. Se precisa, en realidad, una política social muy distinta a la que surge hoy desde el gobierno.

Lejos de fomentar la inserción laboral y social, la política implementada desincentiva la integración de las poblaciones más excluidas.